Atentado a Cristina Kirchner: un sumario administrativo había sobreseído a los custodios

El rol de la custodia de Cristina Kirchner fue uno de los ejes bajo la lupa que tuvo desde el primer momento la investigación por el atentado, por el que están siendo juzgados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes pueden ser condenados por intento de homicidio agravado. La pregunta sobre su accionar volvió al centro del debate luego de que, en medio del juicio oral, un simpatizante kirchnerista revelara que uno de los custodios de CFK le ordenó borrar de su celular un video que mostraba el ataque, algo que -finalmente- no se concretó porque la imagen ya se había viralizado. Infobae accedió al sumario administrativo en el que la Policía Federal determinó que no incumplieron su labor.

El tribunal deberá esclarecer si la ex vicepresidenta estaba en estado de “indefensión” pese a estar cercada por policías que, al igual que ella, no se dieron cuenta de que entre los militantes kirchneristas había un agresor, Sabag Montiel, que le puso un arma en la cabeza y gatilló. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Pero, mientras tanto, las dudas sobre si Cristina Kirchner estaba protegida y si la custodia cumplió con su deber volvieron al ruedo.

“En ese momento, personal de mi custodia me dijo ‘vamos vamos’ porque me quería alejar del tumulto y ahí terminé el círculo, firmé los últimos libros y subí”, declaró Cristina Kirchner en las horas posteriores del ataque frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. “Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”, afirmó.

La seguridad de los jefes de los funcionarios, ex presidentes y dignatarios extranjeros se rige bajo el “Protocolo de Actuación N° 7″, un estricto régimen que se mantiene bajo reserva. El fiscal Rívolo tiene en sus manos la investigación para saber si los custodios pueden ser acusados penalmente. Según pudo saber Infobae, no surgió en el expediente hasta el momento ningún elemento que permitiera establecer que los policías estaban o estuvieron en contacto con los atacantes. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debe ser doloso, es decir, intencional.

En donde sí hubo novedades fue en el sumario administrativo. Un detalle que llamó la atención: esa investigación de Asuntos Internos de la Policía Federal no se terminó durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino que llegó a una conclusión en abril pasado, cuando la fuerza estaba bajo el mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la presidencia de Javier Milei. Desde el entorno de CFK, apuntan a la hoy ministra bajo la sospecha de una supuesta vinculación intelectual con el atentado o su encubrimiento.

El jefe de la custodia de Cristina Kirchner era Diego Martín Carbone, comisario inspector de la Policía Federal y quien no estaba en el momento de los hechos. Según reveló Infobae en su momento, Carbone explicó en la causa que, según el protocolo, se clasifica al público como “hostil” y “no hostil” y, de esa manera, “se hacen las formaciones de seguridad”. “Algunas son estrictas y otras un poco menos. En el caso del domicilio de la Vicepresidenta, no se consideraba un público hostil porque estaban para saludarla y eran simpatizantes”, afirmó. “No teníamos una hipótesis de conflicto para ese momento: la seguridad fue la misma que se utilizó desde el primer día que empezamos con la custodia de ella. No teníamos amenaza”, afirmó Carbone.

Los investigados en el sumario administrativo fueron el Comisario -Escalafón Bomberos- Jorge Vicente Pellegrino; el jefe del Departamento Asistencia Técnica y Servicios subcomisario Guillermo Federico Gallo, el 2º Jefe de la División Seguridad y Custodia Secretaría de Transporte, principal -Escalafón Bomberos- Matías Gabriel Fernández; el subinspector Santiago Guiglielmoni y el Sargento Guillermo Sebastián Tizeira, todos del Centro Estratégico de Control Operacional y custodia de ex mandatarios.

Se les adjudicó “haber sido impreciso el dispositivo implementado” en los alrededores de CFK el 1° de septiembre de 2022 cuando Sabag Montiel logró atentar contra la entonces vicepresidenta” a raíz de las “inconsistencias en las medidas preventivas”.

Tal como lo relató en la causa judicial, Gallo detalló que CFK se agachó a recoger un libro que simpatizantes querían que les firmara y ahí advirtió una gresca entre los manifestantes. Subrayó que no oyó ninguna detonación y que CFK “continuó su recorrida” e ingresó al edificio. Así lo mostraron también los distintos videos del día del ataque. Recién cuando entraron al edificio se enteraron lo que había sucedido. El funcionario afirmó que se realizó una formación “diamante” combinada con “vallado” y que la prioridad estuvo en contener a los militantes para que no se abalanzaran sobre la vicepresidenta. Guglielmoni, por su parte, confirmó que “observó un tumulto de gente y percibió gritos” pero que nunca advirtió al atacante.

En la resolución a la que accedió este medio, los responsables del sumario administrativo concluyeron que de la evaluación de los dispositivos, las formaciones, los croquis, los videos y las declaraciones, se estableció que “el personal policial dio cumplimiento estricto al tipo de accionar específico de acuerdo a la situación, entorno y momento de la protección de la ex-mandataria, manteniendo de forma continua y permanente estrecho contacto con la misma”.

Sobre esa base, se concluyó que no había elementos contundentes para acreditar “una trasgresión al régimen imperante”: se afirmó que se cumplió con el protocolo, siguiendo las directivas de los altos mandos. Y por lo tanto el Superintendente de Desarrollo Profesional, el comisario Daniel Pérez, firmó el 25 de abril pasado el sobreseimiento provisorio de todos.

La decisión, como se indica, es provisoria. Allí se dispone “intimar” a los efectivos a comunicar “cualquier cambio que se produzca en su situación procesal”. La resolución fue comunicada a las autoridades judiciales. Habrá que seguir el avance del debate oral y si surgen más datos relevantes, como el pedido del borrado del video, que podrían cambiar el escenario, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.