El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena denunció a la fiscal Cecilia Incardona por presunto “fórum shopping” en la causa Sur Finanzas, a raíz según el magistrado de “haber intentado manipular” qué juzgado debe quedar a cargo de la investigación, abierta por denuncia de ARCA.
Villena concedió una apelación de la fiscal para que la Cámara Federal de La Plata resuelva si la causa debe seguir en su juzgado o ser remitida por “conexidad” al juez Luis Armella, quien tramita una pesquisa anterior que para la fiscalía tiene similar objeto procesal.
El magistrado aclaró que la causa seguirá su curso mientras la Cámara decide porque “no debe suspenderse por la mera existencia de un planteo de competencia, justamente para impedir que la actividad jurisdiccional se vea obstaculizada y, con ello, se afecte la obtención de elementos probatorios indispensables”.
También aludió a la “gravedad de los hechos denunciados”, que implican al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.
La denuncia contra Incardona
En esa resolución, donde habilitó que resuelva el Tribunal de Apelaciones, Villena se refirió con dureza a la fiscal y finalmente remitió “testimonios sobre la conducta de la Dra. Incardona” a la Procuración General de la Nación.
Lo hizo para que el organismo “en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública”, según la resolución a la que accedió Infobae.
Villena acusa a Incardona de “haber intentado manipular y concretamente llevar a cabo lo que conocemos como fórum shopping con la causa".
El juez rechazó desprenderse del expediente que le fue asignado por sorteo y señaló en ese momento que no advierte “conexidad” por ahora con la investigación de Armella.
Este último juez, a pedido de la fiscal que actúa en ambos casos, ordenó el fin de semana último allanamientos y procedimientos en la denuncia que tramita y que también implica a Sur Finanzas.
Además, el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, se presentó en el juzgado a cargo de Armella para entregar su teléfono celular y el de su madre.
Villena consideró que el contenido de los dictámenes de Incardona, al pretender que remita la causa a Armella, “no sólo revela una conducta irregular y contraria a las normas procesales vigentes, sino que además importa un intento de amedrentamiento a la investidura de este Magistrado”.
“En palabras coloquiales, si no tomo decisiones jurisdiccionales de acuerdo a la postura de la Dra. Incardona, incurriría, a su criterio, en una actividad pasible de ser tildada de nula”, graficó.
Villena recordó que Incardona lo denunció con anterioridad en otras causas penales “por tomar decisiones en el marco de mi función como Juez, que a su entender son ilegales. Obviamente no lo fueron, y tampoco lo son las que adopté en este expediente”
La fiscal “ha elegido, violentando las normas que regulan el proceso en esta instancia, que este expediente lo debe tramitar otro Juez”. “Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu, ciertamente desmedido y poderosamente sugestivo, de la Dra. Incardona por llevar esta investigación a conocimiento de otro magistrado que no es el juez natural”, agregó.
Villena recordó que fue designado por sorteo en la Cámara Federal de La Plata para intervenir en la causa Sur Finanzas. “No conforme con ello”, la fiscal ”pretende teñir lo actuado hasta el momento con un manto de sospecha".
El origen del conflicto
Incardona sostiene que parte de las personas físicas y jurídicas mencionadas en la denuncia de ARCA ya se encuentran investigadas en el Juzgado Federal 2 —subrogado por Armella— en una causa previa por estafa y lavado.
Por eso sostuvo que se tendría que haber advertido al momento del sorteo que el caso debía remitirse a ese juzgado por conexidad. Al respecto pidió a Villena que lo hiciera y el magistrado rechazó el planteo.
El conflicto se originó cuando la fiscalía formalizó una investigación preliminar con una hipótesis inicial que combina dos delitos: evasión tributaria y lavado de activos. Esa presentación se realizó tras la denuncia de ARCA, que detectó una estructura de movimientos económicos presuntamente injustificados y la utilización de cuentas vinculadas a personas sin capacidad patrimonial, monotributistas de bajos ingresos o contribuyentes apócrifos.
En la presentación, Incardona señaló que entre los múltiples partícipes del presunto esquema figuran también el Club Atlético Banfield Asociación Civil, Oscar Tucker, Eduardo y Federico Spinosa.
El club y esas mismas personas son investigadas ya por Armella a raíz de presunto lavado de activos, razón por la cual la fiscal entendió que existía una “evidente conexidad” entre ambos expedientes.
El Juzgado Federal 2 investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
Según la hipótesis fiscal, vencidos los plazos del contrato original, las partes firmaron dos anexos:
- 1 de febrero de 2023: se habría acordado un mecanismo de repago ligado a la transferencia del jugador Agustín Urzi, otorgando a Auriga el 30% del precio neto de esa operación desde Banfield a Juárez Fútbol Club.
- 31 de enero de 2024: se ratificó el préstamo original, la participación del 30% y se estableció una garantía de 1.000.000 de euros, aún en caso de que la transferencia no se concretara.
La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield —Tucker y los Spinosa—; las personas jurídicas vinculadas; y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago.”
Para la fiscal, al momento en que la investigación preliminar originada en la denuncia de ARCA ingresó al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa, por lo que el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que —según su criterio— ya existía.
En el escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona pidió enviar la causa central al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”, y para evitar que la investigación se vea “seriamente afectada” por la dispersión de las líneas de pesquisa. También advirtió por la filtración a la prensa de medidas requeridas.
El domingo por la noche la fiscal solicitó al juez Armella allanamientos y procedimientos urgentes, que fueron autorizados y ejecutados.
El juez Villena rechazó el planteo y decidió mantener la causa en su juzgado. Según la resolución, la denuncia de ARCA no menciona a todas las personas agregadas luego por la fiscalía, y aún no se verifican los elementos suficientes para afirmar que ambas causas comparten objeto y sujetos procesales.
Villena decidió “no hacer lugar al pedido de remisión por razones de conexidad objetiva y subjetiva”.
“Es imperioso señalar que si la Dra. Incardona hubiese considerado que realmente existiese conexidad” debería haber presentado la investigación preliminar ante el otro juzgado “para que aquel Juez pueda evaluar la conexidad planteada”, argumentó.
Qué se investiga
De acuerdo con el análisis preliminar de ARCA, a través de las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A. se operaron $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados apócrifos y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada.
Con base en esos datos, la Fiscalía consideró que Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, utilizando la estructura de Sur Finanzas PSP S.A., habrían cometido al menos dos hechos delictivos.
En primer lugar, se los investiga por la presunta evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley 25.413) correspondiente a los períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Según la hipótesis fiscal, habrían utilizado cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo (6‰ para débitos y 6‰ para créditos).
En segundo lugar, la Fiscalía sostuvo que habrían puesto en circulación fondos provenientes de ilícitos tributarios y fraudes financieros, por un total operado de $818.000 millones, con el fin de otorgarles apariencia lícita.
El dictamen destacó que Sur Finanzas habría permitido el ingreso al sistema financiero digital de clientes sin solvencia acreditada, entre ellos sujetos no inscriptos (31%) que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores no categorizados.
En cuanto al movimiento de personas jurídicas, ARCA registró sumas millonarias operadas por asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
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