Nuevo procesamiento para Julio De Vido: Casanello lo acusó de enriquecimiento ilícito y trabó un embargo por $998 millones

El detenido ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido sumó un nuevo procesamiento. El juez federal Sebastián Casanello lo consideró responsable del delito de enriquecimiento ilícito en una causa iniciada casi dos décadas atrás, en la que también quedó alcanzada su esposa, Alessandra Minnicelli. La resolución dispuso un embargo conjunto por 998 millones de pesos.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, en un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Según la resolución judicial, el ex funcionario habría “incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública”, sin poder justificar ese crecimiento con ingresos legítimos o recursos lícitos declarados. El monto cuestionado asciende, de acuerdo al análisis judicial, a unos 690.000 dólares.

El análisis patrimonial

La investigación pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde a De Vido se le atribuyen 190 pagos de sobornos, y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal.

En el nuevo procesamiento, el juez Casanello sostuvo que el informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema evidenció inconsistencias relevantes. Entre ellas, la imposibilidad de validar el dinero en efectivo -pesos y dólares- que el matrimonio afirmó poseer al inicio del período analizado, así como la ausencia de documentación que acreditara ingresos profesionales de Minnicelli.

Los peritos también remarcaron que ambos se inscribieron en el impuesto a los Bienes Personales recién en agosto de 2002, circunstancia que, para el juzgado, no resulta compatible con la tenencia de divisas extranjeras que declararon poseer. A ello se sumó que el gobierno de Santa Cruz informó que no existen declaraciones juradas patrimoniales entre los años 2000 y 2003, etapa en la que De Vido fue funcionario provincial.

El análisis técnico además detectó un “escaso detalle de los consumos personales y familiares”, que no se correspondería con el nivel patrimonial y de actividad evidenciado.

Para el magistrado, las conclusiones periciales “ponen en evidencia que la evolución patrimonial registrada por los imputados habría observado incrementos injustificados con sus ingresos legítimos”.

El departamento sobre Avenida del Libertador

Uno de los ejes centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa, buscó ocultar la titularidad real del inmueble.

El juez sostuvo que el matrimonio habría utilizado fondos sin justificación lícita para adquirir la propiedad, que fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. De acuerdo con la causa, pese a ser los verdaderos propietarios, De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018 y continuaron ocupando el inmueble hasta marzo de 2023.

La valuación oficial determinó que el departamento tenía un valor de entre 600.000 y 660.000 dólares en 2007 y de entre 670.000 y 730.000 dólares en 2012, aunque habría sido adquirido por aproximadamente la mitad de ese precio.

Durante los allanamientos, además, se halló documentación societaria que, de acuerdo al juzgado, vincularía directamente al matrimonio con la compra del paquete accionario de la empresa utilizada para la operación.

Casanello concluyó que la investigación logró reunir “una larga cadena de indicios interrelacionados y concomitantes” que otorgan solidez a la hipótesis del enriquecimiento ilícito, al considerar que los fondos utilizados para adquirir la sociedad y, de forma indirecta, el inmueble, habrían provenido del propio ex funcionario.

Antecedentes judiciales de la causa

La investigación por enriquecimiento ilícito tiene un largo recorrido judicial. La denuncia original fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans y apuntaba al incremento patrimonial del matrimonio entre 2003 y 2007, a partir de la compra de una chacra en la localidad bonaerense de Zárate.

En febrero de 2009, el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid había dictado el sobreseimiento de De Vido y Minnicelli, decisión que luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal. Sin embargo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) apeló esa resolución.

Tiempo después, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky- anuló el sobreseimiento y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Lo hizo luego de que la Corte Suprema legitimara a la FIA para continuar con la acción penal, tras considerar que estaba habilitada para impulsar la investigación.

Los camaristas entendieron entonces que el rechazo anterior había “impedido la prosecución de la acción penal pública” y dispusieron que la Cámara Federal revisara nuevamente la situación del ex ministro y su esposa, lo que permitió que la causa continuara su trámite hasta el actual procesamiento.

Condena por la tragedia de Once

De Vido está detenido cumpliendo una condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia del tren de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el paragolpes de la estación y provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.

En ese expediente, la Justicia lo consideró responsable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al entender que desde el Ministerio de Planificación Federal no se controló adecuadamente el sistema ferroviario ni el destino de los subsidios estatales otorgados a la concesionaria del servicio.