Agua, biodiversidad y resiliencia: la apuesta que Panamá presentó ante la asamblea mundial para el medio ambiente

Mientras el mundo busca acelerar el cumplimiento de los compromisos ambientales fijados para 2030, Panamá presentó ante la Octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) una de las iniciativas más ambiciosas de su agenda verde: el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), una hoja de ruta que integra objetivos climáticos, de biodiversidad y restauración de ecosistemas bajo una misma estrategia nacional.

La propuesta fue expuesta por el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, durante la reunión celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, donde más de 2,000 representantes de gobiernos, organismos multilaterales, sector privado y organizaciones ambientales analizaron los desafíos globales relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

El principal objetivo del Pacto de Panamá con la Naturaleza es coordinar en un solo marco de acción los compromisos que el país mantiene ante las tres Convenciones de Río: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Según el Ministerio de Ambiente, la iniciativa cubre el período 2025-2035 y busca reducir la fragmentación institucional que tradicionalmente ha caracterizado la implementación de políticas ambientales.

Bajo este esquema, programas de conservación, restauración de ecosistemas, acción climática, manejo sostenible de recursos naturales y desarrollo económico pasan a formar parte de una visión integrada.

La propuesta surge en un contexto en el que Panamá enfrenta importantes desafíos relacionados con la seguridad hídrica. El país depende en gran medida de la disponibilidad de agua para el consumo humano, la generación de energía y la operación del Canal de Panamá, uno de los principales motores de la economía nacional.

Las recientes sequías asociadas al fenómeno de El Niño evidenciaron la vulnerabilidad de las fuentes hídricas del país y reforzaron la necesidad de fortalecer medidas de adaptación climática.

En este escenario, el Gobierno considera que la protección de bosques, cuencas hidrográficas y áreas protegidas constituye una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo.

Panamá llega a esta discusión con indicadores de conservación que sobresalen en la región. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas durante la Asamblea, más del 32% del territorio terrestre y más del 54% de las áreas marinas del país cuentan con algún nivel de protección.

Estas áreas albergan una importante riqueza biológica y desempeñan funciones esenciales para la captura de carbono, la regulación climática y la protección de recursos hídricos.

El país también mantiene la condición de carbono negativo, lo que significa que sus ecosistemas absorben más dióxido de carbono del que generan sus actividades productivas. Esta característica ha sido utilizada por Panamá como una de sus principales cartas de presentación en los foros ambientales internacionales.

Uno de los componentes más relevantes del plan es el fortalecimiento del financiamiento ambiental. Durante las sesiones del GEF, Panamá planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre fondos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y los distintos mecanismos de adaptación existentes.

Las autoridades sostienen que la actual estructura de financiamiento internacional suele generar duplicidad de procesos, cargas administrativas elevadas y dificultades para ejecutar proyectos de manera eficiente. Por ello, propusieron avanzar hacia esquemas de programación conjunta que permitan canalizar recursos con mayor rapidez y efectividad.

En esa misma línea, Panamá trabaja en la estructuración del Fondo Natural de Panamá, un mecanismo diseñado para movilizar recursos permanentes destinados a la conservación, restauración ecológica y desarrollo sostenible de comunidades vinculadas a la protección del patrimonio natural.

La estrategia también incorpora mecanismos innovadores conocidos como Financiamientos de Proyectos para la Permanencia (PFP, por sus siglas en inglés), utilizados para garantizar recursos de largo plazo destinados a la conservación de ecosistemas estratégicos. Estos modelos buscan combinar aportes públicos, privados y multilaterales para asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.

Durante la Asamblea, Panamá defendió además la necesidad de ampliar la discusión internacional sobre los Derechos de la Naturaleza, una visión que plantea reconocer a los ecosistemas como sujetos con valor propio dentro de los sistemas de gobernanza ambiental.

La participación panameña coincidió con el cierre de las negociaciones para la Novena Reposición del Fondo Fiduciario del GEF (GEF-9), que logró compromisos iniciales por 3,900 millones de dólares para financiar programas ambientales entre 2026 y 2030.

Para Panamá, los próximos años serán decisivos. El país no solo busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia ambiental, sino también consolidar un modelo de desarrollo donde la protección de la naturaleza, la seguridad hídrica, la resiliencia climática y el crecimiento económico avancen de manera conjunta.

Con el horizonte de 2030 cada vez más cercano y la celebración en Panamá del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027, el Gobierno apuesta a posicionar al país como un laboratorio de soluciones ambientales capaces de combinar conservación, financiamiento sostenible y desarrollo para las futuras generaciones.