Juicio por el ARA San Juan: retoman las audiencias en Río Gallegos y avanza la etapa testimonial

Las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan se reanudarán este lunes en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, en una nueva etapa centrada en la producción de prueba testimonial. Según lo previsto, el debate de esta semana se desarrollará hasta el jueves, bajo la conducción de los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, con la declaración de cinco testigos por jornada y en un proceso que busca determinar responsabilidades penales por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, donde murieron los 44 tripulantes del submarino.

El juicio, que comenzó el 6 de marzo, tiene en el banquillo a cuatro exintegrantes de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a través de un equipo integrado por Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia; Julio Zárate, jefe de la Unidad Fiscal de Río Gallegos; Gastón Franco Pruzán, designado para intervenir ante el tribunal oral; y María Garmendia Orueta, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). A su vez, intervienen dos querellas que representan a familiares de las víctimas: una encabezada por la abogada Valeria Carreras y otra liderada por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.

El debate oral intenta dilucidar si el submarino se encontraba en condiciones de navegar al momento de iniciar su última misión, en el marco de una orden den de operaciones dictada por el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) para realizar tareas de adiestramiento y patrullaje en sectores específicos del mar argentino. También procura analizar si en la cadena de decisiones y controles de los niveles de conducción se registraron incumplimientos u omisiones con relevancia penal.

Las audiencias que se desarrollarán en esta etapa tendrán un alto contenido técnico, con exposiciones de expertos orientadas a reconstruir el funcionamiento del submarino, los manuales de navegación, la cadena de mando y las condiciones de seguridad náutica de la unidad naval. Todo ese material será central para sostener o refutar las distintas hipótesis que conviven en simultáneo acerca de lo ocurrido aquel 15 de noviembre, en medio de un fuerte temporal en el Atlántico Sur.

A lo largo de los próximos días es probable que se hable del estado de navegabilidad del buque; de la reparación de media vida terminada -con algunas pruebas pendientes- en 2014; de los protocolos que realiza todo tripulante de un submarino antes de zarpar; de las navegaciones previas del San Juan y de las novedades registradas en ellas unos pocos meses antes de la tragedia. Es posible que se aborde también la cuestión de la válvula E-19 -por donde habría entrado el agua-; su finalidad en el sistema de ventilación y de la utilización que le dió el comandante del buque, Pedro Fernández, en un viaje en agosto para mejorar las condiciones de la atmósfera del buque.

Según surge de las actuaciones, existen algunos datos objetivos sobre la secuencia previa al naufragio. En primer lugar, se registró un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa a través del mencionado sistema de ventilación, lo que generó un cortocircuito y un principio de incendio que, de acuerdo con el parte transmitido por el jefe de la nave, el capitán de fragata Fernández, habría sido controlado por la tripulación.

A partir de ese incidente, el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, dispuso la cancelación de la patrulla y ordenó el regreso del submarino a la Base Naval Mar del Plata. Posteriormente, el propio Fernández informó que la nave navegaba “en circuito dividido” y que su intención era sumergirse para evaluar el estado de las baterías afectadas.

En ese momento, el submarino se encontraba en condiciones meteorológicas adversas, con olas de entre seis y diez metros de altura. Tras esa última comunicación, se produjo un silencio radial. Cerca de tres horas después, a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017, estaciones de monitoreo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registraron un “evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en un área cercana al lugar donde, un año después, se hallarían los restos del ARA San Juan.

Los acusadores sostienen que los imputados incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La investigación del caso estuvo a cargo en su etapa inicial de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, con intervención de los fiscales Lucas Colla y María Garmendia Orueta, quienes impulsaron la instrucción. En las actuaciones se registran declaraciones que van desde el expresidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña, hasta el entonces jefe de la Armada Marcelo Eduardo Hipólito Srur y su superior directo, el exministro de Defensa Oscar Aguad. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de los actuales imputados y dispuso el sobreseimiento de otros oficiales superiores que también habían sido investigados por presunto incumplimiento de sus deberes.

En contraste con la acusación, los imputados rechazaron de manera categórica los cargos durante sus declaraciones indagatorias. El primero en declarar fue Villamide, quien sostuvo: “Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente”, y defendió el estado operativo del buque al momento de su última misión. En esa línea, afirmó que “el submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar”.

Durante su exposición, también reconstruyó las comunicaciones previas a la pérdida de contacto con el submarino y señaló que la tripulación logró controlar inicialmente la contingencia. Sin embargo, admitió la falta de certezas sobre el desenlace: “La realidad es que no sabemos qué pasó”.

Los otros tres imputados adoptaron una línea defensiva similar. López Mazzeo negó “todas y cada una de las imputaciones” en su contra; Alonso sostuvo que su imputación se basó en un reglamento “desactualizado”; y Correa también rechazó los cargos.

En conjunto, las defensas sostienen que el submarino se encontraba en condiciones operativas al momento de zarpar y que no existen pericias directas que permitan establecer con certeza la causa del hundimiento ni un nexo causal entre las supuestas irregularidades y el resultado final. En ese marco, destacan el cumplimiento de protocolos técnicos como las pruebas de 48 horas y la elaboración del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), documento que certificaba que el buque estaba habilitado para navegar.

Por otra parte, el desarrollo del juicio también quedó atravesado por un incidente procesal vinculado a la intervención del Ministerio Público Fiscal. Y es que en diciembre de 2025, el Tribunal Oral resolvió que solo dos fiscales -Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla- podrían intervenir activamente en el debate, pese a que el procurador general interino Eduardo Casal había dispuesto la conformación de un equipo de cuatro fiscales en atención a la complejidad del caso.

El tribunal de Santa Cruz fundamentó su decisión en los principios de oralidad, inmediación e igualdad de armas, advirtiendo que la participación alternada de los acusadores podría generar nulidades. Frente a esa limitación, los fiscales interpusieron un recurso de casación al considerar que la medida resultaba arbitraria y afectaba su autonomía funcional.

El planteo fue inicialmente rechazado por el tribunal por considerarlo inadmisible. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público recurrieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La intervención de Casación: habilitan el planteo de la fiscalía

La controversia escaló esta semana al máximo tribunal penal del país. Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, decidió hacer lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, declarar erróneamente denegado el recurso de casación y conceder su tratamiento.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que “la naturaleza federal de los agravios planteados por la recurrente, los cuales lucen, en principio, razonablemente fundados (...), permiten habilitar así esta instancia”, y aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del planteo.

De este modo, ahora el máximo tribunal penal del país deberá analizar si la limitación impuesta por el Tribunal Oral respecto de la participación de los fiscales se ajusta a derecho, en una discusión que se superpone al desarrollo del juicio, donde se prevé recibir casi un centenar de testimoniales tanto en Río Gallegos como de manera virtual.