El fiscal Carlos Stornelli quedó definitivamente fuera de la causa por espionaje ilegal que protagonizó Marcelo D’Alessio, el falso abogado mediático. Al mismo tiempo, la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por D’alessio para conseguir la excarcelación o cuestionar al fiscal que lo investigó en el juicio oral que terminó en julio de este año, con la condena a 13 años y seis meses de prisión.
En la causa contra el falso abogado se investiga a una presunta organización criminal dedicada al espionaje ilegal y la extorsión, que habría estado integrada por particulares, funcionarios públicos y agentes de inteligencia, bajo el liderazgo de D’Alessio. La historia judicial gira en torno al uso de mecanismos ilegales para acceder a información confidencial, manipular causas judiciales y presionar a empresarios y funcionarios.
D’Alessio había acudido ante la Corte para conseguir que se levantara su prisión preventiva o, al menos, que se modificara por una más flexible. También intentó apartar al fiscal Marcelo Colombo, pero en todos los casos el tribunal máximo rechazó sus pedidos.
Así, se mantuvo en pie la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había ratificado la prórroga de la prisión preventiva –pero acortándola de seis a cuatro meses– y había respaldado la continuidad del fiscal.
El sobreseimiento de Stornelli
Por el lado de Stornelli, el máximo tribunal clausuró uno de los capítulos más polémicos que tuvo la denuncia inicial. El fiscal había sido imputado por presunta participación en la red de espionaje ilegal pero nunca llegó a juicio, porque fue desvincualdo en otras instancias.
La decisión adoptada este jueves por la Corte Suprema en ambos planteos lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y de los conjueces Nora Dorado, Beatriz Aranguren Aranguren y Marcelo Fernández.
La condena contra D’alessio
En julio de este año, El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 impuso al falso abogado una pena de 13 años y 6 meses de prisión como integrante de dos asociaciones ilícitas, una dedicada a la inteligencia ilegal y extorsiones, y otra orientada al lavado internacional de activos por sumas millonarias.
La sentencia, dictada tras un extenso debate de un año y diez meses iniciado el 12 de septiembre de 2023, también alcanzó a otros cinco acusados, entre ellos dos ex agentes de inteligencia, quienes recibieron penas que oscilan entre 9 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso. El tribunal estuvo conformado por las juezas Sabrina Namer (presidenta), Gabriela López Iñiguez y el juez Nicolás Toselli.
La investigación determinó que la primera asociación ilícita, liderada por D’Alessio, se dedicaba a la obtención, producción y almacenamiento de información sobre la vida privada de diversas personas, recurriendo tanto a fuentes públicas como a bases de datos de acceso restringido, a las que accedían gracias a la colaboración de agentes estatales.
El fiscal Colombo describió durante su alegato el funcionamiento de la organización como “un binomio de espionaje ilegal y extorsión”, y subrayó que contaron tanto con “socios voluntarios” como con “involuntarios, concentrados en los medios de prensa y en la justicia federal”.
Colombo sostuvo que “Marcelo D’Alessio y sus socios usaron a los medios de prensa y al sistema de justicia como palanca de fuerza de todas las acciones de espionaje ilegal y extorsiones que fueron produciendo”, y remarcó que la validación mediática de D’Alessio resultó funcional para sus maniobras extorsivas.
El tribunal consideró acreditados trece casos en los que se cometieron delitos como inteligencia ilegal, extorsión, coacción y tenencia ilegal de armas de guerra. En paralelo, la investigación reveló la existencia de una segunda asociación ilícita que operó al menos entre el 20 de marzo y el 11 de diciembre de 2018.
El proceso judicial se apoyó en 106 declaraciones testimoniales y el análisis de 30 terabytes de información y documentación digital, resguardada con la colaboración técnica de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación. En 2024, el debate se interrumpió durante tres meses para realizar un peritaje sobre las extracciones forenses de los teléfonos celulares secuestrados a D’Alessio, a pedido de las defensas.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal concluyó que la evidencia digital no había sido adulterada.
El origen de la causa
El origen de la causa se remonta a la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien en enero de 2019 fue extorsionado por la organización liderada por D’Alessio, que le exigió 300.000 dólares a cambio de no involucrarlo en la causa conocida como “Cuadernos”.
Etchebest entregó 14.700 dólares en dos locales gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suma que el tribunal ordenó restituirle.
En cuanto a las condenas individuales, D’Alessio fue hallado culpable de asociación ilícita, violación a la Ley de Inteligencia Nacional, extorsión, coacción, tenencia ilegal de armas de guerra y lavado de activos, aunque resultó absuelto por el delito de encubrimiento debido a la prescripción de la acción penal.
La fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión. D’Alessio, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, ya había sido condenado en 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 4 años de prisión por tentativa de extorsión contra un empresario.
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