En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal Nº 7 condenó a tres personas de nacionalidad china, boliviana y colombiana por el delito de lavado de activos de origen ilícito. Recuperaron su libertad luego de recibir una pena de tres años de prisión en suspenso, más una multa reducida de 40.000.000 de pesos para cada uno.
Los condenados son Hai Ma, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora, quienes cayeron en septiembre de 2023. Los capturó la Policía Federal Argentina en el marco de una causa instruida por la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. Los acusaron de mover y lavar dinero para el Comando Vermelho, una de las organizaciones narco más pesadas del continente, con base en Brasil. Tenían un aceitado sistema de operaciones con criptomonedas.
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Para acceder al juicio abreviado -que conlleva una pena más benévola-, los tres extranjeros reconocieron el delito que le imputaron.
La acusación de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro apuntó a que Hai Ma -o “Mariano”, su nombre argentino-, Chasqui Inta y Babilonia Mora conformaron un grupo organizado con el propósito de blanquear capitales originados en el mundo del narcotráfico.
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El ciudadano chino, que vive en la Argentina hace tres décadas, era el financista de la banda. Los otros dos eran los “couriers”, encargados de trasladar el efectivo de un lugar a otro.
La actividad se extendió al menos desde el 23 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2023. Durante este periodo, “Mariano” y Chasqui Inta transfirieron un monto total de al menos USD 698.776.
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En el caso de Babilonia Mora, su participación se registró al menos desde el 3 de agosto de 2023, en operaciones que alcanzaron un total de USD 195.921, por lo menos.
Se logró probar un monto considerablemente menor al que había trascendido al inicio de la investigación, cuando se estimó que habían lavado cerca de 5.000.000 de dólares.
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La Justicia comprobó que las transferencias se materializaron mediante al menos ocho operaciones. En las dos primeras, Hai Ma recibió el dinero de parte de Chasqui Inta en una oficina que alquiló en la calle Agüero 1595 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las seis operaciones restantes se concretaron en otra oficina del edificio ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2150. Los dólares fueron recibidos por familiares de Chasqui Inta en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
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En todos los casos, el objetivo del grupo era colocar los fondos en el sistema financiero o convertirlos mediante la adquisición de criptoactivos o bienes tangibles, buscando darles apariencia de origen lícito.
Según se desprende del fallo condenatorio, firmado de forma unipersonal por el juez Germán Castelli, entre las pruebas que se utilizaron para sostener la acusación hay declaraciones de subinspectores de la Policía Federal Argentina, actas de allanamiento, inventarios de automotores, y resultados de registros domiciliarios. También se incluyó información obtenida de los dispositivos celulares de Chasqui Inta y Babilonia Mora (chats de Telegram y WhatsApp), así como registros de ingresos de Chasqui Inta a la oficina de Fray Justo Santa María de Oro, y datos migratorios.
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Juicio abreviado
Las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado el 9 de septiembre de 2025, el cual fue ratificado por los imputados en una audiencia del 22 de septiembre.
Aunque la Fiscalía de San Isidro había calificado la conducta como lavado de activos doblemente agravado, el fiscal Diego Velasco, de la PROCELAC, desestimó los agravantes de habitualidad y organización.
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El fiscal Velasco entendió que el comportamiento consistió en un solo hecho de lavado de activos, diversificado en distintas operaciones económicas y financieras, por lo que la calificación final fue de lavado de activos simple.
En cuanto a la imposición de las multas, el titular de la PROCELAC determinó que la pena mínima legal -que debió ser de dos a diez veces el valor de la operación endilgada- resultaba de imposible cumplimiento, ya que superaría los 1.000 millones de pesos.
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Para evitar una decisión de carácter confiscatorio y en base a la situación económica de los condenados, Velasco propuso “una multa de posible materialización” de $40.000.000 para cada uno. Así lo aceptó luego el TOF N° 7.
El Tribunal valoró como atenuante la admisión del hecho por parte de los condenados y la carencia de antecedentes penales, y consideró como agravante la naturaleza y características del hecho, reflejada en los millonarios montos involucrados.
En paralelo, se dispuso el decomiso de 2.123.660 pesos argentinos, 151.800 dólares, 20.000 reales, 4.500 euros, 150 pesos bolivianos y 12.000 pesos colombianos que fueron secuestrados durante los operativos.
Al financista Hai Ma le incautaron también un BMW 330i.
Tras la sentencia, el TOF N° 7 ordenó la inmediata libertad de los tres involucrados. También le retiraron el monitoreo electrónico que tenía Hai Ma, quien cumplía prisión domiciliaria.
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