La Cámara Federal de San Martín quedó en condiciones de tomar una decisión clave en la causa por la presunta existencia de testaferros detrás de la compra de una casaquinta en Pilar, una flota de vehículos y otras propiedades ubicadas en ese distrito, en un expediente por presunto lavado de dinero donde se investiga si existió una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA.
El Tribunal de Apelaciones ya tiene el expediente y deberá definir qué juez será el competente para continuar con la investigación que busca dilucidar si la adquisición de la mansión en Villa Rosa valuada en 17 millones de dólares y los autos de alta gama cotizados en casi cuatro millones se realizó mediante testaferros para ocultar el verdadero origen o titularidad de los fondos.
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La disputa enfrenta al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien actualmente tiene el caso bajo su órbita, y al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Este último reclamó a su colega que se inhiba y le envíe el expediente al considerar que los hechos investigados ocurrieron dentro de su jurisdicción territorial. Ambos magistrados expusieron sus argumentos para quedarse con el caso y dejaron la resolución en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Se trata de una decisión unipersonal que será tomada tras un sorteo por alguno de los magistrados activos en ese Tribunal durante la feria judicial de enero.
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Los motivos del juez de Campana
Al reclamar la investigación, el juez federal de Campana, González Charvay, hizo lugar a un planteo de Luciano Pantano, dueño de todos los bienes junto a su madre Lucia Conte como parte de la sociedad adquirente Real Central SRL.
En una decisión que tomó el 30 de diciembre pasado por la tarde, el magistrado reclamó al juez Aguinsky que se inhiba y le envíe el caso en virtud de la “garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional” y en base a la ubicación territorial delas propiedades, en Pilar, partido que está bajo la jurisdicción de la justicia de Campana.
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“Resulta ineludible entonces, sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el Juez natural del territorio designado de forma previa, conforme lo previsto por la ley”, analizó González Charvay en el planteo de inhibitoria.
Para el juez la denuncia que presentó la Coalición Cívica “fue promovida en una jurisdicción extraña a la cierta ubicación de los bienes individualizados, por cuanto se acudió a los fueros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el inmueble circunscripto desde un inicio como objeto de investigación, se sitúa en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires”.
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El fiscal ante ese juzgado, Sebastián Bringas, había dictaminado contra el planteo de Pantano y a favor de que el caso siga en CABA.
Los motivos del juez de CABA
Al responderle, el juez en lo penal económico porteño Aguinsky se negó a ceder la investigación y advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.
Al respecto remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la quinta de 105 mil metros cuadrados y los demás bienes bajo investigación paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”, con domicilio en Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Para el juez el “epicentro” del caso no está en Pilar. “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", remarcó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense.
También recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial asoció esta investigación con la que se abrió por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA por un total de 19 millones de pesos, que se sigue en otro juzgado de ese mismo fuero en CABA, a cargo del juez Diego Amarante. Esta imputación “completa el cuadro indiciario señalado” .
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El estado actual de la causa “permite otorgar un anclaje distinto y más preciso para la determinación del acto relevante a los fines de dirimir la cuestión de competencia territorial”, analizó Aguinsky sobre el planteo de inhibitoria del juez de Campana.
Pantano y su madre habían sido convocados por Aguinsky para notificarles la existencia de la causa e invitarlos a realizar un descargo, pero el trámite se suspendió hasta que se resuelva qué juez quedará al frente del caso.
La casaquinta y otras propiedades investigadas fueron allanadas al inicio de la investigación por el primer juez que intervino, el federal porteño Daniel Rafecas. Se dispuso la valuación de los bienes y también la preservación de todo lo encontrado en el lugar.
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Apenas recibió el caso, Aguinsky profundizó la investigación y recibió informes patrimoniales y financieros, entre ellos los de la tarjeta de crédito a nombre de Pantano, cuyo resumen llegaba a la AFA, y que se usaba para pagar telepases de algunos de los vehículos secuestrados, entre otros gastos por un promedio de 50 millones de pesos al mes.
También se intenta determinar qué visitantes llegan al lugar en helicóptero, usando un helipuerto emplazado en la casaquinta de Villa Rosa.
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