Crisis de combustible en Bolivia: Santa Cruz plantea alternativas y busca importar para consumo propio

En medio de la aguda crisis de combustible que atraviesa Bolivia, Santa Cruz, la región más extensa y productiva del país, busca encarar el conflicto y plantea alternativas para abastecer el parque automotor y a la industria agrícola.

El gobernador del departamento, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la importación y comecialización de combustible y que necesita la aprobación de un decreto supremo que le autorice firmar el convenio.

“No vamos a esperar que las cosas sigan empeorando, lo vamos a hacer de manera autónoma. Estamos confiados y ya sabemos cómo hacerlo, así que solo es cuestión de tiempo para que Santa Cruz pueda importar su propio combustible”, afirmó el domingo en una entrevista con la radio Erbol.

El plan del gobernador de oposición es importar y comercializar diésel y gasolina a precio internacional a través de una alianza con empresas privadas que les permita cubrir al menos una parte de los 40 millones de litros de combustible que su región consume cada mes.

Entre tanto, los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz -una organización que aglutina varias instituciones y que en los últimos años adquirió un rol político al posicionarse como opositor a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS)- sostuvieron una reunión con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez en la que se debatió, por enésima vez, la crisis de carburantes que enfrenta el país debido a la baja producción local y las dificultades de importación por falta de divisas.

En el encuentro, YPFB se comprometió a publicar un cronograma diario de suministro, en el que se informe sobre los volúmenes programados y despachados, desarrollar normativa que facilite la importación a actores privados e impulsar la producción de biocombustibles para reducir la dependencia de las importaciones, entre otras acciones.

Entre las demandas también se planteó la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debido a que la consideran “una de las fuentes de la mafia de corrupción en la comercialización de combustible”. Horas más tarde, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó el cierre de la agencia encargada de regular y fiscalizar la cadena de hidrocarburos en Bolivia y afirmó que se crearía otra instancia “con otra gente”.

Esta medida se produce dos días después de la aprobación un decreto que duplica el precio del diésel para “grandes consumidores” con el objetivo de regularizar la provisión, combatir el contrabando en las fronteras y eliminar las filas en los surtidores.

Con esta medida, el precio del diésel pasó de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. El Decreto Supremo 5676 establece que el precio es referencial y que será calculado de manera diaria en base al precio internacional.

Aunque el nuevo precio genera incertidumbre sobre su impacto en los costos operativos de sectores estratégios y en la canasta familiar, el gobierno descarta que vayan a incidir porque no afecta a toda la cadena y porque algunos sectores ya estaban adquiriendo el combustible a ese precio a través del mercado privado.

A más de dos años de irregularidades en el abastecimiento de gasolina y diésel, la situación se ha tornado crítica para consumidores y sectores estratégicos que demandan acciones para garantizar de manera estructural el suministro. Ante la falta de soluciones definitivas por parte del Gobierno, la región está decidida a tomar el timón: “Tenemos que solucionar nuestros problemas, desde Santa Cruz para Santa Cruz, no podemos esperar el ritmo del Gobierno”, afirmó Velasco. El escollo, por ahora, está en los límites legales.