Contrabando: piden duras penas de prisión y advierten por la “percepción social de impunidad”

Un fiscal federal pidió duras condenas a prisión y sanciones económicas contra un grupo de empresarios y agentes aduaneros acusados por un multimillonario contrabando de ropa mediante declaraciones de importación falsas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá también reclamó que las penas no queden reducidas a condenas simbólicas, en su alegato final en el juicio que se sigue a todos los procesados y advirtió que las demoras judiciales generan una “percepción social de impunidad”. Se juzga a los acusados de integrar una organización que importó mercadería textil simulando ser carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos, mediante la confección de falsas DDJJ.

La operatoria siguió la misma mecánica que lo investigado en la megacausa por la “mafia de los contenedores” y es un desprendimiento de esta pesquisa principal, que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Percepción de impunidad

En su alegato la semana última ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal reclamó penas de entre 5 y 8 años y seis meses de prisión y expuso que “la obligación legal de tener que aguardar a que la Corte Suprema deje firme una sentencia de condena para que pueda ser ejecutada una pena de cumplimiento efectivo genera una percepción social de impunidad a la que no se puede responder con la Constitución, porque no es verdad que la Constitución exija semejante cosa”.

Pérez Barberá agregó que esa percepción de impunidad es aún más fuerte en los delitos de contrabando y por eso solicitó al tribunal que, “en caso de condena, efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

En las próximas semanas será el turno de las defensas en el juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización coordinaba el ingreso de productos textiles desde China y declaraba un falso contenido de los contenedores mediante la manipulación de la documentación a su llegada a la Argentina.

Ropa desde China

Se juzga a empresarios, despachantes de aduana, operadores logísticos y funcionarios aduaneros acusados del contrabando sistemático de mercadería textil importada desde China mediante documentación falsa, ropa de manera principal. El esquema permitía pagar aranceles mínimos y eludir controles aduaneros más estrictos.

La investigación identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa. En este último caso, la Aduana interceptó un contenedor que había sido declarado como carbonato de calcio pero que en realidad transportaba 80.554 prendas de vestir distribuidas en 415 bultos. El valor estimado de la mercadería y de los tributos rondaba los 600 mil dólares, mientras que el arancel que se intentaba pagar era de apenas 3 mil.

En los restantes contenedores, la fiscalía sostuvo que se importaron en promedio unos 2.500 rollos de tela por operación, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería. El perjuicio fiscal total estimado supera los 4,5 millones de dólares.

El modus operandi De acuerdo con el alegato, la organización funcionaba mediante un doble circuito documental. En los “Master Bill of Lading” (MBL) emitidos en origen la carga seguía figurando como textil, mientras que en los “House Bill of Lading” (HBL) y en la documentación presentada ante la Aduana argentina aparecía como carbonato de calcio.

Para la fiscalía, la maniobra quedó acreditada mediante correos electrónicos, documentación secuestrada en allanamientos, diferencias entre los conocimientos de embarque y la intercepción física de contenedores.

Las penas reclamadas

El pedido de pena más alto recayó sobre Walter Moglianesi, para quien la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado. Pérez Barberá lo señaló como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Para Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo, pidió 8 años de prisión. Según el fiscal, desde esa firma se introducían sistemáticamente falsificaciones en la cadena documental utilizada para importar mercadería. En el caso de Miguel Ángel Elnen, presidente de la firma Cuiper S.A., considerada por la acusación una empresa ficticia utilizada para ejecutar las operaciones, solicitó 7 años de prisión.

Para José María Zaragoza, acusado de actuar de hecho como despachante junto a sus hijas, el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de prisión. Pérez Barberá incorporó como agravante el hecho de haber utilizado a sus hijas en las maniobras investigadas. “Un derecho penal con perspectiva de género no puede dejar de tomar en consideración una circunstancia como esta”, sostuvo.

Las hijas del despachante dedicadas a la misma profesión enfrentan pedidos de 5 años y 6 meses de prisión cada una. La fiscalía sostuvo que ambas participaron en la confección de facturas y despachos adulterados indispensables para consumar los hechos. Para Eduardo Urraco, apoderado de TT Cargo, el pedido fue de 6 años de prisión.

La acusación también alcanzó a funcionarios aduaneros señalados como parte de un presunto esquema interno de corrupción que permitió liberar la mercadería pese a inconsistencias y alertas previas. Para la verificadora aduanera Alejandra Delgado, acusada de intervenir en un hecho vinculado a un canal rojo, la fiscalía solicitó 6 años de prisión. Pérez Barberá afirmó que su actuación habría sido “clave para mantener intacta una verdadera estructura interna de corrupción”. También pidió condenas para cuatro guardas aduaneros, que según la acusación permitieron la salida de mercadería distinta de la declarada en la documentación oficial.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y actividades comerciales, pérdida de concesiones y beneficios aduaneros y el retiro de la personería jurídica de las firmas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. Finalmente, Pérez Barberá pidió el decomiso de la mercadería secuestrada en el contenedor interceptado, así como de computadoras y demás instrumentos utilizados para concretar las maniobras investigadas.