En contra del fallo de la Corte, la Cámara Civil rechazó enviar sus causas a la justicia porteña

En una decisión que profundiza las tensiones en el sistema judicial argentino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió por unanimidad que las sentencias emitidas por los jueces nacionales en lo civil no podrán ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). Esta resolución, adoptada en un acuerdo plenario, contradice en duros términos el fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre pasado, que habilitaba al tribunal porteño a intervenir en causas civiles, comerciales, laborales y penales.

Los jueces civiles argumentaron que la implementación de esta medida podría paralizar el sistema judicial y generar un impacto negativo en los procesos en curso. Los Camaristas de los otros fueros se oponen mayormente a esta medida.

Según argumentó la Corte en un fallo dividido, que contó con la oposición del juez Carlos Rosenkrantz, “Levinas” constituye un aval a la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires, al habilitar la intervención del TSJ en los casos que resulten apelados, a partir de decisiones de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la mayoría de los jueces nacionales involucrados en esta media han reaccionado en contra de la decisión de la Corte.

De acuerdo con los camaristas civiles que firmaron la resolución del plenario, la transferencia de competencias a la justicia porteña no solo afectaría la operatividad del sistema judicial, sino que también privaría a los magistrados y ciudadanos de recursos esenciales como archivos, bibliotecas, oficiales notificadores y cuerpos médicos forenses. Además, señalaron que esta situación incrementaría los costos para los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa un obstáculo adicional para el acceso a la justicia.

El origen del conflicto

El conflicto tiene su raíz en el fallo “Levinas”, dictado por la Corte Suprema el 27 pasado, cuando el tribunal aún contaba con cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En esa decisión, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda votaron a favor de habilitar al Tribunal Superior porteño para revisar recursos extraordinarios. Sin embargo, la jubilación de Maqueda a finales de ese año dejó a la Corte con solo tres integrantes, uno de los cuales, como se mencionó, se opuso a esa decisión.

La Cámara Civil, en su reciente acuerdo plenario, cuestionó duramente esta decisión de la Corte, argumentando que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal. Los camaristas civiles sostuvieron que la medida implica un rediseño de competencias que debería haber sido debatido y aprobado por el Congreso Nacional. Asimismo, señalaron que la imposición de una instancia adicional perteneciente a otra jurisdicción vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza que los litigantes sean juzgados por los jueces designados por la ley antes del inicio de la causa.

Resistencia general

El fallo “Levinas” ha generado una fuerte resistencia entre jueces nacionales, fiscales y defensores, quienes consideran que la transferencia de competencias a la justicia porteña altera la estructura del Poder Judicial, afecta la división de poderes y genera incertidumbre en los litigantes. También advirtieron que esta medida provocaría demoras significativas en los procesos judiciales y aumentaría los costos operativos.

En este contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) presentó un documento de 40 páginas en el que expresó su rechazo al fallo de la Corte Suprema. El texto, firmado por el juez Andrés Basso, presidente de la asociación, argumenta que ningún tribunal local tiene facultades para revisar resoluciones de tribunales nacionales. Además, la Cámara Nacional en lo Comercial solicitó la convocatoria a un plenario para evitar sentencias contradictorias entre sus salas, lo que refleja la magnitud del conflicto.

La coexistencia de la justicia nacional y local en competencias ordinarias sigue siendo un tema pendiente, y la resolución de este enfrentamiento dependerá en gran medida de las decisiones que adopten el Congreso Nacional y la Corte Suprema en los próximos meses.