El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por los gastos de índole particular que habrían realizado en viajes al exterior diferentes integrantes de esa empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas, en el período en el cual la presidió.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.
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La presentación alcanza también a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, y los titulares y/o usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina SA”, según detalló el fiscal en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
La denuncia se presentó tras el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.
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Ese reporte incluía consumos realizados de cuyo análisis surgirían gastos que ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. El fiscal destacó además que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”. Todo eso será desde ahora materia de investigación.
En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano sostuvo que aun si las erogaciones hubiesen sido realizadas en viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.
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Entre los gastos detectados hay 45 compras en free shops, por un total de 5.957 dólares y 1.1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares. También constan transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones, indumentaria, distribuidos en diferentes países. Por último surgen adelantos en efectivo por $56.000.000 y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
En la denuncia, repasó la fiscalía, se puso de resalto que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, cuya presidencia del Directorio fue ejercida por Reidel, durante el periodo denunciado. “También se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, explicó.
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Los posibles delitos y las pruebas
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal González pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo “fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo”. También solicitó que se informe “la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular y/o usuario autorizado”.
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Se trata de una de las denuncias que se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Otra similar fue hecha por el diputado nacional Esteban Paulón y tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.
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