La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este martes una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados de la máxima corte del país. La medida fue sancionada por unanimidad en medio de un nuevo proceso de designación de jueces para cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”.
La modificación reorganiza además la composición interna del TSJ. La Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas —Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa— tendrán cinco integrantes cada una, en lugar de tres.
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El chavismo intentó defender la reforma como parte de un proceso de “transformación” del sistema judicial venezolano. Sin embargo, sectores disidentes y especialistas advirtieron que el principal problema no es la cantidad de magistrados sino la falta de independencia de los tribunales frente al poder político.
Durante el debate parlamentario, el diputado Luis Florido sostuvo que el deterioro del sistema judicial está ligado directamente a la influencia política sobre los jueces.
“Parte del problema que tiene el sistema de justicia en Venezuela tiene que ver con la politización de la justicia”, afirmó en el pleno legislativo.
También el legislador Stalin González cuestionó el alcance de la reforma y pidió discutir cambios más profundos. Según dijo, la reciente muerte del preso político Víctor Quero Navas bajo custodia estatal expone las fallas estructurales del aparato judicial venezolano. Para González, el debate debería enfocarse en garantizar derechos y no únicamente en ampliar el número de magistrados.
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Fuera del Parlamento, el abogado y analista Alí Daniels también criticó la iniciativa. “El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, señaló. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”, agregó.
Desde el chavismo, en cambio, la reforma fue presentada como un intento de ampliar el acceso a la Justicia. El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró que el Parlamento recibió más de mil escritos respaldando la modificación legal. Según explicó, el aumento de magistrados busca “democratizar” el sistema judicial y acelerar procesos que actualmente enfrentan fuertes retrasos.
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“Esta reforma puntual permite abrir en este nuevo momento político el compás para que el Tribunal Supremo surja de un gran acuerdo nacional”, afirmó Maduro Guerra durante la sesión.
El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió además a la comisión legislativa encargada de seleccionar nuevos magistrados que adapte el proceso a la nueva estructura aprobada este martes.
La reforma también modifica el control institucional sobre organismos clave vinculados al sistema judicial. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasarán a depender directamente de la Sala Plena del TSJ.
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Además, en caso de vacantes absolutas en esos organismos auxiliares, será la Asamblea Nacional la encargada de nombrar a sus nuevas autoridades.
La iniciativa forma parte de una serie de cambios impulsados por el régimen chavista tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. En abril, Delcy Rodríguez instaló una comisión para debatir una reforma del sistema penal venezolano y prometió “enfrentar” problemas históricos como el retardo procesal y la corrupción.
El TSJ venezolano ha sido cuestionado durante años por organizaciones de derechos humanos, partidos opositores y expertos internacionales, que lo acusan de actuar alineado con el chavismo. La corte respaldó decisiones clave del oficialismo en los últimos años, incluidas medidas contra dirigentes opositores y resoluciones políticas favorables al Ejecutivo.
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La ampliación del número de magistrados ocurre ahora en un contexto de redefinición institucional dentro de Venezuela y bajo presión internacional por reformas judiciales. Mientras el oficialismo insiste en que la medida permitirá mejorar el funcionamiento de los tribunales, los sectores críticos sostienen que el debate central sigue siendo la independencia de la Justicia frente al poder político.
(Con información de EFE y AFP)
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