La Corte cierra filas para defender el “fallo Levinas” y apunta a los jueces nacionales que lo desconocieron

Tras la rebelión unánime de los jueces nacionales contra el fallo Levinas, que le dio más poder de intervención a la justicia de la ciudad de Buenos Aires en causas nacionales, la Corte suprema se encamina a considerar que los plenarios y acuerdos firmados en estos días por la Cámara Civil, Laboral y Penal oponiéndose a ese fallo no tienen efectos jurídicos.

Según fuentes del tribunal, los jueces consideran que los pronunciamientos de las Cámaras vinculados al fallo Levinas demuestran que los jueces nacionales no están dispuestos a cumplir las sentencias, lo cual los expone a eventuales denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

Además, en el plenario podrían rechazar el planteo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) que le pidió a la Corte que revoque ese fallo, que determina que las sentencias de las Cámaras Nacionales deberán ser apeladas ante el TSJ porteño.

La presentación de 40 páginas lleva la firma de Andrés Basso, presidente de la AMFJN, que es la entidad política y gremial de los jueces y fiscales nacionales y federales. La entidad también reclamó que se suspendan los efectos de las causas en las que se aplicó el polémico fallo, entre ellas las del Correo Argentino que involucran a la familia del expresidente Mauricio Macri.

Internas calientes

El caso Levinas ingresó en la Corte el 9 de marzo de 2021, y se comenzó a discutir en ese momento cómo se debían tratar las repercusiones institucionales porque con los precedentes anteriores estaba claro que no había alternativa distinta a resolver: había que distinguir la justicia federal de la nacional. Eso es lo que sucedió en el caso Nisman donde la Corte hizo esa distinción ya que en esa investigación se demostró la incapacidad de una justicia local para investigar un delito federal con repercusiones nacionales e internacionales.

Fuentes cercanas a la vocalía de Lorenzetti, apuntan directamente a la responsabilidad de Rosatti. Y explican que una de las posibilidades era la que se había aplicado durante la presidencia de Lorenzetti en casos similares de fallos con repercusión institucional, porque en esas sentencias hubo un trabajo de diálogo anterior y posterior con las instituciones (Casos Rosza, Uriarte). Se podía a dialogar a la Asociación de Magistrados, a la CABA y al Gobierno Nacional para encontrar una salida consensuada. Pero aseguran que la decisión en la actual presidencia de Rosatti fue esperar.

En 2024, con el retiro inminente de Maqueda se volvió a discutir el tema de la oportunidad ya que era inevitable que la Corte fallara, porque de lo contrario quedaban numerosos casos paralizados. De hecho ya había casi un centenar de sentencias que aguardaban una resolución en “Levinas”.

El fallo estaba listo para salir el 12 de diciembre de ese año, el mismo día en que se hacía la cena anual de la Asociación de Magistrados. Pero por pedido de Maqueda, que recibía un homenaje durante la cena, se resolvió nuevamente postergar para no generar un rechazo por parte de los jueces y que se suspendiera la entrega del diploma. Finalmente, la interna recrudeció dentro del tribunal, porque el fallo salió en el último acuerdo del año (27 de diciembre) y a última hora de la tarde dado que ese mismo día se realizó un acto para despedir a Maqueda.

Sin vuelta atrás

Por estas horas, en la Corte dan por hecho que la decisión adoptada en Levinas no tiene vuelta atrás. Y entienden que, desde el punto de vista legal, aunque los recursos de apelación que interpongan los abogados para llegar al TSJ sean rechazados por los camaristas nacionales, de todas formas los abogados podrán recurrir en queja al tribunal porteño, que los aceptará. La otra opción es que apelen a la Corte Nacional como tribunal de revisión, pero en ese caso los planteos no serían aceptados.

En el plenario de TSJ realizado ayer, se comenzaron a analizar 14 causas remitidas por la Corte nacional. Junto con Levinas, empezaron a estudiar la causa Socma, por la quiebra del Correo Argentino, y el caso Chocobar. Pero aún no hay una resolución sobre estas causas. También esperan la remisión por parte de la Corte de unos cien expedientes más. Pero este el trámite no sería automático, porque antes hay que compatibilizar los sistemas informáticos entre ambas Cortes para enviar los expedientes.

85 fallos esperan definiciones

Actualmente, la Corte Nacional tiene unos 85 fallos que podrían ser rechazados aplicando el precedente Levinas, pero ocurre que sólo dos de los tres jueces que hoy componen la Corte comparten los fundamentos expresados en Levinas. Recordemos que este fallo fue firmado en mayoría por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, pero este último votó en disidencia. Como Maqueda se jubiló a fin de año, hará falta designar a conjueces para que se alcance una mayoría que permita aplicar el precedente Levinas a estos 85 fallos que actualmente analiza el tribunal. La otra opción, probable, es que Rosenkrantz se adhiera a la postura de sus otros dos colegas con un voto concurrente en algunas de las causas que analizará la Corte. Todo llevará tiempo.

Lo que tampoco se va a resolver tan fácilmente es la crisis desatada estas semanas entre los jueces nacionales, que se oponen a ser parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y los miembros de la Corte Suprema.

Cuando el caso Levinas ingresó a la Corte, en marzo de 2021, se discutió cómo se debían tratar las previsibles reacciones en contra por parte de un gran número de jueces que se oponen a este traspaso. Sabían que la decisión iba a ser rechazada de manera enérgica, como está sucediendo.

Un terremoto judicial

Es que el fallo Levinas ha generado un verdadero terremoto entre la Corte Suprema y los jueces nacionales, fiscales y defensores, quienes consideran que la transferencia de competencias a la justicia porteña altera la estructura del Poder Judicial, afecta la división de poderes y genera incertidumbre en los litigantes. También advirtieron que esta medida provocaría demoras significativas en los procesos judiciales y aumentaría los costos operativos.

Las Cámaras Civil, Laboral y Penal ya resolvieron no acatar esta decisión de la Corte, y seguir enviando sus expedientes a la Corte Nacional, mientras la Cámara Comercial estaría por hacerlo en estas horas.