El tribunal de feria de la justicia federal de San Martín resolvió prorrogar por seis meses la prisión preventiva de ocho personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico interprovincial, presuntamente liderada por Iván Gabriel Villalba, primer hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, un histórico referente del tráfico de drogas con base en el conurbano bonaerense.
La medida fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y alcanzó a Federico Lagraña, Iván David Avalos, Nicolás Matías Campos, Luis Alberto Rodríguez, Gabriel Héctor Faundez, Damián Ezequiel Barrionuevo, Adrián Martín Alonso Zalazar y Fabiana Anabella Ruiz Díaz. Todos permanecerán detenidos mientras se avanza con la preparación del juicio oral por presunto comercio de grandes cantidades de cocaína y marihuana, tenencia de armas de fuego y asociación ilícita.
El expediente en cuestión abarca un conjunto de causas acumuladas que, según los jueces del tribunal, evidencian “una enorme estructura criminal, cuya segmentación y recursos se hallaban destinados principalmente a la proliferación del tráfico de estupefacientes, caracterizada por la extensión territorial, la división del trabajo entre los distintos integrantes, la variedad de sustancias involucradas -clorhidrato de cocaína (mucha de esta con carfentanilo) y cannabis sativa- y la relación espuria con las fuerzas policiales”.
En este contexto, Iván Gabriel Villalba está señalado como el líder operativo de una banda que, entre 2020 y 2021, habría operado desde distintos puntos del conurbano bonaerense, dando continuidad a las actividades criminales iniciadas por su padre, “Mameluco” Villalba. Según el tribunal de feria, incluso durante su detención en la unidad carcelaria de Ezeiza, Villalba hijo habría seguido coordinando maniobras de tráfico de drogas, lo que “advierte a las claras la capacidad operativa para vulnerar los controles del Estado”.
Iván Villalba fue arrestado por primera vez el 11 de octubre de 2012, en un puesto caminero de la provincia de Entre Ríos, mientras trasladaba 80 kilos de marihuana ocultos entre el asiento trasero y el baúl de un vehículo. Por entonces llevaba un año y medio prófugo en una causa por narcotráfico iniciada en la villa 18 de San Martín, base de operaciones del clan familiar. Dos años más tarde fue condenado a seis años de prisión.
En enero de 2018, con 26 años, fue nuevamente detenido tras asesinar a un empleado municipal y herir a un policía durante un operativo de control vehicular en la zona de Billinghurst, cuando una camioneta de alta gama con cuatro ocupantes -entre ellos Villalba- se negó a detenerse ante la orden policial. El hecho, ocurrido en el cruce de la ruta 8 y la calle Cuba, reveló el nivel de violencia asociado a las acciones delictivas atribuidas a la banda.
El origen del clan Villalba se remonta a la figura de “Mameluco”, condenado por primera vez en 2004 a 12 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero, liberado en 2009 y nuevamente apresado al poco tiempo. En 2017, fue sentenciado a 27 años de prisión como articulador y financista de una organización encargada durante más de dos décadas de comerciar sustancias ilegales en las villas de la provincia de Buenos Aires, con participación de sus hijos, hermanos e hijastros.
“Mameluco” llegó a tener nueve autos, dos casas en la villa 18 y una quinta con pileta en Ezeiza. Su modalidad operativa incluía maniobras de camuflaje y vigilancia: frente a su casa estacionaba un micro escolar viejo con personas armadas, y hacía patrullar la zona por motos que controlaban cualquier movimiento.
Además, de acuerdo a las investigaciones judiciales, el clan Villalba estuvo involucrado en la tragedia de la cocaína adulterada con carfentanilo que en el verano de 2022 causó la muerte de 24 personas.
Esta semana el TOCF 1 de San Martín decidió interrumpir el receso invernal para resolver en el incidente vinculado a la prórroga de prisión preventiva de ocho de los -al menos- 37 imputados en la megacausa. En su resolución, los jueces Matías Mancini, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez dieron cuenta de “la enorme complejidad que reviste el caso”, con 29 cuerpos, legajos de escuchas telefónicas y más de 30 medidas de instrucción suplementaria en trámite, además de 486 testigos ofrecidos. A ello se suma la presencia de imputados prófugos, como Alan Ramírez y Natalia Yanina Díaz.
El tribunal de feria, al analizar los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados, que habían requerido su excarcelación por medio de la defensoría pública, sostuvo que los delitos “aquí pesquisados (tráfico ilícito de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en distintas jurisdicciones provinciales, tenencia de armas), por su naturaleza y gravedad, se encuentrane entre aquellos a los que se refiere el Máximo Tribunal -en el precedente ‘Acosta’-, pues no hay duda de que su impunidad, además de ‘acarrear gran alarma social y desprestigiar en máxima medida la función tutelar del Estado’, importaría el incumplimiento de las obligaciones internacionales emergentes de la ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’ de 1988, oportunamente suscripta por el Estado Nacional”.
En ese sentido, la severidad de las penas previstas -que no permitirían el acceso a condenas de cumplimiento condicional ni a beneficios como la libertad asistida o la libertad condicional- fue uno de los factores ponderados para mantener las medidas de coerción. También se consideró la existencia de prófugos en las actuaciones, algo que llevó a los magistrados a afirmar “que en caso de recuperar su libertad los encartados podrían entorpecer el éxito” de las investigaciones penales aún en curso.
“A su vez -explicó el tribunal en su resolución-, el ya mencionado entramado delictivo descripto en los requerimientos de elevación a juicio que, como se dijo, expone no solo el calibre de la organización, sino también los recursos humanos y materiales con los que aquella contaba, lo cual se traduce en una mayor facilidad para evadirse de la acción de la justicia, como asimismo hostigar y amenazar testigos".
Para el tribunal, los riesgos procesales continúan “plenamente vigentes” y, “a fin de asegurar los fines del proceso, corresponde prorrogar la prisión preventiva” de los ocho imputados de este incidente. Esta conclusión estuvo en línea con la postura del fiscal general Carlos Cearras, quien había pedido extender las respectivas detenciones por otros seis meses.
La resolución fue remitida a la Cámara Federal de Casación Penal para su notificación, al igual que al Consejo de la Magistratura de la Nación. El debate oral y público, por su parte, todavía no tiene fecha concreta de inicio, en tanto el tribunal de juicio se encuentra analizando la admisibilidad de la prueba para corroborar la pertinencia de 486 testigos solicitados junto a decenas de informes y pericias suplementarias.
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