La gerenta de un banco complicó a los presuntos testaferros de la AFA por la compra de autos de alta gama

Una gerenta del banco Coinag, donde tenía cuenta la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre jubilada -ambos supuestos testaferros de autoridades de la AFA-, declaró este miércoles que los fondos depositados eran bajos y consideró imposible que el pago por la compra de vehículos de alta gama secuestrados en el galpón de una mansión en Pilar hayan salido de esa entidad.

La testigo viajó desde Rosario para declarar ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Se le preguntó, entre otros aspectos, por el caso puntual de compra de un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos, una suma que constaba en la certificación hecha por un contador sobre el origen lícito de los fondos como proveniente de la cuenta de Real Central en ese banco.

Pero la testigo advirtió que a esa fecha los fondos eran “mínimos” y que esa certificación “era imposible”, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Además, por los movimientos de la cuenta en general, la testigo advirtió que en ese banco nunca podría haber estado el dinero usado para comprar los vehículos.

Ante la Justicia, se indicó que los movimientos de fondos “claramente establecieron que nunca estuvo ese dinero con que compraron los vehículos”, según informaron por su parte fuentes de la entidad. También remarcaron que el banco “es ajeno a cualquier operación irregular y desde ya a esta causa y su operatoria está estrictamente ajustada a las normativas del BCRA”.

La ruta de los autos

La investigación apunta a determinar cómo se pagaron los 54 autos y motos de alta gama secuestrados en un galpón de la casaquinta de Villa Rosa, Pilar, propiedad de la sociedad de la que forman parte el monotributista Pantano y su madre jubilada, Ana Conte.

El lote está secuestrado por orden judicial y ya fue valuado en 3.861.100 dólares por peritos oficiales. Se determinó que los telepases se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, que ya fue dada de baja por orden judicial.

Al juzgado le llamó la atención lo ocurrido luego de constatar el caso particular del Porsche, porque a la fecha de la compra en la cuenta bancaria informada en la certificación contable no constaba que hubiera esa cantidad de dinero.

Esto fue ratificado ahora por la testigo, quien aseguró que los fondos para adquirir los vehículos no podrían haber salido del Banco y que las cantidades depositadas por Real Central no eran significativas.

La declaración formó parte de una convocatoria a testigos resuelta por el juez Aguinsky vinculados a la ruta del dinero de las maniobras que, según la causa, habrían derivado en lavado de dinero con la compra de la quinta, los vehículos y otras propiedades en la mira de la justicia, como informó el martes Infobae.

Para el viernes próximo, el juzgado convocó a un “broker”, productor de seguros, que manejaba las pólizas de todos los vehículos, pagadas en efectivo. Se busca determinar quién las abonaba y rastrear también el origen de esos fondos.

Ese día se prevé además concretar la declaración de dos pilotos de helicóptero que aterrizaron en reiteradas oportunidades en el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares, y en la mira judicial porque figura como propiedad de Real Central, la sociedad integrada por Luciano Pantano, monotributista y su madre jubilada Ana Conte.

A la espera de una definición

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín comenzó a intervenir para definir qué juez seguirá adelante con la investigación: el Tribunal de Apelaciones dio vista ya al fiscal Alberto Gentilli para que dictamine si el caso tiene que continuar bajo la órbita de Aguinsky o debe ser enviado al distrito de Campana, al juzgado federal de Adrián González Charvay, como reclamó la defensa de Pantano, porque las propiedades investigadas están bajo su jurisdicción.

Este último magistrado aceptó el planteo del supuesto testaferro y le reclamó a Aguinsky que se inhiba. Ante la negativa, el conflicto quedó pendiente de resolución en ese Tribunal de Apelaciones. La fiscalía recibió el caso ayer y tiene tres días para dictaminar.

Fuentes judiciales explicaron que se está a la espera de esta definición clave antes de avanzar con nuevas medidas, entre ellas citar a una nómina de empleados de la quinta.

También quedó en stand by la convocatoria a Pantano y su madre para notificarles de la causa y ofrecerles la posibilidad de hacer un descargo. Esto estaba previsto para diciembre pasado pero la misma mañana de la cita judicial la defensa logró evitarla pidiendo que el juez Aguinsky deje el caso.

Los investigados

Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.

Su madre Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre. Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 metros cuadrados donde está la mansión. La millonaria adquisición y los ingresos de Pantano y Conte se perciben incompatibles, al menos de momento.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

En ese aspecto, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial debe dictaminar si amplía el objeto procesal de la causa en base a una nueva denuncia que se recibió esta semana desde la Coalición Cívica vinculada al capítulo internacional de la investigación.

Al respecto, el juez Aguinsky ya citó como testigo el próximo 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de supuestos delitos cometidos en la contratación de intermediarios para los contratos de AFA en el exterior.