La Cámara Federal de Casación Penal desestimó los pedidos de prescripción en la investigación sobre supuestos sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios kirchneristas, en el marco de contratos de ampliación de gasoductos.
La decisión, firmada este jueves en la Sala I del máximo tribunal penal, le dio firmeza a la decisión de mantener abierta la causa que indaga si existieron pagos ilícitos a cambio de favorecer a la constructora brasileña, algo que ya se había resuelto de igual manera en instancias anteriores.
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Entre los acusados en este expediente se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, así como otros imputados como Bautista Jacinto Marcheschi, Luis Alberto Beuret, Cristian Folgar y Marcio Faría Da Silva, junto a la propia constructora Odebrecht S.A.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el 13 de noviembre de 2025 la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien rechazó los planteos de prescripción de la acción penal presentados por las defensas de los imputados.
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Ante esta determinación, las defensas de De Vido, Da Silva y Odebrecht S.A. interpusieron sendos recursos de casación. Sin embargo, estos planteos fueron denegados, lo que llevó a las partes a presentar quejas directas ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En esa instancia, la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, rechazó por mayoría los planteos presentados por las defensas.
Los jueces Petrone y Carbajo argumentaron que la decisión de descartar la prescripción no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos, ya que las resoluciones que deniegan la prescripción de la acción penal no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
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Además, los magistrados señalaron que la parte recurrente no presentó argumentos ni una crítica razonada que lograra modificar la decisión de la Cámara Federal, limitándose a expresar su desacuerdo con la resolución.
En contraste, la camarista Ángela Ledesma, en su voto en disidencia, consideró que los agravios invocados por la parte recurrente podrían constituir alguna de las causales previstas para hacer lugar a la queja.
Odebrecht y los gasoductos
La investigación se centra en supuestos pagos ilícitos por un monto de 25 millones de dólares, realizados entre 2007 y 2014.
Estas coimas habrían sido canalizadas a través de una unidad especial de Odebrecht dedicada a operaciones encubiertas, cuyo funcionamiento ya quedó demostrado en otros procesos judiciales.
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La constructora admitió ante la Justicia de Brasil haber distribuido sobornos para obtener ventajas en licitaciones públicas en distintos países. En Argentina, la pesquisa abarca contratos para la expansión de las redes de Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente, ya había desestimado un pedido específico de la defensa de Marcio Faria Da Silva. En ese momento, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, se opuso a la prescripción, argumentando que algunos de los involucrados habían ocupado roles estatales hasta fechas recientes.
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Tal es el caso de Cristian Folgar, uno de los procesados, que trabajó en la Cámara de Diputados hasta 2020 como asesor de Margarita Stolbizer. Antes había integrado el directorio de CAMMESA.
La Cámara Federal porteña, en una decisión previa, había entendido que la ley permite pausar el conteo del plazo para cerrar un expediente cuando los involucrados ocupan puestos en el Estado, ya que esa posición podría facilitar maniobras para evitar consecuencias.
La causa, que inició hace más de 17 años, se divide en varios tramos. El caso “Odebrecht-Aysa” ya llegó a etapa de juicio en 2019, por acusaciones de haber favorecido irregularmente a la compañía extranjera en acuerdos por 2.300 millones de dólares.
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Esta otra rama del caso de corrupción, aún en fase preparatoria, indaga el mecanismo de los pagos y se basa en declaraciones de Da Silva y Luiz Antonio Mameri, quienes colaboraron con fiscales brasileños al revelar detalles de las operaciones. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal asegura la continuidad de esta investigación en los tirbunales de Comodoro Py.
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