Emerenciano Sena declarará como testigo en el juicio de Sueños Compartidos: hablará por Zoom desde la cárcel

El dirigente chaqueño Emerenciano Sena será el próximo testigo que declarará en el juicio por el caso "Sueños Compartidos", donde se debate una millonaria malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se presentará por Zoom el miércoles, a las 9:30, ante el Tribunal Oral Federal N° 5.

Sena está preso y cumple condena por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski. Por el crimen también fueron sentenciados a prisión perpetua Marcela Acuña y su hijo César Sena.

Emerenciano Sena lideraba una agrupación que trabajaba junto a las Madres en la obra que proyectó construir 500 casas en Resistencia, Chaco. El lugar fue foco de conflictos durante aquellos años, por diferencias entre los hermanos Schocklender y quienes estaban en el territorio.

Infobae publicó este fin de semana una carta recibida de parte de Emerenciano Sena, quien se define como un preso político: “Estoy peleando por mi vida y parte de la pelea es solicitar la domiciliaria. Las condiciones generales de la prisión son un desastre. Si no fuera por la ayuda que recibo desde afuera, ya estaría muerto”, escribió el líder piquetero.

En el banquillo de los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schocklender, quienes fueron apoderados de la Fundación; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros cinco exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que están señalados por el delito de administración fraudulenta.

Según la acusación, que encabezan los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, a través de Sueños Compartidos existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a las obras.

Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.

Además, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El caso tiene como particularidad una lista de testigos entre los que hay dirigentes de peso político. Mauricio Macri, por ejemplo, declaró que mientras era jefe de Gobierno porteño recibió presiones del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que liberara fondos públicos a favor de las Madres.

En tanto, Sergio Massa reconoció que hubo incumplimientos que obligaron al municipio de Tigre a hacerse cargo de las obras que la fundación no terminó.

El diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich también aportaron su versión de los hechos, aunque por escrito.

El último exgobernador en declarar fue Maurice Closs, quien administró la provincia de Misiones, y sostuvo que las obras previstas allí se terminaron en tiempo y forma.

La Fundación tenía convenios en Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Almirante Brown y Tigre, entre otras jurisdicciones.

Los jueces que llevan adelante el debate en los tribunales federales de Comodoro Py son Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grünberg, del TOF N° 5.

La declaración de Schoklender

Al momento de declarar, Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, dijo que “tras la muerte de Néstor Kirchner se desmadró todo”.

Schoklender cuestionó el vínculo de Hebe de Bonafini con el gobierno nacional: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y toda esa runfla”, expresó ante el tribunal. Señaló especialmente que, bajo las directivas del kirchnerismo, se instruía a la organización a movilizar trabajadores de la obra pública como militantes para actos políticos, lo que afectaba el cumplimiento de las labores para las que se habían asignado los fondos. También calificó a la obra pública de la época como “un curro”, aunque defendió que Sueños Compartidos no se concebía solo para viviendas, sino como un programa para “construir ciudadanía”.