En un expediente que se desprende de la causa ANDIS, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió citar a declaración indagatoria a Hernán Daniel Díaz, jefe de Sistemas de la droguería Suizo Argentina, por una presunta obstrucción de la investigación judicial en la que está bajo la lupa el desfalco de la Agencia de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo.
A Díaz le imputan haber impedido el acceso a los correos electrónicos de los directivos de la empresa, algo que el juez Sebastián Casanello había pedido en una orden de allanamiento que se ejecutó el 29 de agosto de 2025, en los albores de la investigación.
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Casanello extrajo testimonios y denunció el hecho, que recayó por sorteo en la Fiscalía Federal Nº 6 y en el Juzgado Federal Nº 12, que subroga Julián Ercolini. Es ese magistrado el que tomará la decisión de indagar o no al empleado de la droguería propiedad de la familia Kovalivker.
Operativo frustrado
A pedido del fiscal Franco Picardi, el Juzgado que ahora tiene como juez sustituto a Ariel Lijo le encomendó a la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad allanar las oficinas que la Suizo Argentina tiene en Monroe 801, en el barrio porteño de Belgrano.
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La Justicia buscaba secuestrar el servidor de la droguería para acceder, entre otra información, a los correos electrónicos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y del “Helvético” Santiago Nuner Uner, un alto ejecutivo de la empresa.
Aunque no fue llamado a indagatoria, Nuner Uner es señalado en la causa ANDIS como uno de los hombres del sector privado que “habría tenido una fuerte incidencia a la hora de determinar cargos” dentro del organismo, según consta en el expediente.
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En esas primeras horas de investigación, apenas unos días después de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, Casanello y Picardi buscaban saber -a través de los mails institucionales y el secuestro de sus celulares- con quiénes tenían diálogo los directivos de la Suizo Argentina y de qué hablaban.
En la orden de allanamiento, el juez había convocado a Hernán Daniel Díaz para que colabore con la Justicia y permita el acceso a los correos electrónicos. “Yo no tengo las contraseñas”, respondió el jefe de Sistemas cuando la Policía de la Ciudad le mostró la manda judicial, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso.
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En el lugar estaba presente el comisario Lucas Alberetti, de la Superintendencia de Cibercrimen de la fuerza porteña. Ante un experto en el tema, al empleado no le quedó más que admitir que la única posibilidad era “blanquear” las claves, es decir anular las vigentes y poner una nueva con la que se pudiera acceder a las cuentas.
Sin embargo, Díaz se escudó en que no tenía autorización de sus superiores, y mantuvo así oculto el contenido de los mails. De esa manera la orden de allanamiento quedó frustrada parcialmente.
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Como medida alternativa, la Policía de la Ciudad secuestró los CPU de todos los directivos a los que el juez había pedido obtener una copia de sus conversaciones. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que no se logró obtener acceso a los correos.
Así las cosas, durante los últimos meses el fiscal Rívolo tomó testimoniales y ordenó otras medidas para esclarecer lo sucedido. El acusador público encontró pruebas suficientes para pedir la indagatoria del jefe de Sistemas por el delito de desobediencia, que prevé penas de 15 días a un año de prisión.
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Para el fiscal, la única vía posible para llegar a la información que ordenó obtener el juez Casanello era mediante la colaboración del ahora imputado, ya que no existen otros medios técnicos para lograrlo.
Hernán Díaz designó a dos abogadas defensoras para representarlo ante los tribunales de Comodoro Py.
El antecedente en Nordelta
El responsable del área de Sistemas de la Suizo Argentina no es el primer sospechado de haber colaborado con los Kovalivker a eludir a la Justicia.
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Así como esta persona habría hecho su parte para mantener a resguardo los correos electrónicos, el jefe de Seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, habría tenido un rol similar cuando la Justicia fue a buscar los celulares de los empresarios al barrio “La Isla”.
De Vincentis fue procesado -decisión que confirmó la Cámara Federal de San Martín- por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento.
Según la acusación en su contra, demoró el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo y entorpeció el allanamiento en curso. Jonathan Kovalivker logró abandonar Nordelta en su Audi S3 mientras guardias y uniformados discutían en el ingreso.
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La Cámara de San Martín valoró una serie de mensajes de WhatsApp que complicaron la situación procesal de De Vincentis. Al día siguiente del incidente, el jefe de seguridad envió instrucciones al grupo de “Supervisores AVN”. En ese chat, ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal.
“El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache’”, dijeron los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral en su fallo, firmado a principios de febrero.
Además, el acusado instruyó a su equipo para que, en el futuro, derivaran cualquier requerimiento a los abogados de la empresa para verificar la documentación, con el objetivo explícito de no “facilitarle el camino a ninguno”.
Los Kovalivker se pusieron a disposición de la Justicia días después y entregaron sus celulares en Comodoro Py. Hasta el momento no se conoció que de allí haya surgido información relevante para la causa.
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