ARA San Juan: un excomandante declaró que el submarino tenía fallas pero estaba en condiciones de operar

El Capitán de Navío Eduardo Cella Irigoyen, submarinista y excomandante del ARA San Juan (SUSJ) -quien estuvo al frente de la unidad entre marzo de 2016 y febrero de 2017 y fue sucedido por el capitán de fragata Pedro Fernández- declaró en la sexta audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y aseguró que el submarino se encontraba operativo durante su gestión, aunque con limitaciones técnicas y tareas pendientes.

“El buque estaba en condición de alistamiento III, que es actividad preparado para la acción”, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en la ciudad de Río Gallegos, al tiempo que explicó que esa calificación implicaba que la unidad estaba en servicio y en condiciones de cumplir las misiones asignadas dentro de los parámetros fijados por la fuerza.

En respuesta a preguntas del fiscal ante el tribunal, Gastón Franco Pruzan, el testigo desarrolló cómo se definía ese estado operativo en función de los planes del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA).

En ese marco, describió que el submarino llevaba adelante ejercicios, patrullajes y tareas de entrenamiento con una planificación anual que contemplaba días de mar y objetivos específicos. Según detalló, durante su comandancia el buque concretó entre 14 y 15 navegaciones, ninguna superior a los 15 días, en un contexto además condicionado por restricciones de combustible.

En relación con la dinámica del debate, las audiencias se desarrollan bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. El tribunal está integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, mientras que el juez Guillermo Adolfo Quadrini sigue las sesiones de manera remota como integrante suplente. Entre los imputados, Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide asisten de forma presencial, en tanto que durante esta semana Héctor Alonso y Hugo Correa participaron de las audiencias mediante conexión virtual.

Al profundizar sobre el estado de alistamiento del submarino, Cella Irigoyen aclaró que esa condición no implicaba ausencia de fallas o tareas pendientes, sino que resultaba compatible con la existencia de observaciones técnicas y limitaciones operativas.

En esa línea, precisó que tanto al asumir como al dejar el mando el ARA San Juan mantenía pruebas pendientes de ejecución, entre ellas las de máxima velocidad y máxima profundidad, así como la prueba hidráulica del sistema de refrigeración principal de agua de mar, que requería ingreso a dique seco. Aun así, remarcó que esas condiciones no afectaban la seguridad náutica si se respetaban los límites operativos establecidos.

En ese mismo eje, durante su testimonio también se analizó documentación vinculada a la etapa posterior a su comando. En particular, se incorporó la nota mediante la cual su sucesor, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, solicitó -a poco más de un mes de asumir- el ingreso del submarino a dique seco o flotante en el “corto plazo” para completar tareas de mantenimiento y evitar que la unidad continuara navegando con limitaciones operativas.

Asimismo, se repasó el acta del Consejo del Arma Submarina -órgano asesor del COFS integrado por oficiales superiores submarinistas- donde se consignaba -en abril de 2017- la previsión de ingreso del ARA San Juan a reparaciones en arsenal durante el primer trimestre de 2018.

Entre las restricciones vigentes durante su comandancia, el testigo destacó la limitación de inmersión a 100 metros, adoptada tras una avería previa. “Yo mantuve la limitación de 100 metros de bajar al submarino, de plano”, señaló, y agregó que las actividades previstas no exigían operar a mayor profundidad, aun cuando la unidad pudiera potencialmente alcanzar cotas superiores con ciertos márgenes de incertidumbre técnica.

En otro tramo de su declaración, el ex comandante abordó la navegación de julio de 2017 -ya bajo el mando de Fernández- a partir de consultas de la fiscalía, que le exhibió documentación vinculada a esa operación. Se trató de una misión desarrollada entre el 1 y el 19 de ese mes, en la que se registraron distintas incidencias. En particular, recordó que en el sexto día de navegación se produjo el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación durante una maniobra de snorkel, episodio asociado a la válvula E19. “No estancó, estaba abierta o estaba mal cerrada”, explicó, y subrayó que esa válvula “debe salir cerrada” y permanecer en esa condición durante toda la navegación.

Uno de los puntos centrales del debate giró en torno al último mensaje emitido por el submarino el 15 de noviembre de 2017, identificado como un SITREP (reporte de situación) enviado a las 06:00. El contenido fue leído en sala: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías, batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”.

Sobre ese mensaje, el testigo evaluó que describía una situación anormal pero bajo control. “Está en presencia de un submarino con control”, dijo, al interpretar que la expresión “mantendré informado” reflejaba que el comandante estaba gestionando la contingencia sin requerir asistencia inmediata.

En otro momento de la audiencia, ante una pregunta de Juan Pablo Vigliero, defensor del imputado Claudio Villamide, Cella Irigoyen reforzó el principio de mando en navegación: “el comandante es la autoridad máxima en navegación” y no puede ser obligado a zarpar contra su criterio. “No conozco ningún caso” en que ello haya ocurrido, aseveró, al describir la lógica de responsabilidad y confianza que rige en la estructura naval.

Finalmente, al referirse al estado general del submarino, relativizó la existencia de observaciones técnicas. “¿Existen submarinos que no presenten novedades? Entiendo que no”, expresó, y reiteró que el ARA San Juan contaba con “seguridad náutica para hacerse a la mar” dentro de los límites establecidos.

El juicio oral

El juicio busca reconstruir lo ocurrido el 15 de noviembre de 2017, cuando el “San Juan”, un submarino clase TR-1700 adquirido por la Armada en 1985 y construido en Alemania, desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo. La unidad, cuya reparación de media vida se realizó entre 2009 y 2014 en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), con el objetivo de extender su vida util, había zarpado el 8 de noviembre previo a la tragedia desde Ushuaia hacia el área denominada “Juliana”, en el marco de una orden de operaciones del COFS, conforme a directivas del COAA. El día anterior a la pérdida de contacto, el entonces comandante Pedro Fernández informó un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa que derivó en un principio de incendio, el cual -según reportó- había sido controlado.

A partir de esa novedad, el entonces jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide —destituido de la Armada por un Consejo de Guerra en 2021- dispuso la cancelación de la misión y el regreso a la Base Naval de Mar del Plata, destino natural del buque. Esa fue la última comunicación operativa relevante: a las 10:51 de ese mismo día, estaciones de monitoreo registraron una anomalía hidroacústica compatible con una explosión. Un año después, los restos del ARA San Juan fueron hallados a 907 metros de profundidad.

En el proceso oral están imputados cuatro ex oficiales: Villamide, entonces titular del COFS; López Mazzeo, titular del COAA; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Correa, responsable de comunicaciones submarinas. Todos enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, y negaron las acusaciones en sus indagatorias iniciales.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a través de Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Garmendia Orueta (PIA), mientras que intervienen las querellas de Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes-, junto con la querellante Lorena Arias en representación de familiares.

En cuanto a las defensas, el defensor público Gastón Morillo representa a López Mazzeo, mientras que el abogado Marcos González ejerce la defensa de Héctor Alonso y Hugo Correa. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por su presidente Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto y Luis Giménez.

Las audiencias continuarán este miércoles y jueves, en lo que se prevé serán jornadas extensas de declaraciones testimoniales, con la presencia de marinos retirados que serán consultados sobre inspecciones, informes y auditorías realizadas sobre el ARA San Juan en los meses previos a su última misión de entrenamiento y patrullaje.