Liberó a condenados por femicidio en Ecuador y terminó en prisión tras ser deportada desde Estados Unidos

La historia judicial de Gina Marisol Zambrano dio un giro definitivo este lunes. La exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, en la provincia de Manabí, fue condenada a cinco años de prisión por el delito de prevaricato, luego de que un tribunal concluyera que utilizó su cargo para dictar resoluciones contrarias a la ley y ordenar la libertad de personas sentenciadas por delitos de alta gravedad, entre ellas dos condenados por femicidio. La sentencia cierra un proceso que permaneció suspendido mientras la exfuncionaria permanecía prófuga en Estados Unidos, país al que huyó antes de enfrentar el juicio y desde donde fue deportada en mayo de este año.

La decisión del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí representa el desenlace de un caso que desde 2023 se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las irregularidades detectadas dentro del sistema judicial ecuatoriano. Para la Fiscalía General del Estado, Zambrano emitió resoluciones sin competencia territorial y al margen de las normas procesales para beneficiar a personas privadas de libertad que cumplían condenas en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Azuay, una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción donde ejercía funciones.

La investigación comenzó en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público abrió un expediente de oficio tras conocer que la jueza había concedido acciones constitucionales que permitieron la salida de internos condenados por delitos graves. Entre los beneficiarios figuraban dos personas sentenciadas por femicidio, una decisión que generó cuestionamientos de autoridades judiciales y del entonces Gobierno, al considerar que las resoluciones habían sido emitidas sin sustento legal.

Uno de los casos que marcó el proceso fue el de Carlos Flores Santander, condenado por el femicidio de Cristina Palacio, cometido en Cuenca en 2017. Aunque la resolución que dispuso su libertad fue revocada poco después, el condenado ya había abandonado Ecuador y se trasladó a Venezuela. Tiempo más tarde surgieron versiones sobre su muerte en un accidente de tránsito, aunque los familiares de la víctima han cuestionado públicamente que esa información haya sido plenamente esclarecida.

Las actuaciones de Zambrano también tuvieron consecuencias administrativas. El 3 de octubre de 2023, el Consejo de la Judicatura resolvió destituirla por incurrir en error inexcusable, al concluir que había actuado fuera de su competencia para beneficiar, no solo a los dos sentenciados por femicidio, sino también a decenas de procesados por delitos como sicariato, delitos sexuales, muertes violentas y otros hechos contra la vida y la propiedad.

Pocos días después de su destitución fue procesada penalmente por prevaricato. Sin embargo, el juicio no pudo instalarse porque la exjueza abandonó el país. La Fiscalía acreditó que había salido de Ecuador y solicitó una orden de captura internacional mediante difusión roja de Interpol. Durante varios meses permaneció fuera del alcance de la justicia ecuatoriana mientras su proceso permanecía suspendido.

Las autoridades finalmente la localizaron en Alexandria, en el estado de Virginia. Allí había solicitado asilo, petición que fue negada por las autoridades estadounidenses. Al encontrarse además en condición migratoria irregular, fue deportada a Ecuador el 7 de mayo de 2026 y entregada inmediatamente a las autoridades judiciales para reactivar la causa penal que permanecía pendiente.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como evidencia los informes de los allanamientos practicados en el despacho de la entonces jueza, pericias informáticas realizadas a equipos electrónicos incautados, testimonios de investigadores y la documentación generada por el Consejo de la Judicatura durante el proceso disciplinario que terminó con su destitución. Para el Ministerio Público, ese conjunto de pruebas permitió demostrar que las resoluciones emitidas por Zambrano desconocieron de manera deliberada las normas sobre competencia judicial y favorecieron ilegalmente a personas privadas de libertad.

El nombre de la exmagistrada también apareció posteriormente dentro del denominado caso Plaga, una investigación sobre presuntas estructuras de corrupción judicial que habrían operado para obtener beneficios procesales a cambio de pagos ilegales. No obstante, la sentencia emitida este 17 de agosto no corresponde a ese expediente, sino exclusivamente al proceso por prevaricato derivado de las decisiones adoptadas cuando ejercía como jueza en Montecristi.