El Gobierno de Honduras aprobó en Consejo de Ministros el Decreto Ejecutivo PCM 015-2026, mediante el cual declaró de utilidad pública los terrenos y fracciones de inmuebles necesarios para liberar el derecho de vía del proyecto Libramiento Sur de Tegucigalpa.
La medida fue anunciada en Casa de Gobierno por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, acompañado por la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Liana Martínez, y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
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El objetivo es destrabar una obra considerada estratégica para la movilidad de la capital y cuya ejecución ha enfrentado dificultades por la falta de disponibilidad de algunos terrenos.
Una vía de ocho kilómetros
El Libramiento Sur tendrá una extensión aproximada de ocho kilómetros y conectará el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7,5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur.
Las autoridades sostienen que la nueva vía permitirá reducir el congestionamiento que afecta diariamente a miles de conductores que se movilizan desde la periferia sur hacia Tegucigalpa.
Según el Gobierno, por este corredor circulan más de 35.000 vehículos cada día, mientras algunos habitantes de municipios como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura y Sabanagrande pueden enfrentar tiempos de traslado de hasta cuatro horas.
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El ministro de Estrategia y Comunicaciones, Héctor Ordóñez, destacó que la obra beneficiará a miles de habitantes de esos sectores y permitirá crear una alternativa para descongestionar los accesos actuales.
Proyecto acumula siete meses de retraso
La subsecretaria de la SIT explicó que el proyecto recibió la orden de inicio el 29 de septiembre de 2025, con un plazo contractual de 24 meses.
Sin embargo, la construcción acumula aproximadamente siete meses de retraso, principalmente por las dificultades relacionadas con la liberación del derecho de vía.
Martínez indicó que esta situación ha impedido avanzar al ritmo previsto en las tareas de pavimentación y otras fases de la obra.
Ante ese panorama, el presidente Nasry Asfura solicitó al Consejo de Ministros adoptar una medida que permita a la maquinaria y a los equipos de construcción ingresar a los sectores pendientes y continuar con los trabajos.
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Propietarios recibirán indemnización
El Gobierno aseguró que el decreto de expropiación no elimina el derecho de los propietarios a recibir una compensación económica.
El asesor legal Roberto Zacapa explicó que la medida se fundamenta en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, además del artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Los terrenos serán valorados por una comisión de justiprecio, que deberá establecer una compensación basada en criterios técnicos y en el valor correspondiente de los inmuebles.
En caso de que un propietario rechace el monto establecido, la SIT podrá depositar los recursos ante un juzgado civil competente o en una institución bancaria a nombre del afectado.
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Ese procedimiento permitirá que la construcción continúe mientras el propietario mantiene su derecho de impugnar judicialmente el valor de la indemnización.
Gobierno busca acelerar la obra
Las autoridades insistieron en que el pago a los propietarios afectados será obligatorio y forma parte de las garantías contempladas dentro del procedimiento.
“El pago al justiprecio por las tierras que se necesitan para este libramiento va. Eso no es negociable”, remarcaron durante la comparecencia.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo pretende recuperar parte del tiempo perdido y avanzar en una infraestructura que considera clave para mejorar la movilidad en la zona sur del Distrito Central.
El Gobierno espera que la liberación de los terrenos permita acelerar las obras de terracería, pavimentación y colocación de concreto, mientras continúa el proceso de indemnización de los propietarios afectados.
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