En los tribunales federales de Comodoro Py empiezan a tomar forma dos causas que investigan presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte público. Por ahora, luego de una puja entre fiscales y jueces, los expedientes tramitarán por separado, aunque la trama pueda tener puntos de contacto y un mismo origen: el momento en el que cada pasajero paga su boleto al subir al colectivo.
La disputa se centró en la acumulación de las causas, es decir, si debían ser investigadas por un mismo juzgado debido a su posible conexión.
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El primer caso se inició el 30 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por la empresa Sargento Cabral SAT, y quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello.
La denuncia señalaba que representantes de varias cámaras empresariales, como la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), habrían presentado una nota ante la Secretaría de Transporte de la Nación.
En esta nota, se atribuyó a las líneas de colectivo 136, 163 y 182, operadas por Sargento Cabral SAT, un “comportamiento inusual” debido a incrementos significativos en la distancia media abonada por los pasajeros, de entre un 75 y 171 por ciento.
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La empresa acusada ante el Gobierno y denunciante en tribunales consideró que estas observaciones carecían de explicación metodológica y base pericial, y que el escrito buscaba inducir a error a la Secretaría de Transporte para provocar decisiones administrativas perjudiciales.
Según la denuncia, esta maniobra habría causado un perjuicio económico a Sargento Cabral y a la administración pública, al privar al Ejecutivo de información completa y correcta para tomar decisiones. La denunciante concluyó que el objetivo de las cámaras de transporte y sus representantes era apropiarse de compensaciones que no les correspondían, según consta en la causa.
Tres semanas más tarde, el 19 de enero de 2026, se abrió un segundo expediente a raíz de una denuncia que pidió investigar a los funcionarios públicos competentes -incluido el ministro de Economía, Luis Caputo- por un presunto manejo irregular de los subsidios al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ese caso está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi.
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El denunciante sostuvo que empresas del sector, como La Nueva Metropol S.A. -que opera a Sargento Cabral- y DOTA S.A., habrían realizado maniobras para alterar los parámetros técnicos utilizados en la liquidación de compensaciones estatales del sistema SUBE, con el fin de incrementar indebidamente los montos de subsidios percibidos. Esto habría generado un perjuicio al erario público y a otras empresas prestadoras del servicio. Además, se señaló que las autoridades competentes habrían omitido realizar los controles adecuados, a pesar de las advertencias técnicas, reclamos sectoriales e informes presentados por algunas cámaras empresariales.
En ambas causas ya hubo declaraciones testimoniales y pedidos de informes, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
Al certificar los hechos que se investigaban en la segunda causa, el fiscal Marijuán pidió al juez Casanello que solicite la unificación de los expedientes, al entender que esta era “el resultado del accionar denunciado” en su caso. El titular del Juzgado Federal N° 7 se negó.
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Casanello consideró que la mera vinculación con el régimen de subsidios del transporte público no era suficiente para configurar una conexidad, y que era conveniente profundizar ambas investigaciones para establecer una eventual relación. Sin embargo, el fiscal Marijuán apeló esta decisión ante la Cámara Federal porteña.
El mes pasado, la Sala I del tribunal de apelaciones revocó el rechazo a la solicitud de inhibitoria dispuesto por Casanello.
La Cámara, con la firma del juez Pablo Bertuzzi, consideró que ambas denuncias se referían a hechos vinculados con la manipulación de parámetros técnicos del sistema SUBE y su impacto en la distribución de subsidios al transporte público.
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La diferencia, según Bertuzzi, radicaba en la perspectiva de los hechos: en la causa que impulsa Marijuán se denunció a representantes de cámaras empresariales por presentaciones administrativas sin sustento técnico para perjudicar a empresas, mientras que en la investigación de Picardi esas mismas personas denunciaban a compañías del sector por la manipulación del sistema SUBE.
Así, la Cámara le devolvió el planteo de inhibitoria al juez Julián Ercolini, para que decida si correspondía unificar todo en un solo despacho.
La querella de las cámaras empresarias pidió que todo siga tramitando por separado. Los abogados argumentaron que en la segunda causa no se denunció la adulteración o manipulación del sistema SUBE, sino que la investigación se basaba en la integridad y confiabilidad de dicho sistema.
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Sostuvieron que ambos expedientes tenían objetos procesales distintos e incluso antagónicos, con actores y víctimas distintas, y que quienes son testigos en un expediente pueden ser imputados en el otro, lo que derivaría en su autoincriminación.
El fiscal Franco Picardi, por su parte, dictaminó en contra de cederle su investigación a Marijuán.
Si bien reconoció la decisión de la Sala I de la Cámara, sostuvo que, a su criterio, no se estaban dadas las condiciones para la acumulación. Argumentó que, más allá de una eventual vinculación con el sistema de asignación de subsidios al transporte público, los objetos procesales eran completamente distintos, los denunciantes, los sujetos involucrados y las hipótesis delictivas no coincidían, e incluso remitían a situaciones fácticas distintas.
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Finalmente, el titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, resolvió rechazar el planteo de inhibitoria y mantener las causas separadas.
La puja por las investigaciones puede prolongarse, pero lo cierto es que ambos fiscales avanzarán ahora por su cuenta para desentramar las posibles irregularidades detrás de las empresas de colectivos y el Estado.
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