El dispositivo móvil del lobbista Mauricio Novelli resultó clave para exponer mecanismos de influencia y transacciones económicas que alcanzan el entorno más cercano del presidente argentino Javier Milei y sitúan a la criptomoneda $LIBRA en el epicentro de una investigación judicial que reúne indicios de pagos en efectivo, maniobras con empresas offshore y la gestión de contactos empresariales con la Casa Rosada. Los audios, documentos y registros recuperados por peritos oficiales judiciales y analizados por el Ministerio Público Fiscal, órgano acusador de la Justicia Federal, revelaron una dinámica de negocios que contradice la versión presidencial sobre su participación casual en la promoción de criptoactivos y abre interrogantes sobre la transparencia institucional.
Desde mediados de 2023, el Ministerio Público Fiscal, órgano acusador de la Justicia Federal, determinó que Novelli, a través de la firma N&W Profesional Traders, ordenaba pagos mensuales de hasta $2.000 por servicios de promoción de Milei, entonces diputado nacional, elevándose la suma a USD 4.000 tras el acceso de La Libertad Avanza al gobierno.
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La ingeniería financiera detrás de $LIBRA involucró sociedades offshore y múltiples jurisdicciones
La investigación judicial halló que Mauricio Novelli y su socio Jeremías Walsh crearon sociedades en Delaware, Estados Unidos, y en las Islas Vírgenes Británicas, gestionaron cuentas bancarias en Miami y Panamá e interactuaron con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán. Documentos recuperados del teléfono de Novelli comprueban que, en diciembre de 2021, el lobista firmó un formulario para constituir una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas a través de Corpag Group. Dos meses después, inició operaciones como director de Vulcano International Ltd, que firmó contratos en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, también promocionado por Milei y afectado por un colapso bursátil que, según análisis de la blockchain Solana, causó pérdidas por más de USD 285 millones a inversores.
El dispositivo de Novelli registra 17 interacciones digitales con una dirección en la calle 122 Mary Street, George Town, Islas Caimán, sede de compañías dedicadas a la constitución de sociedades y administración de activos. Al menos dos de esas interacciones coincidieron con fechas clave: una el 30 de enero de 2025, horas antes de una reunión entre Milei y Hayden Davis (creador de $LIBRA) en la Casa Rosada; otra el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de la criptomoneda, cuando Novelli y sus socios estaban en Texas.
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La secuencia de eventos vinculada al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025 incluyó una serie de llamadas entre Novelli y los hermanos Milei. El presidente negó inicialmente tener información detallada del proyecto y sostuvo que su promoción respondía a “un fin altruista”, pero los peritajes judiciales evidenciaron comunicaciones directas antes y después de que Milei publicara el tuit promocional, a las 19.01 del día mencionado, cuando aún no se encontraba disponible el contrato para invertir en la criptomoneda.
Un bloque de mensajes y documentos internos de la causa muestra que Novelli explicaba a sus colaboradores la naturaleza de los pagos mensuales a “influencers”, entre ellos Milei, especificando que eran “sueldos” de $2.000, abonados en la criptomoneda USDT. Estos pagos, documentados el 3 de julio de 2023, se realizaron en el marco de actividades de promoción activa de los cursos y productos financieros de N&W Profesional Traders.
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Contratos, gestión de contactos y la posición de Novelli como intermediario presidencial
El peritaje de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectó, en el teléfono de Novelli, un borrador de “oferta irrevocable” para asociarse empresarialmente en torno a $LIBRA, fechado el 21 de noviembre de 2024, que establecía como objetivos concretar acuerdos por USD 10 millones antes de abril de 2025 y extender la asociación por dos años y medio. El documento preveía mecanismos para establecer diálogo con “Javier Milei, Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso”, así como la promoción de la postura argentina sobre tecnología blockchain y el desarrollo de una “Moneda de Libertad”.
Las comunicaciones muestran que Novelli, además de gestionar pagos, evaluaba y filtraba empresarios del ecosistema cripto con acceso al presidente. Durante el evento Tech Forum realizado en octubre de 2024, chats con funcionarios de la presidencia muestran que Novelli controlaba quiénes podían acercarse a Milei, y que el acceso VIP pudo estar vinculado a gestiones económicas. El patrocinio del evento contemplaba tarifas de hasta USD 50.000 para el nivel Black, presentado “en colaboración con Argentina.gob.ar”, con el presidente como principal disertante.
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Novelli también envió regalos a funcionarios y registró encuentros presenciales. Un mensaje del 4 de abril de 2024 documenta una visita a la Casa Rosada junto a Iván Canales Vandewijngaerden y August Von Finck, interesados en un proyecto para acuñar una moneda con la imagen de Milei y la frase “viva la libertad carajo”, que se suspendió ante el avance del escándalo de $LIBRA.
La investigación judicial concentra parte de sus esfuerzos en determinar si existió una maniobra de pump and dump: inflar el valor del token $LIBRA a través de la promoción presidencial para que un grupo reducido de operadores obtuviera beneficios por la suba y posterior caída del precio. Según la denuncia que dio inicio al expediente, el token llegó a valer cerca de 5 dólares horas después del tuit de Milei, para luego perder la mayor parte de su capitalización, con inversiones canalizadas por pequeñas y medianas firmas vinculadas a los dispositivos incautados a Novelli y otros imputados.
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El bloque judicial busca establecer si, mediante contratos, mensajes y contactos entre Mauricio Novelli y el entorno presidencial, la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA facilitó transferencias económicas y acceso diferencial a funcionarios, lo que requiere ser analizado bajo el artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al presidente percibir “ningún otro emolumento” mientras ejerce el cargo. El fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi analizan documentos, cuentas y sociedades constituidas en jurisdicciones opacas para determinar la existencia de delitos.
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