El juicio por la causa Cuadernos se reanudará este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, en una audiencia que aparece como determinante para el rumbo inmediato del proceso. Los magistrados deberán resolver las cuestiones preliminares planteadas durante el último mes por las defensas de los imputados, que incluyen pedidos de nulidad absoluta del expediente, planteos de prescripción, recusaciones y solicitudes de sobreseimiento.
El debate está en manos de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, y tramita bajo el expediente N° 9608/2018, caratulado “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita y otros”. Se trata, en efecto, de una de los casos judiciales más relevantes vinculados a presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
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El proceso comenzó formalmente el 6 de noviembre de 2025 y desde entonces se lleva adelante bajo modalidad virtual, con audiencias programadas los martes y jueves. Durante las primeras jornadas se realizó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio elaborados en la etapa de instrucción, un trámite que se extendió a lo largo de varias audiencias y demandó más de veinte horas de exposición de acusaciones.
Finalizada esa instancia, el expediente ingresó en el tramo de cuestiones preliminares, etapa en la que las defensas formularon diversos cuestionamientos vinculados con la validez del proceso y la continuidad del debate oral. Entre los planteos presentados se incluyeron pedidos de nulidad, objeciones sobre la prescripción de hechos investigados, recusaciones contra funcionarios judiciales y solicitudes de sobreseimiento.
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Las audiencias destinadas a este segmento se extendieron durante aproximadamente un mes. La fiscal general Fabiana León, representante del Ministerio Público Fiscal, rechazó cada uno de los planteos y solicitó al tribunal que los desestime para permitir que el proceso avance hacia sus fases centrales.
En caso de que los jueces desestimen los planteos, quedarán habilitados para fijar, si lo consideran necesario, un nuevo cronograma que organice fechas y modalidad de las próximas audiencias.
En ese contexto, la fiscal León anticipó que insistirá en una cuestión adicional: que el debate se realice de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, en lugar de continuar bajo la modalidad virtual vigente desde su inicio. Según indicaron fuentes cercanas a la acusación, el Ministerio Público Fiscal considera que la realización del proceso en una sala de audiencias podría aportar mayor claridad al desarrollo del caso.
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Las mismas fuentes señalaron además que la fiscalía entiende que ninguno de los planteos de nulidad presentados por las diferentes defensas debería prosperar. También advirtieron que, desde su perspectiva, existe riesgo de prescripción respecto de algunos de los delitos investigados si el trámite se dilata como consecuencia de lo que consideran estrategias dilatorias.
Mientras el tribunal se prepara para resolver esas cuestiones, en las últimas horas se abrió un incidente reservado vinculado al estado de salud del ex secretario de Obras Públicas José López, uno de los imputados en la causa y además imputado colaborador durante la investigación.
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De acuerdo con fuentes del caso, se trata de un planteo orientado a determinar si el exfuncionario se encuentra en condiciones de continuar afrontando el proceso por razones médicas. La solicitud fue presentada por su defensora oficial, Pamela Bisserier, quien pidió que López sea apartado del debate al sostener que actualmente no estaría en condiciones de ejercer plenamente su derecho de defensa.
La cuestión deberá ser analizada por los magistrados en un incidente separado que se tramita con carácter reservado.
López ocupa un lugar central dentro de la investigación. Durante la etapa de instrucción se acogió al régimen del imputado colaborador, previsto en la Ley del Arrepentido, y aportó información sobre el presunto funcionamiento del sistema de corrupción investigado. En audiencias anteriores había anticipado su intención de declarar durante el juicio.
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El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo adquirió notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Actualmente cumple una condena firme de seis años de prisión en la causa conocida como Vialidad.
En lo que respecta a la causa Cuadernos, el proceso reúne a 86 imputados: 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la pesquisa.
Entre los principales acusados se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, junto a numerosos empresarios de distintos sectores. En rigor, para la fiscalía habría funcionado, entre 2003 y 2015, un esquema de recaudación ilegal proveniente de empresas de la construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales o beneficios en la obra pública.
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Durante el último mes varias defensas cuestionaron la legalidad del proceso. La defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitó la nulidad total del expediente tras afirmar que la causa había estado viciada desde su origen por irregularidades en la asignación del caso y por la utilización indebida de la figura del imputado colaborador.
Beraldi también cuestionó la intervención del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, al entender que la investigación había sido direccionada para quedar en manos de esos funcionarios judiciales, lo que -según su argumento- vulneró el principio del juez natural. Otros imputados se alinearon con esta postura.
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Con ese escenario, en la audiencia de este martes el TOF 7 deberá desgranar cada planteo para determinar su procedencia. Si los jueces desestiman las objeciones y disponen la continuidad del juicio, el debate dará curso a las declaraciones indagatorias de los imputados.
En caso de que los acusados opten por no declarar, el tribunal podrá avanzar directamente con la recepción de la prueba testimonial.
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