Gremio azucarero pide más consultas en Panamá tras freno al proyecto de etanol

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión del Proyecto de Ley 443, que propone el uso obligatorio de etanol en la gasolina, destacando la necesidad de aprovechar el receso legislativo para ampliar las consultas y fortalecer el debate técnico sobre una iniciativa que considera clave para el desarrollo del país.

El gremio planteó que este periodo debe servir para construir consensos, informar a la población y aclarar dudas sobre el alcance de la propuesta.

La medida legislativa, aprobada con 55 votos a favor y una abstención, detuvo el segundo debate de un proyecto que busca establecer una mezcla obligatoria de 10% de etanol en los combustibles, en un contexto donde los diputados argumentaron que la ciudadanía requiere mayor información sobre sus impactos.

La principal preocupación de algunos diputados es el carácter obligatorio de la medida, que, en su opinión, podría vulnerar el derecho de la población a escoger. También advierten que la iniciativa no establece un proceso claro de reclamo ni define qué entidad sería responsable de tramitar eventuales quejas en caso de desperfectos en vehículos, si se lograra atribuir la causa al combustible.

Igualmente, se ha cuestionado que pocos actores participarían en el negocio del etanol. Incluso, durante el debate público se han mencionado señalamientos sobre presuntos intereses personales de autoridades actuales en la aprobación de la iniciativa, aunque esas afirmaciones no han sido sustentadas públicamente con pruebas concluyentes.

El Órgano Legislativo entró en receso y retomará sus funciones el 1 de julio, lo que extiende la discusión de una política que ha sido objeto de debate durante más de una década.

Desde AZUCALPA, se valoró la pausa como una oportunidad para profundizar el diálogo, insistiendo en que el proyecto representa una política pública moderna basada en evidencia técnica, con potencial para generar beneficios económicos, sociales y ambientales.

El gremio subrayó que los próximos meses serán determinantes para alcanzar acuerdos, en medio de cuestionamientos que han desplazado la discusión hacia aspectos políticos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió a la suspensión del proyecto, señalando que el debate fue desviado de su base técnica hacia la especulación.

“El tema del etanol se sacó completamente del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la maledicencia y la confrontación”, afirmó el mandatario, quien confirmó que sostuvo conversaciones con diputados ante la preocupación generada por el rumbo del proyecto.

Mulino reconoció que, tras la decisión legislativa, no se implementará el uso obligatorio del etanol en el corto plazo, lo que —según indicó— representa un impacto directo en la generación de empleo.

El mandatario advirtió que la medida implicaba inversiones multimillonarias y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para productores agrícolas, especialmente en el sector de la caña de azúcar.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, sostuvo el presidente, al tiempo que cuestionó que la discusión se haya centrado en intereses y especulaciones en lugar de evaluar los beneficios técnicos del proyecto.

En ese contexto, AZUCALPA destacó que la implementación del programa podría generar cerca de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a oportunidades laborales es más limitado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la discusión implica menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo económico para el país.

El proyecto también contempla un impulso significativo a la producción agrícola, con estimaciones que apuntaban a la incorporación de 35,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra y diversificando la producción hacia el mercado de biocombustibles.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el área sembrada ha venido en disminución en los últimos años, pasando de más de 40,000 hectáreas a cerca de 24,000 en el periodo reciente.

Además del componente económico, el gremio resaltó que el uso de etanol permitiría avanzar hacia una mayor resiliencia energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a una transición energética más sostenible. Este enfoque también tiene implicaciones en materia ambiental y de salud pública, al promover combustibles con menor impacto contaminante.

La discusión del proyecto se produce en un escenario donde Panamá ha intentado implementar el uso de biocombustibles desde 2013, sin lograr concretar la medida en distintos intentos legislativos.

La actual propuesta representa uno de los esfuerzos más estructurados, respaldado por instituciones como la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En medio de este panorama, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con autoridades, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de aportar información técnica y evidencia que permita retomar el proyecto con mayor respaldo. El gremio insistió en que el debate debe centrarse en datos verificables y análisis integral, evitando que factores externos desvíen una discusión que considera estratégica para el país.

La pausa legislativa, lejos de cerrar el tema, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el etanol en Panamá. El reto será equilibrar las preocupaciones sociales, económicas y técnicas, en busca de una decisión que defina el rumbo de la política energética y agrícola en los próximos años.