La justicia federal frenó el traslado urgente de detenidos en comisarías porteñas hacia la cárcel de Devoto

La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el traslado urgente de personas detenidas en comisarías de la Policía de la Ciudad a la cárcel de Devoto. En este sentido había fallado la jueza de CABA María Mercedes Maiorano -quien además dispuso multas económicas para los funcionarios intervinientes si no cumplían la orden judicial-, y luego fue acompañada por el juez federal Daniel Rafecas.

El fallo original se firmó a fines de diciembre en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, del fuero penal de la Ciudad.

La resolución de la justicia local porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibiera de manera inmediata a mujeres y personas del colectivo trans con situación procesal resuelta, así como a todos los condenados que permanecían en alcaidías y comisarías.

La jueza Maiorano buscó así descomprimir la superpoblación en las celdas de la Policía de la Ciudad y encomendó un plan de trabajo para aumentar los cupos de ingreso al sistema federal, con un cupo mínimo de 130 traslados por semana y un plazo máximo de cuatro meses desde su inicio para resolver la problemática en las comisarías.

De no cumplirse lo resuelto, la magistrada había fijado una multa de 200.000 pesos por cada día de demora que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, deberían pagar de su bolsillo.

Frente a este escenario, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante un habeas corpus colectivo sobre la situación en la cárcel de Villa Devoto, acompañó con una resolución propia y llamó a priorizar el alojamiento de los presos de la Ciudad en ese complejo penitenciario, para dar una “respuesta coordinada y coherente” a la problemática.

El 23 de diciembre, Rafecas dispuso que, para colaborar con la crisis de los detenidos en dependencias de la Ciudad, el SPF debía admitir a los presos provenientes de la fuerza policial porteña.

Además, ordenó que se trasladara a otros penales a quienes ya tenían condena firme y estaban alojados en Devoto, con el fin de liberar plazas para los nuevos ingresos y “no superar la cantidad actual de alojados”.

Las autoridades del Servicio Penitenciario apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara. El organismo expuso que la medida invadía sus funciones exclusivas, ya que la organización y clasificación de los internos según su riesgo y necesidades corresponde a la administración carcelaria y no a los jueces.

La apelación

En los fundamentos de la apelación, el SPF señaló que imponer un ingreso masivo y excluyente vulneraba su capacidad técnica para gestionar la seguridad dentro de los penales.

A su vez, el organismo penitenciario advirtió que se encontraba en una situación de imposible cumplimiento. Sucede que reciben órdenes simultáneas de múltiples juzgados nacionales, federales y provinciales, todos con mandatos de igual jerarquía que exigen alojar detenidos.

Según el planteo, acatar la prioridad exigida para los presos de la Ciudad los obligaría a desobedecer otros requerimientos judiciales vigentes. También recordaron que la Cámara de Casación Penal había instado a ubicar a los detenidos en cárceles adecuadas, pero sin establecer preferencias por una fuerza de seguridad específica ni designar un penal en particular.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró que la decisión del juez Rafecas excedió el objetivo original de la causa, que buscaba justamente limitar la cantidad de internos en la cárcel de Devoto para evitar el hacinamiento.

Por lo tanto, habilitar el ingreso de un número indeterminado de personas iba en contra de los intereses que se intentaban proteger en ese mismo legajo, dijeron los camaristas. Y además, de acuerdo a la interpretación adoptada, el fallo transformó un recurso de habeas corpus, destinado a la tutela urgente de derechos, en una herramienta de planificación estructural del sistema penitenciario.

Aunque revocó la resolución de Rafecas, la Cámara reconoció la gravedad de la problemática de las comisarías porteñas y la necesidad de buscar soluciones coordinadas para la superpoblación carcelaria.