
Una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de doce personas acusadas de integrar una organización ilegal dedicada a defraudar al Banco Nación -sucursal Formosa- en un esquema que, según la valoración judicial, involucró mil millones de pesos a través de préstamos obtenidos con documentación falsa y maniobras de lavado de activos.
La medida, adoptada este mes por las camaristas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá junto al juez Enrique Jorge Bosch, constituye un revés para la defensa y abre una etapa crucial para el futuro de la investigación penal.
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La causa, dirigida por el área de Transición de la Unidad Fiscal Formosa, bajo la titularidad del fiscal federal Luis Benítez, cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco, de acuerdo al reporte de fiscales.gob.ar. Las juezas y el juez rechazaron cada uno de los planteos de las defensas respecto a la supuesta falta de pruebas y a la inexistencia de los delitos imputados, respaldando el criterio del Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de Belén López Mace, que dictó los procesamientos en noviembre de 2025.
La finalidad de la organización, según determinó la Cámara, era simular solvencia ante la entidad bancaria para obtener acceso fraudulento a líneas de crédito millonarias. La operatoria, estructurada en tres etapas, incluyó primero la presentación de balances adulterados, facturas ficticias e informes apócrifos vinculados a la actividad ganadera para acreditar activos inexistentes. Luego, los implicados utilizaron sistemas de descuento de cheques de pago diferido —muchos de ellos sin fondos efectuados mediante facturas falsas y emitidos por terceros allegados— para acceder anticipadamente al dinero y generar un circuito artificial de operaciones comerciales.
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Finalmente, desplegaron concursos preventivos coordinados y maniobras de insolvencia para imposibilitar la recuperación de los préstamos por parte del banco, complementando la operatoria con la utilización de sociedades “satélite” y mecanismos de presunto lavado de activos destinados a reintegrar el dinero al mercado con apariencia lícita.
En sus fundamentos, la Cámara sostuvo: “Los elementos examinados por la jueza de grado lucen concordantes, en un plano de correlación funcional y temporal (…). Ciertamente, se presentan una serie de indicios reiterados y sólidos que se orientan en sentido convergente y conllevan a sostener que cada uno de ellos habría realizado un aporte funcional a la maniobra a gran escala desplegada”, según consta en el expediente citado por fiscales.gob.ar.
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Al rechazar los recursos de las defensas, el tribunal enfatizó que en esta etapa procesal “no se requiere certeza absoluta sino un grado suficiente de probabilidad”, el cual consideró acreditado a partir de informes oficiales, documentación contable, testimonios y peritajes.
El núcleo de la defraudación
La investigación, de acuerdo a la reconstrucción judicial, reveló que los dos hermanos formoseños señalados como cabecillas, junto a un grupo de diez empresarios, profesionales y colaboradores, habrían creado una compleja red para obtener préstamos mediante documentación adulterada y derivar el dinero mediante distintos canales fraudulentos. Uno de los imputados —ingeniero agrónomo e integrante del Cuerpo de Auxiliares Técnicos del Banco Nación— enfrenta también cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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El procesamiento incluye acusaciones por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y, en varios casos, lavado de activos, con responsabilidades diferenciadas según el rol de cada involucrado. En uno de los casos se dictó falta de mérito respecto a la calificación por fraude, manteniéndose los restantes cargos según los elementos disponibles.
La operatoria fraudulenta se habría desplegado entre 2022 y 2024. El expediente indica que el esquema permitió a los imputados simular activos —como cabezas de ganado inexistentes— y acceder a importantes montos de crédito, que luego eran canalizados fuera del circuito formal y, en la etapa final, blanqueados con la intervención de empresas y sociedades vinculadas para darles apariencia de legalidad.
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Avance de la investigación penal
El caso tuvo origen el 19 de marzo de 2024, cuando el gerente de la sucursal Formosa del Banco Nación acudió a la entonces Fiscalía Federal N°2 de Formosa, encabezada por Benítez, con una denuncia formal por maniobras de defraudación. En ese momento, se informó que los hermanos imputados en el caso adeudaban 277.666.665 pesos por préstamos concedidos bajo la modalidad de “descuento de cheques de pago diferido”, junto a saldos impagos por descubiertos bancarios y otros valores sin fondos.
A partir de esa denuncia, la fiscalía impulsó medidas como el análisis documental, el requerimiento de informes oficiales y la ampliación de actuaciones para determinar el alcance y el entramado de las maniobras. El trabajo conjunto con la PROCELAC permitió consolidar pruebas a través de peritajes, documentación y testimonios que sustentaron la acusación.
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La confirmación de los procesamientos representa un aval a la línea investigativa desarrollada desde 2024 y mantiene bajo proceso a los doce imputados mientras se profundiza la indagación sobre el presunto desfalco y lavado de activos en perjuicio del Banco Nación.
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