El fiscal federal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa que investiga la toma del préstamo stand-by por 45.000 millones de dólares contraído por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque la medida dictada el pasado 2 de febrero y se profundice la investigación sobre los procedimientos administrativos que rodearon el endeudamiento.
La presentación de Picardi se produce en una semana de definiciones para el expediente. Mientras la magistrada consideró en su fallo que las decisiones de política económica no son judiciables —amparándose en la doctrina de las “cuestiones políticas no justiciables”—, el escenario procesal se modificó por una decisión del Poder Ejecutivo. A través del Decreto 87/2026, el gobierno de Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación para que desista de su rol de querellante en la causa.
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Esta medida implica el retiro de la acusación por parte del Estado contra la nómina de imputados, que incluye al ex presidente Macri, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (entonces titular del Banco Central).
Los argumentos de la Fiscalía
En su recurso de apelación, Picardi planteó una distinción entre la facultad del Poder Ejecutivo para tomar decisiones de política económica y la obligación de cumplir con los pasos legales previstos para ejecutarlas.
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Según el dictamen fiscal, el objeto de la investigación no es valorar la conveniencia del préstamo, sino determinar si durante su tramitación se omitieron requisitos normativos obligatorios. Picardi sostuvo que “no existe un acto administrativo (decreto o resolución) que haya autorizado la operación de crédito público” de manera formal antes de la firma del acuerdo.
Específicamente, la Fiscalía señaló la ausencia del dictamen previo del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, un requisito establecido en el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). Para la acusación, la falta de este expediente administrativo constituye un elemento que debe ser investigado bajo la hipótesis de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
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El informe de la AGN y los números del Banco Central
Otro de los puntos centrales de la apelación se basa en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Picardi citó las conclusiones del organismo de control, que en su momento advirtió sobre “incumplimientos normativos” en la gestión del crédito.
El fiscal remarcó que, según la AGN, el acuerdo fue suscrito por funcionarios que carecían de la competencia legal delegada para comprometer al Estado por esos montos sin una autorización presidencial expresa mediante decreto.
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Por otro lado, Picardi incorporó los datos del informe realizado por el Banco Central (BCRA) durante la gestión de Alberto Fernández, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos”, que sostiene que durante la vigencia del acuerdo con el FMI, la “fuga de capitales” habría superado los 27.000 millones de dólares.
Sobre la base de estos documentos, el fiscal insistió en la necesidad de investigar el destino de los fondos. Su hipótesis sostiene que una parte de las divisas, que estatutariamente debían fortalecer las reservas, se habría volcado al mercado cambiario, facilitando la salida de capitales financieros, una maniobra que podría contravenir el Convenio Constitutivo del FMI.
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El escenario procesal
En su escrito, Picardi calificó el archivo de la causa como “prematuro”. Argumentó que “existen medidas de prueba pendientes de producción” que resultan indispensables para agotar la instrucción, como peritajes contables y pedidos de informes adicionales para trazar el recorrido de los fondos.
Con el retiro de la querella de la Procuración del Tesoro, ordenado por el decreto presidencial, el fiscal Picardi queda como único impulsor de la acción penal. Ahora, el expediente pasará a la Cámara Federal porteña, que deberá analizar los argumentos de la apelación y resolver si confirma el archivo dispuesto por Capuchetti o si ordena reabrir la investigación para indagar la responsabilidad de los funcionarios implicados.
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