La decisión de la Corte Suprema de rechazar el último recurso presentado por la defensa de Nicolás Carrizo dejó firme la condena a un año de prisión en suspenso por la tenencia ilegítima de dos documentos nacionales de identidad. El fallo, que lleva la firma de los tres jueces de la Corte, cierra la posibilidad de apelar esa condena, dictada en una causa derivada de la investigación por el atentado en 2022 contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
Aunque Carrizo, identificado como el jefe del grupo conocido como Los Copitos, fue absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la ex mandataria, no logró el mismo desenlace en el expediente vinculado a los documentos. Este jueves, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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La investigación que condujo a esta condena se inició en el marco de la pesquisa por el atentado, durante la cual Carrizo permaneció detenido durante dos años y once meses, hasta que recuperó la libertad al comenzar los alegatos. Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por intento de homicidio agravado, pero absolvió a Carrizo como presunto partícipe secundario, una decisión que quedó firme al no ser apelada.
Carrizo había sido acusado de haber entregado un arma a Uliarte y Sabag Montiel, los autores materiales del ataque. Durante la investigación se encontraron mensajes de WhatsApp que parecían comprometerlo, pero en el juicio no se pudo probar que hubiera tenido un arma ni que estuviera al tanto del plan contra la exvicepresidenta.
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En forma paralela, el juez de San Martín Matías Mancini llevó adelante el proceso por la tenencia de documentos. Según la acusación, Carrizo mantuvo bajo su disposición, hasta el 14 de septiembre de 2022, dos DNI auténticos que no le pertenecían y que fueron hallados en una caja de teléfono dentro de su domicilio en Morón. La titular de uno de los documentos declaró que lo había extraviado “hacía varios años”, mientras que Carrizo afirmó que la policía le “plantó” el documento durante el allanamiento, una versión que el magistrado desestimó.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en mayo de 2024, consolidando la situación judicial de Carrizo. En otro proceso relacionado, tanto Sabag Montiel como Uliarte también recibieron condenas por tenencia ilegal de documentos, penas que fueron unificadas al dictarse las sentencias por el intento de homicidio.
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Con este fallo, la Corte Suprema ha dejado sin efecto cualquier posibilidad de revisión adicional, estableciendo de manera definitiva la responsabilidad penal de Carrizo en la causa por la tenencia ilegítima de documentos.
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