Justicia ordena prisión preventiva a un médico por presunta falsificación de certificados de nacimiento en República Dominicana

El médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez deberá pasar tres meses en prisión preventiva en el CCR-14 de Anamuya, Higüey. Esta decisión fue tomada por la jueza Francis Diloné dentro del proceso judicial que investiga la presunta falsificación de documentos utilizados para registrar nacimientos de personas extranjeras como si hubieran ocurrido en República Dominicana.

La medida busca garantizar el avance de la investigación y preservar la integridad del proceso mientras se clarifican los hechos.

La causa permanece abierta y, hasta el momento, no se ha informado públicamente cuántos certificados de nacimiento podrían estar involucrados, ni cuántas personas habrían resultado beneficiadas con los documentos en cuestión.

Las autoridades están centradas en establecer el alcance real de los papeles alterados y determinar si estos fueron utilizados en trámites ante el Registro Civil.

Según informó Diario Libre, la investigación se originó tras una denuncia presentada por el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia.

Directivos de la institución relataron que fue una empleada quien detectó documentos con el logotipo y el sello del hospital, así como firmas atribuidas a funcionarios, que no habrían sido expedidos por los procedimientos oficiales.

Tras la alerta, el hospital formalizó una querella y entregó la documentación considerada irregular al Ministerio Público.

El director del hospital, Juan Félix Medina Santana, explicó que, luego de la advertencia interna, la institución realizó una revisión que permitió identificar certificados que, según sus palabras, no fueron generados conforme a los procedimientos institucionales.

Varios de esos documentos contenían una firma atribuida al propio director junto con el sello del hospital, además de la firma de un exsubdirector identificado como doctor Rodríguez Reyes.

Uno de los elementos presentados ante el tribunal fue un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El análisis, presentado por el abogado Manuel Alejandro Rodríguez Carpio, representante jurídico del hospital, concluyó que una de las firmas incluidas en los documentos no coincide con la rúbrica auténtica del funcionario al que se le atribuye.

Rodríguez Carpio señaló que “en el Inacif se determinó que la firma que tienen los documentos no es la misma” y añadió que, según la investigación, el médico habría ordenado fabricar en una imprenta un sello semejante al que utiliza el director del centro.

El director del hospital también mencionó la existencia de comentarios internos sobre el comportamiento del médico investigado, aunque aclaró que no puede afirmar esos hechos con certeza y solo los refirió como versiones que circulan dentro de la institución.

Función de los documentos y alcance de la revisión

La Junta Central Electoral (JCE) se encuentra revisando si los certificados presuntamente falsificados llegaron a ser utilizados para inscripciones en el Registro Civil.

De acuerdo con Diario Libre, el director del hospital detalló que los trámites en cuestión no se habrían realizado en la delegación de la JCE instalada dentro del hospital, sino en otra dependencia del organismo electoral.

Los certificados de nacido vivo desempeñan un papel fundamental en el sistema de registro civil de República Dominicana. De acuerdo con la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, el nacimiento debe acreditarse ante el oficial civil mediante la verificación o autenticación del certificado expedido por el médico que asistió el parto o por la autoridad médica del hospital o clínica correspondiente.

La normativa también establece que una declaración de estado civil basada en pruebas falsas puede ser anulada judicialmente y que quienes resulten responsables pueden ser sometidos a los tribunales por falsedad en escritura pública.

Hasta ahora, no se ha determinado si Espiritusanto Núñez actuó solo o si existieron otras personas involucradas en la presunta maniobra. El proceso judicial seguirá su curso mientras el médico cumple la prisión preventiva ordenada por el tribunal.