Odebrecht: la defensa de Daniel Cameron y Cristian Folgar pidió la absolución de los ex funcionarios

El defensor público oficial, Santiago Finn, pidió la absolución del ex secretario de Energía, Daniel Cameron, y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, imputados por presuntas negociaciones incompatibles en relación la contratación de la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS). Los hechos se habrían registrado entre 2006 y 2008.

Al presentar sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal 2, Finn sostuvo que “ni Daniel Cameron, ni Folgar, ni el exministro Julio De Vido tenían intereses personales” en la selección de las empresas que harían las obras.

Afirmó que en esta causa no se probaron sobreprecios, ni sobornos ni direccionamiento de contratación. Indicó que “la fiscalía no comprendió que las normas que se aplicaban para realizar estas obras estaban basadas en la emergencia energética”.

De acuerdo al punto de vista de la defensa, “la emergencia energética está nombrada en todos los decretos, leyes y actos administrativos investigados en este juicio”. Agregó que “nada permite cuestionar la legalidad, razonabilidad y legitimidad de las normas”.

Durante las próximas audiencias continuará presentando sus alegatos la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

También se escuchará a los abogados del exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y del exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat.

El pedido de la fiscalía

En el alegato contra Daniel Cameron, el fiscal Diego Luciani pidió la pena de 4 años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Para el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, solicitó 3 años y 6 meses de prisión, como partícipe necesario penalmente responsable de los mismos delitos.

En tanto, para Julio De Vido requirió 4 años de prisión como presunto partícipe necesario de negociaciones incompatibles como funcionario de Estado, para Beuret una pena de 3 años y 6 meses, mientras que para Bragulat, pidió la absolución, porque consideró que su participación no fue acreditada.

Cuando planteó su acusación, el Ministerio Público Fiscal indicó que los cambios bases del concurso habrían permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de concretar la contratación de la empresa Odebrecht.

Según su hipótesis, crearon una nueva reglamentación que modificó el rol de las prestatarias y permitió desviar las contrataciones a las empresas; y en consecuencia, todo el poder sobre las obras quedó concentrado en De Vido, Daniel Cameron y Cristian Folgar.

La causa

La causa por el contrato irregular de los gasoductos Norte y Sur llegó a juicio oral porque en la etapa de instrucción se dio por probado que el proceso licitatorio del plan de obras habría estado “enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio directamente a Odebrecht”.

Los investigadores sostuvieron que De Vido creó el marco normativo necesario para que la Secretaría de Energía, junto con la Subsecretaría de Combustibles y el ENARGAS, fueran los encargados de organizar la concesión del plan de ampliación de TGN y TGS.

Según esta conjetura, los actores que intervinieron en el proceso decidieron modificar las bases del concurso “introduciendo la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de concretar la contratación de la empresa Odebrecht.

En el expediente se destacan comunicaciones entre los apoderados de Odebrecht y la Secretaría de Energía; la recomendación del subsecretario de Combustible a CAMMESA para que opte por una determinada oferta en los concursos; el manifiesto interés de la Secretaría de Energía por esa constructora; y la confección de un memorando de entendimiento que luego le enviaría a CAMMESA para su suscripción con Odebrecht.