ARA San Juan: un contraalmirante afirmó en el juicio que el hundimiento fue una “concatenación de causas”

Un contraalmirante retirado de la Armada Argentina afirmó este miércoles en el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan que el siniestro debe entenderse como el resultado de una “concatenación de causas” y no de una única falla determinante, al tiempo que sostuvo que las deficiencias detectadas en el submarino antes de su última misión “dificultaban” su alistamiento, pero no lo hacían imposible.

Se trata de Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ex Inspector General de la Armada entre 2016 y 2022, quien declaró en la séptima audiencia del debate que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos.

Durante su testimonio, el oficial explicó el enfoque técnico con el que se analizan los accidentes en el ámbito naval y rechazó la idea de una causa única. “Normalmente estas cosas ocurren de manera multicausal, es decir, no es una causa sino una concatenación de causas”, planteó.

En ese punto, aclaró que su explicación se apoyaba en conceptos propios de la teoría de gestión de riesgos, materia que -según indicó- había estudiado durante mucho tiempo. A partir de ese enfoque, describió que los sistemas de seguridad están diseñados con múltiples barreras, capas o medidas de control y contención que se instalan para evitar accidentes.

“Una medida de control, por ejemplo, es un adecuado adiestramiento de personal; otra es el adecuado estado de los medios; o la vigilancia de determinadas condiciones, etc; cuando alguna de esas capas falla, aparece un pequeño orificio, y cuando esos orificios se alinean, se produce el accidente”, refirió el testigo en una declaración de más de dos horas.

En esa línea, sostuvo que el naufragio del submarino pudo haber estado vinculado a una combinación de factores como condiciones meteorológicas, fatiga del personal, nivel de adiestramiento y estado de alistamiento. “No es que haya habido un mal adiestramiento o un mal alistamiento, pero esa pequeña cuota (…) alineada con la meteorología y el estado de cansancio de la gente es la que produce el accidente. Son sumatorias de cosas”, indicó.

Deficiencias detectadas antes del hundimiento

Pérez Bacchi también se refirió al informe elaborado por la Inspección General de la Armada en diciembre de 2016, firmado por el entonces inspector general, contraalmirante Guillermo Lezana, sobre el cual fue consultado durante su testimonio.

El documento, producto de una auditoría interna sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, concluyó, en relación al SUSJ, lo siguiente:

• “Existe un alto espíritu de compromiso, pertenencia y profesionalismo para desarrollar las distintas tareas que atañen al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las Unidades.
• Las deficiencias encontradas en el equipamiento operativo del Submarino ARA SAN JUAN dificulta su alistamiento para cumplir con los Planes en vigor.
• El incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco con la periodicidad preestablecida por parte de los Submarinos en Servicio del Comando de la Fuerza de Submarinos dificulta su alistamiento.
• El Submarino ARA SAN JUAN, al no disponer de la Certificación de Escotillas, se encuentra imposibilitado de ejecutar el adiestramiento específico combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia del personal de submarino siniestrado.
• Las obras pendientes por parte del PYSU al momento del cambio de dependencia del Submarino ARA SAN JUAN al Comando de la Fuerza de Submarinos afectan sensiblemente el estado de alistamiento de la mencionada Unidad.
• Como síntesis de la Inspección, se pudo constatar que el COFS está realizando lo humanamente posible con los escasos recursos asignados".

Sobre ese informe, el testigo explicó el alcance de este tipo de evaluaciones y precisó que la función de la Inspección General de la Armada (ISGA) es “determinar el desvío y exponer lo que es de lo que debería ser”, es decir, identificar diferencias entre el estado real de las unidades y los estándares previstos.

En esa línea, introdujo una distinción técnica relevante: en el lenguaje de auditoría se utilizan tres niveles —“facilita”, “dificulta” o “impide”— y subrayó que en este caso se utilizó el segundo, como un desvío medio o moderado. “Dificulta; no hace imposible el alistamiento”, aclaró. A su vez, ante una pregunta del defensor público Gastón Morillo, representante del imputado Luis López Mazzeo, el testigo precisó que la referencia a los “Planes en vigor” contenida en el informe aludía a planes concebidos para escenarios de conflicto o guerra, articulados por la instancia del Comando Operacional -COPERAL-, que recibe los medios navales -recursos- ya preparados y listos para emplearlos en operaciones concretas.

Con todo, este informe técnico -firmado por el ISGA en diciembre de 2016- había quedado en su momento en el centro de un conflicto interno dentro de la Armada. Y es que, según surge de una de las apelaciones que habían sido presentadas por una de las defensas contra el requerimiento de elevación a juicio, sus conclusiones fueron utilizadas por el entonces jefe de la fuerza, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, como uno de los insumos para impulsar un sumario disciplinario destinado a determinar las probables causas del naufragio y las eventuales responsabilidades dentro de la cadena de mando tras la desaparición del ARA San Juan.

Ese proceso se ordenó cuando aún estaba en pleno desarrollo el operativo de búsqueda -con el submarino sin ser localizado y 44 tripulantes desaparecidos- y avanzó en pocos días. De acuerdo con la versión defensiva, pese a que el Ministerio de Defensa había dispuesto una investigación “profunda y precisa”, en los hechos se emitieron dictámenes en apenas cinco días y se dictó una resolución al sexto, firmada por el propio Srur, que dispuso la suspensión de Villamide y López Mazzeo. Esa decisión administrativa luego sería anulada por el entonces ministro de Defensa Oscar Raúl Aguad.

En ese contexto, la auditoría del ISGA -que señaló deficiencias que “dificultaban” el alistamiento de los medios navales- fue tomado como uno de los fundamentos para esas medidas disciplinarias, pese a que se trataba de una inspección realizada más de un año antes del siniestro. Desde la posición de una de las defensas se cuestionó ese uso al sostener que se trataba de observaciones “localizadas” y no impeditivas, que debían interpretarse en función de su evolución posterior y no como un diagnóstico vigente al momento de la última misión del submarino. En esa línea, se criticó que apoyarse en ese informe sin ponderar documentación más reciente -como registros de reparaciones de tareas pendientes y evaluaciones previas a la zarpada- implicó, en los hechos, utilizar antecedentes desactualizados para fundar decisiones adoptadas en un contexto de urgencia y sin pericias técnicas concluyentes.

Auditoría posterior y faltantes de documentación

En otro pasaje de la séptima audiencia, el contraalmirante Pérez Bacchi también describió una auditoría realizada a su cargo entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017, por orden del almirante Marcelo Eduardo Srur, mientras aún se desarrollaba el operativo de búsqueda del submarino.

El objetivo de esa inspección “in situ”, en la sede del COFS en la Base Naval de Mar del Plata, fue verificar la existencia de documentación que respaldara el nivel de alistamiento y las actividades operativas del buque. En ese marco, el procedimiento consignó que “la ausencia de documentación o la existencia de documentación poco confiable ha sido una debilidad reflejada en los hallazgos localizados”.

También registró: “En el caso particular del SUSJ, parte de la documentación relevante solicitada se encuentra a bordo de la Unidad, sin que existan originales o copias de las mismas en el Detall Gral. -sección administrativa de ese ámbito- que posee en tierra dicha dependencia o en su Comando Superior”.

Según el informe, “la ausencia de determinados documentos (…) dificulta la disponibilidad de registros de las actividades desarrolladas”, lo que evidenciaba debilidades en los sistemas de control. No obstante, el testigo terminó relativizando el impacto de esos faltantes al subrayar que “había documentación suficiente para poder llegar a una conclusión”, aunque advirtió que no toda la información pudo ser hallada en la auditoría.

Cuestionamientos de la defensa

El informe de la Inspección General fue cuestionado por la defensa del ex jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. Su abogado, Juan Pablo Vigliero, sostuvo en audiencia que el documento contenía “inexactitudes” y anticipó que solicitaría una ampliación de indagatoria de su asistido.

“Es tal la cantidad de inexactitudes, cosas que no son ciertas, no digo falsas porque eso sería con mala intención y no voy a atribuir una mala intención a oficiales que hacen una auditoría. (...) Vamos a pedir formalmente que el señor Claudio Javier Villamide amplíe su indagatoria específicamente para responder las observaciones en el informe y lo dicho por el testigo, expresó el defensor respecto al testimonio del ex inspector general de la Armada.

En ese sentido, precisó que la ampliación no demandaría más de una hora y tendría por objeto que su defendido “explique y precise” distintos aspectos vinculados a las “conclusiones y calificaciones” formuladas por Pérez Bacchi en relación con su auditoría realizada sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

Asimismo, cuestionó la oportunidad de esa auditoría al señalar que “Srur le metió una auditoría mientras él -Villamide- estaba embarcado”, en referencia a que la inspección se llevó a cabo entre el 25 y el 27 de noviembre de 2017, mientras aún se encontraba en curso el operativo de búsqueda del ARA San Juan.

El tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, decidió fijar una audiencia específica para realizar una ampliación de indagatoria del imputado.

Un debate sobre el estado de la unidad naval

El proceso busca determinar si existieron negligencias u omisiones en la cadena de mando que habilitó la salida del ARA San Juan, en una causa donde la acusación sostiene que el buque operaba con un nivel de riesgo superior al permitido, mientras que las defensas argumentan que, pese a las observaciones técnicas, el submarino se encontraba en condiciones de navegar.

En el juicio están imputados cuatro ex oficiales de la Armada: Villamide, quien al momento del hecho era comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Correa, responsable de comunicaciones submarinas. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y negaron las acusaciones en sus declaraciones indagatorias.