La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el gobierno nacional para que intervenga directamente en el expediente que analiza la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.
Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal entendió que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso.
PUBLICIDAD
El artículo 257, que regla la cuestión, prevé que se podrán omitir instancias intermedias cuando el caso tramite bajo competencia federal y se acredite una notoria gravedad institucional.
De todas formas, fuentes judiciales destacaron que en esta instancia del proceso resulta “inoficioso” el pedido del Gobierno para aplicar el per saltum, porque la reforma laboral se encuentra actualmente vigente.
PUBLICIDAD
La Procuración del Tesoro había presentado el per saltum el 16 de abril pasado, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de gran parte de la ley de modernización laboral. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma.
Los argumentos del pedido
En el planteo ante la Corte, los abogados del Estado habían pedido la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley.
PUBLICIDAD
La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.
Además, había solicitado que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.
PUBLICIDAD
Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.
La CGT había argumentado que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Justicia ultima detalles antes de pedirle explicaciones sobre su patrimonio a Manuel Adorni
El jefe de Gabinete deberá presentar una justificación patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan dos informes clave para avanzar. Profundizan las averiguaciones sobre las criptomonedas
Denunció que compró un queso en mal estado, demandó al supermercado y perdió: por qué la Justicia rechazó su reclamo
Una mujer llevó a una cadena comercial a los tribunales asegurando que el producto no era apto para el consumo y que la empresa debía hacerse responsable. ¿Cuál fue el argumento definitivo del tribunal para eximir de responsabilidad a la demandada?
Código de Ética, Cámara Federal y Salmain: los temas centrales que debatirá el Consejo de la Magistratura
Bajo la presidencia de Horacio Rosatti, el plenario del organismo abordará esta semana tres asuntos de fuerte impacto institucional: la regulación ética para jueces, la cobertura de las vacantes ocupadas por Bruglia y Bertuzzi, y la acusación contra el juez federal de Rosario
Viaje de egresados cancelado: una agencia deberá devolver pesos, dólares y pagar una multa por su conducta reiterada
Una estudiante y su padre pagaron por un crucero a Uruguay y Brasil, pero tras la pandemia la empresa retuvo el dinero sin ofrecer soluciones reales. Ahora, un tribunal obliga a la firma a restituir lo abonado con intereses, más una indemnización por daño moral y un monto adicional en concepto de daño punitivo
Guerra de vecinos en un barrio privado: demandó porque un pino dañaba su casa, perdió el juicio y deberá pagar los gastos
Una mujer de Santa Teresita reclamaba una indemnización millonaria, convencida de que los árboles de la propiedad lindera estaban destruyendo su casa. Sin embargo, tras años de litigio, el tribunal rechazó la demanda y le impuso el pago de las costas procesales
