El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 notificó a la Corte Suprema de la Nación sobre la reciente resolución que dispuso el decomiso de una serie de bienes inmuebles en el marco de la causa “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros”, conocida como causa Vialidad. La decisión, adoptada el 18 de noviembre de 2025, fue comunicada formalmente este martes a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, encabezada por Sergio Romero.
El núcleo de la medida reside en la puesta a disposición de los bienes decomisados para que la Corte Suprema evalúe si alguno de ellos será destinado al uso propio del tribunal o del Consejo de la Magistratura. Esta posibilidad se enmarca en lo previsto por el artículo 4 del Anexo I de la Acordada 22/2025 de la Corte, que habilita la asignación de bienes incautados en causas penales a organismos judiciales, siempre que se justifique en razones de mejor servicio de justicia.
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La causa que motiva esta resolución involucra a Cristina Fernández de Kirchner y a otros imputados, en el marco de la causa conocida como Vialidad, en la que la ex presidenta cumple su condena bajo el régimen de arresto domiciliario.
En la notificación remitida a la Corte, el presidente del tribunal oral 2, Jorge Gorini, informó: “Desde esta sede se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”. Esta base de datos centraliza la información sobre activos incautados en procesos penales federales, permitiendo su trazabilidad y eventual reasignación institucional.
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El documento también hace referencia a la postura adoptada por los jueces del tribunal respecto de un grupo específico de inmuebles, detallados entre los puntos 51 y 84 de la resolución. Sobre estos bienes, el tribunal recordó que “ya integran el listado de bienes que fue informado a esa Dirección por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4”. De este modo, se evita la duplicidad en la administración y registro de los activos decomisados, garantizando la coordinación entre los distintos órganos judiciales que intervienen en causas de alto impacto.
Los pasos del proceso
La comunicación oficializa el cumplimiento de los pasos administrativos y procesales exigidos para la transferencia y eventual uso de los bienes por parte del Poder Judicial. La decisión de la Corte Suprema sobre el destino final de los inmuebles decomisados dependerá de la evaluación de las necesidades institucionales y de los criterios de asignación. Posteriormente, el TOF 2 podrá comenzar con el proceso de remate del resto de los bienes.
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La sentencia, que quedó firme el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, alcanzando la cifra a $684.990.350.139,86, que deben pagar todos los involucrados en la causa. El tribunal requirió el pago del monto actualizado a los condenados, pero los mismos no cumplieron con la intimación.
La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA,Kank y Costilla SA,Gotti Hnos. SA,Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
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