El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) ha recibido un total de 180 causas enviadas por la Corte Suprema, desde que éste tribunal determinó, en diciembre pasado, que el TSJ debe actuar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. Esta decisión, adoptada en el fallo “Levinas”, ha generado un impacto significativo en la estructura y funcionamiento del tribunal porteño, que ya ha comenzado a implementar medidas para afrontar esta nueva carga de trabajo.
En febrero llegaron las primeras 14 causas remitidas por la Corte Suprema, entre ellas algunas de alto perfil mediático, como el caso de la quiebra del Correo Argentino, el caso Socma y el expediente Chocobar. Al día de hoy, ingresaron otras 166 causas, de las cuales 140 corresponden al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial. Este incremento en la carga de trabajo ha llevado al tribunal a tomar medidas inmediatas para reorganizar su estructura y garantizar una gestión eficiente de los casos.
Hasta ahora, el TSJ se encargaba principalmente de resolver cuestiones relacionadas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o sus dependencias, además de intervenir en acciones de inconstitucionalidad de leyes o decretos locales. Sin embargo, con el fallo “Levinas”, su ámbito de actuación se ha ampliado considerablemente, lo que implica un desafío logístico y administrativo para los cinco jueces que lo integran: su presidenta, Inés Weinberg, y los jueces Luis Lozano, Alicia Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.
Nuevas secretarías y refuerzo de personal
En el plenario de esta semana, por consenso de sus cinco integrantes, el TSJ creó las Secretarías Judiciales de Asuntos Civiles y Comerciales, y la de Asuntos Laborales, y nombró a los funcionarios a cargo. A su vez, el tribunal designó a los secretarios que ocuparán las vacantes en la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios y de Relaciones de Consumo, y la de Asuntos Contencioso-Administrativos y Tributarios.
Entre los nuevos funcionarios está Juan Carlos Cerutti, abogado especialista en Derecho del Trabajo, quien se desempeñaba hasta ahora en el Juzgado Nacional 29 de Primera instancia del Trabajo. Ocupará la Secretaría Judicial de Asuntos Laborales del TSJ.
Al frente de la Secretaria Judicial de Asuntos Civiles y Comerciales, estará Analía Martínez Ruiz, una abogada que ha desarrollado su carrera en organizaciones e instituciones de prestigio nacional e internacional, antes de ingresar al TSJ como secretaria letrada de la vocalía de la jueza Weinberg.
Además, al frente de la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios y Relaciones de Consumo estará Mariana Adela Politi, una abpgada que ingresó al TSJ en 2013, como secretaria letrada de la vocalía del juez Lozano. Ocupará la vacante que también tiene competencia electoral en el TSJ.
La vacante en la Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso-Administrativos y Tributarios será ocupada por Juan Pablo Bayle, un abogado que ingresó al TSJ en el año 2005 en la vocalía del juez Lozano. Actualmente, se desempeña como Secretario Letrado en dicha Vocalía.
Un edificio histórico para una nueva etapa
Además del refuerzo de personal, el TSJ está trabajando en la puesta en valor de un edificio histórico ubicado en Carlos Pellegrini 313, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Este inmueble, que anteriormente albergaba al Ministerio de Salud de la Ciudad, fue diseñado por el arquitecto Mario Roberto Álvarez y cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y 11 pisos.
Este edificio se sumará a las oficinas actuales del tribunal en Cerrito 760 y será clave para albergar las nuevas secretarías y el personal adicional necesario para afrontar la creciente demanda.
El impacto del caso Levinas, que significa un avance en la autonomía de la Justicia de la ciudad, no sólo se refleja en el aumento de casos que llegan al TSJ, sino también en la relevancia de los expedientes que ahora deberá resolver. Entre ellos se encuentran causas de alto perfil como la del Correo Argentino, que involucra cuestiones empresariales y políticas de gran envergadura, y la apelación en el caso de Luis Chocobar, que ha generado un intenso debate público sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
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