El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que su gobierno no mantiene un conflicto con China, en medio del aumento de retenciones de buques con bandera panameña en terminales asiáticas, tras la decisión del Estado de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El mandatario dejó claro que la actuación del Ejecutivo respondió exclusivamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la extensión del contrato de concesión bajo Panama Ports Company, y no a una decisión política dirigida contra el país asiático.
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“No puedo decir que Panamá tenga un problema con China”, afirmó Mulino, quien calificó la situación como un escenario complejo y coyuntural, vinculado a factores externos que trascienden al país.
El presidente sostuvo que Panamá se encuentra en medio de una dinámica geopolítica entre potencias, en referencia a las tensiones entre Estados Unidos y el régimen chino, lo que ha coincidido con la transición en la administración de las terminales portuarias.
Mulino explicó que el Estado panameño actuó conforme al derecho nacional, luego de que el contrato de concesión llegara a su fin por orden judicial.
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“Se acabó el contrato de Panama Ports y Panamá tenía que asumir el control de esos puertos inmediatamente”, enfatizó, al tiempo que defendió que la decisión fue legal, necesaria y previamente planificada por el Gobierno.
El mandatario también rechazó que la medida implique una expropiación, al señalar que los puertos no fueron confiscados, sino que pasaron a control estatal tras quedar sin contrato vigente.
“No hemos expropiado los puertos, ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato”, puntualizó, en un intento por aclarar las interpretaciones que han surgido en el ámbito internacional.
En paralelo, el presidente reveló que recibió una comunicación oficial del gobierno chino, a través de la embajada en Panamá, en la que se reconoce que la controversia se está tramitando en tribunales arbitrales en Nueva York, donde tanto la empresa como el Estado panameño están presentando sus argumentos.
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Mulino destacó que este mensaje incluye una disposición a mantener una relación más estable, lo que consideró un elemento positivo en medio de la tensión.
“Celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación”, indicó el jefe del Ejecutivo, quien reiteró que Panamá no tiene interés en escalar el conflicto y que será en el ámbito legal donde se definan las responsabilidades.
Según explicó, ambos procesos arbitrales permitirán que las partes presenten pruebas y argumentos en derecho, para ser evaluados por los árbitros correspondientes.
Las declaraciones se producen en un contexto donde el sistema marítimo panameño enfrenta un incremento inusual en la retención de embarcaciones, particularmente en puertos chinos.
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Datos oficiales indican que al menos 92 buques con bandera panameña fueron retenidos en marzo, una cifra superior al promedio habitual de entre 40 y 60 detenciones mensuales, lo que ha generado preocupación en el sector logístico .
Este comportamiento ha sido interpretado por distintos actores internacionales como una presión indirecta sobre Panamá, en respuesta a la decisión soberana de asumir el control de los puertos. En ese sentido, al menos 11 países han expresado respaldo al país, destacando la importancia de proteger la libre navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional .
Entre los países que han manifestado su apoyo se encuentran Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana y Trinidad y Tobago, quienes han advertido que cualquier acción que afecte a Panamá podría tener repercusiones en las cadenas globales de suministro y en la seguridad del comercio marítimo.
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Mulino insistió en que la situación no debe interpretarse como un enfrentamiento directo con China, sino como un efecto colateral de una disputa mayor entre potencias, en la que Panamá se ve arrastrado por su posición estratégica. “Estamos en una marea producto de un problema de dos grandes”, afirmó, al explicar el contexto internacional en el que se desarrolla la situación.
El presidente también subrayó que la operación de los puertos bajo control estatal se mantiene sin interrupciones ni demoras, destacando que el Gobierno se preparó durante un año para asumir la administración de estas terminales. Esta planificación permitió garantizar la continuidad de un sector clave para la economía nacional.
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En este escenario, Panamá vuelve a situarse en el centro de la geopolítica del comercio marítimo global, donde decisiones jurídicas, intereses económicos y tensiones internacionales convergen en un mismo punto. Mientras avanzan los procesos arbitrales y se mantienen los contactos diplomáticos, el país enfrenta el reto de defender su soberanía sin comprometer su posición como hub logístico internacional.
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