
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su 50° edición, fue escenario esta semana de una doble presencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). Las juezas Inés Weinberg y Marcela De Langhe participaron de actividades académicas en el marco del encuentro cultural más convocante del país, y sus intervenciones trazaron un diagnóstico compartido: la justicia enfrenta desafíos estructurales que exigen respuestas institucionales concretas.
La presidenta del TSJ porteño, Inés Mónica Weinberg, fue invitada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para integrar el panel “Instituciones, justicia y calidad del Estado” en el marco del evento que se desarrolla desde el pasado 23 de abril en La Rural. La acompañaron Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, y Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. Moderó el encuentro Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica del CAF.
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En su exposición, Weinberg no eludió las críticas ciudadanas al sistema judicial y apuntó directamente a su causa más visible: la demora en los expedientes. “Pasan años desde que un ciudadano inicia una causa hasta que llega la sentencia de primera instancia”, señaló, y describió el largo recorrido que sigue un caso a través de recursos e instancias superiores hasta llegar a un tribunal como el que ella preside. En ese marco, identificó a las vacantes judiciales -hoy en el orden del 50%- como uno de los factores estructurales de esa dilación.

Frente a ese diagnóstico, Weinberg trazó también una perspectiva de salida. Cubiertos esos cargos, indicó, la inteligencia artificial “va a ser de enorme ayuda en la agilización del proceso judicial, para llegar más rápido a las sentencias adoptando estándares que faciliten todos los procedimientos”. La tecnología, de acuerdo a su visión, no reemplaza sino que potencia la función judicial en un contexto en que la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos para una justicia oportuna.
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Weinberg cerró con una reflexión sobre la percepción social del Poder Judicial que sintetizó el tono de su intervención: “A la justicia se la critica más por lo que no decide, que por lo que efectivamente decide. Se le critica por no tomar decisiones”.
Por otro lado, en la Sala Alfonsina Storni, la jueza Marcela De Langhe participó de la presentación del libro Dictámenes penales del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. La acompañaron Alejandra García, presidenta recientemente electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Martín López Zavaleta, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Genoveva Ferrero, secretaria de administración y presupuesto del Consejo de la Magistratura porteño; y Karina Leguizamón, presidenta de ese mismo Consejo.
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De Langhe encuadró la publicación como algo más que una compilación técnica. Para la magistrada, se trata de “una forma de rendición de cuentas ante la sociedad” que permite explicar el trabajo cotidiano del sistema de justicia y abrir un diálogo más amplio con la comunidad. En esa línea, destacó que iniciativas de este tipo contribuyen a perfilar una justicia “más cercana, más accesible y más comprometida con la circulación pública del conocimiento jurídico”.
La ministra también reivindicó el valor sustantivo de los dictámenes fiscales como herramientas de deliberación judicial, más allá de su función procesal. Su aporte, consideró, “no se agota en la resolución de un expediente concreto, sino que contribuye a la construcción de criterios y políticas judiciales que trascienden el caso individual”.
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Subrayó, por último, la centralidad del diálogo institucional: no solo como vía para construir acuerdos, sino también para generar “disensos fundados, capaces de enriquecer, profundizar y mejorar la función judicial”.
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