“El pueblo se va a despertar y no van alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”. Esa frase detonó una nueva causa en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Carlos Stornelli formalizó una denuncia contra la senadora nacional por la provincia de La Rioja, María Florencia López. El funcionario judicial acusa a la legisladora de Unión por la Patria de cometer posibles delitos de acción pública. La presentación apunta a conductas vinculadas a la incitación a la violencia colectiva y la eventual instigación a cometer delitos.
El episodio bajo la lupa judicial ocurrió el pasado 20 de febrero. Ese día, el Senado de la Nación desarrollaba un debate parlamentario en el período de sesiones extraordinarias. Los legisladores discutían un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo en el plenario de la comisión de Trabajo y Presupuesto. En ese contexto, López tomó el micrófono e introdujo referencias a los episodios históricos de crisis institucional sucedidos en diciembre del año 2001. La senadora dirigió sus palabras hacia las autoridades del plenario y proyectó un escenario de conmoción social.
“Y espero que usted esté ahí para poner la cara, señora presidenta”, expresó dirigiéndose a Patricia Bullrich, quien preside la comisión de Trabajo de la Cámara alta.
La intervención de López generó una reacción inmediata. Bullrich interrumpió la alocución, le reclamó a la legisladora riojana que frenara sus expresiones y la calificó como “golpista”. El cruce verbal escaló en el recinto legislativo. López continuó con el uso de la palabra y desafió a la jefa del bloque de La Libertad Avanza a “estar allí en ese momento para poner la cara”. Acto seguido, la senadora opositora justificó sus afirmaciones.
“No estoy inventando nada nuevo, ya que esta es la historia real de la Argentina”, argumentó, en alusión al rol de Bullrich durante la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
El intercambio no terminó ahí. Bullrich volvió a cruzarla a viva voz. “No, un golpe nuevo”, lanzó. La representante del justicialismo riojano replicó de inmediato con la frase: “Es la historia real”. La jefa del bloque oficialista cerró el tenso momento y remató el diálogo al definir las palabras de su par como “la historia de los golpes”.
Según consta en la denuncia, López también manifestó: “O le duele, señora presidenta, que ha sido parte de esos gobiernos que se han escapado en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas. Le duele. Pero eso va a suceder”.
Ante la difusión pública de la sesión, Stornelli elaboró su escrito ante la Justicia. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 enmarcó el accionar de la senadora en cinco artículos del Código Penal de la Nación. Los delitos señalados contemplan la instigación a cometer delitos, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la apología del crimen y la amenaza de sedición.
El delito de sedición castiga a las personas que se alzan de manera pública para impedir la ejecución de las leyes nacionales o las resoluciones de los funcionarios.
Para avanzar con el expediente, el fiscal solicitó una serie de medidas probatorias. El requerimiento principal consiste en llamar a María Florencia López a prestar declaración indagatoria. La indagatoria representa el primer acto de defensa formal de una persona imputada en un proceso penal. A su vez, el funcionario exigió la preservación urgente de todos los registros audiovisuales de la jornada parlamentaria. Aportó también como prueba las publicaciones realizadas en la red social X por parte de los usuarios @nexofin y @elcancillercom.
La acusación contra la senadora tiene un antecedente judicial inmediato y estrecho. La propia López ocupó el cargo de vicegobernadora de La Rioja durante el período comprendido entre los años 2019 y 2023. Esa etapa coincidió con el primer mandato del gobernador Ricardo Quintela. Justamente, el jefe provincial recibió una denuncia penal idéntica por parte de la misma fiscalía un día antes. Las actuaciones contra el mandatario quedaron radicadas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. El caso tramita bajo el número de causa CFP 765/2026.
La acusación contra Quintela se originó por sus declaraciones del 23 de febrero de 2026. El gobernador brindó una entrevista en el programa matutino Mañana Sylvestre, emitido por Radio 10 bajo la conducción del periodista Gustavo Sylvestre. Durante la emisión, el mandatario relató una conversación privada que mantuvo con sus pares provinciales y con los líderes de la CGT y de UPCN, entre ellos Héctor Daer y Andrés Rodríguez. El texto presentado por Stornelli transcribe las palabras del riojano de manera textual.
El gobernador detalló ante los micrófonos su planteo hacia los sindicalistas. “Teníamos que tomar decisiones, fuertes decisiones”, indicó. Luego, sumó un paralelo con los episodios ocurridos más de dos décadas atrás. “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos”, afirmó. A renglón seguido, pronunció la frase que motivó la denuncia penal: “Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme”.
Quintela cerró su participación radial con una advertencia sobre la continuidad institucional del país. Manifestó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”. Agregó que, de arribar a esa fecha, el país terminará “totalmente destruido” y “entregado”. Por estas expresiones, el representante del Ministerio Público de la Nación pidió su indagatoria bajo las mismas figuras penales que aplicó sobre la senadora López.
A este escenario judicial se añadió un tercer actor. Este miércoles, el abogado Santiago Dupuy de Lome formuló una denuncia conjunta contra el gobernador Quintela y la senadora López por estos mismos hechos. La presentación del letrado ingresó a los tribunales y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, que actualmente se encuentra a cargo del juez subrogante Sebastián Ramos.
El próximo paso procesal de las distintas causas depende de la decisión de los magistrados federales. Los jueces a cargo de los expedientes deberán analizar las presentaciones, evaluar las pruebas aportadas por las fiscalías y determinar si ordenan las primeras diligencias para impulsar formalmente las investigaciones.
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