Casación confirmó el arresto de una mujer acusada en una investigación por posibles nexos con Al Qaeda

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible este martes un recurso interpuesto por la defensa de Hodina Hussein, una ciudadana siria procesada con prisión preventiva -actualmente bajo arresto domiciliario- en una investigación sobre una red ilegal que habría facilitado el ingreso y la permanencia ilegal en la Argentina de personas provenientes de Medio Oriente a cambio de dinero.

El tribunal, integrado por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, concluyó que la defensa no acreditó la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la revisión en esa instancia y que sus planteos expresaban una “mera discrepancia” con la valoración de las instancias anteriores.

Cómo empezó el caso

La investigación fue abierta en marzo de 2024 por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal Santiago Marquevich, a partir de una denuncia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. El disparador fue un ciudadano egipcio identificado como A.B., nacido en 1982, respecto de quien la inteligencia criminal alertó sobre una posible vinculación con un ex operativo de Al Qaeda buscado por las autoridades de Egipto bajo acusación de actividades terroristas.

A.B. había llegado a Mar del Plata en 2022. Ocho meses después contrajo matrimonio en Santa Clara del Mar con una mujer argentina -la investigación determinó que esa unión habría sido arreglada por la organización, y Walter Abdel Tarabay fue uno de los testigos-. Ni Migraciones ni la fuerza investigadora pudieron corroborar el vínculo conyugal. La esposa recibió la falta de mérito. A.B. también solicitó ser reconocido como refugiado y luego pidió la residencia permanente basándose en ese matrimonio, a pesar de haber ingresado al país ilegalmente por pasos fronterizos no habilitados.

En el transcurso de la pesquisa se interceptaron horas de comunicaciones en idiomas del mundo árabe en las que los miembros de la banda discutían la organización de nuevos matrimonios fraguados y rutas de ingreso clandestino.

El 13 de noviembre de 2025, la Prefectura Naval ejecutó siete allanamientos simultáneos en Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Allí se incautaron nueve armas de fuego -entre ellas un subfusil Walther calibre .22-, armas blancas, casi 3,5 kilos de pólvora para recarga de municiones, más de dos mil balas, teléfonos celulares, computadoras, pendrives y pasaportes argentinos y extranjeros.

Cuatro personas fueron detenidas. El juez federal Santiago Inchausti las procesó con prisión preventiva bajo la imputación de haber promovido y facilitado con habitualidad la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional a cambio de dinero, conducta encuadrada en el artículo 117 de la ley de migraciones 25.871, que prevé entre tres y diez años de prisión. Los imputados son Hussein, siria; Hamza Amdouni, tunecino con domicilio en el barrio porteño de Belgrano; Aziz Nouhrar, oriundo de Casablanca, Marruecos; y Tarabay, argentino, de Caucete, provincia de San Juan.

La forma de operar

De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la organización actuaba principalmente mediante dos mecanismos: la simulación de matrimonios con ciudadanos argentinos para iniciar trámites de residencia y acceder eventualmente a la ciudadanía, y el ingreso de personas por pasos clandestinos seguido de gestiones para regularizar su situación a través de solicitudes administrativas de refugio y residencias precarias ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Una pareja ingresada por la banda fue hallada en un departamento de la calle Gascón, en la ciudad de Buenos Aires. Ante la justicia declararon que habían contactado a Hussein por la red social Facebook desde el exterior, que ella los recibió en una terminal de ómnibus y los derivó al local de Nouhrar, a quien abonaron primero dos mil dólares y luego otros 2.400 más en concepto de alquiler. También refirieron que Hussein los acompañaba cada tres meses a las oficinas de Migraciones para renovar su residencia precaria y que recibía en su nombre las remesas que el padre de una de ellas enviaba desde Turquía vía Western Union.

Qué resolvió Casación

Hussein había pedido su excarcelación, rechazada por Inchausti el 18 de noviembre de 2025. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó esa decisión el pasado 31 de marzo. La defensa llegó entonces a la máxima instancia penal del país, donde cuestionó la fundamentación de las resoluciones anteriores y planteó que se vulneraban la presunción de inocencia, la regla de excepcionalidad del encierro cautelar y la proporcionalidad de la medida.

Los jueces Carbajo y Borinsky, en voto conjunto, sostuvieron que “la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el ‘a quo’ consideró relevantes para confirmar la decisión que rechazó la excarcelación de Hodina Hussein“.

A su término, el juez Hornos advirtió que “las circunstancias que sostendrían la presunción de riesgos procesales no habrían sido neutralizadas y que habilitarían a evaluar que, de otorgársele la excarcelación a Hodina Hussein, podría obstruir el accionar de la justicia, sustrayéndose a la investigación o entorpeciéndola”.

El camarista enumeró en particular el “estado incipiente de la pesquisa, la existencia de medidas probatorias pendientes, la necesidad de identificar y recibir declaración a eventuales testigos, la posible localización de otros integrantes de la organización investigada, el conocimiento atribuido sobre mecanismos de ingreso y egreso del territorio nacional por fuera de los controles migratorios, la nacionalidad extranjera de la imputada y la investigación patrimonial vinculada con el eventual aseguramiento del provecho del delito".

El fallo consignó que Hussein cumple la medida bajo arresto domiciliario, modalidad que “evidencia que el juez instructor ha ponderado la posibilidad de morigerar el encierro cautelar mediante una alternativa menos gravosa, sin que ello importe descartar la subsistencia de los riesgos procesales valorados”.