El Consejo de la Magistratura aprobó concursos para cubrir 25 cargos vacantes de jueces

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy siete concursos públicos para cubrir 25 cargos vacantes de jueces nacionales y federales. Son para juzgados nacionales y criminales, para la Cámara Federal de Mendoza, para el juzgado federal de Viedma, para juzgados federales de la Seguridad Social, para el juzgado federal de Dolores y para el Tribunal Oral Federal de General Roca.

Con esas aprobaciones, ya son 55 cargos vacantes que el Consejo aprobó en lo que va del 2024 para que el concurso siga su trámite. Los concursos aprobados pasarán al Poder Ejecutivo de la Nación. Allí el gobierno elegirá a un postulante para cada cargo y lo remitirá al Senado para su aprobación.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei todavía no envió ningún pliego de magistrados. Solo propuso al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel José García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De los concursos aprobados hoy, 15 cargos son para juzgados de primera instancia en lo Criminal y Correccional. El resto de los concursos aprobados hoy son para el juzgado federal de primera Instancia de Viedma, para cuatro cargos en juzgados federales de la Seguridad Social, para el juzgado federal de primera instancia de Dolores y para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca.

Otro concurso clave fue para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Es porque ese tribunal tiene la mitad de sus cargos vacantes. Tiene dos salas con tres jueces cada una y faltan tres magistrados. Además, el próximo 5 de agosto el gobierno nacional anunció que en esa jurisdicción -que incluye Mendoza, San Juan y San Luis- se va a poner en marcha el sistema acusatorio en el que las investigaciones penales quedarán a cargo de los fiscales.

Por ese motivo, la semana pasada el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo, Horacio Rosatti, se reunió con los tres actuales jueces de la Cámara Federal de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, Juan Ignacio Pérez Curci, y Manuel Pizarro, por la implementación del sistema acusatorio.

El Consejo tiene en marcha otro concurso para Mendoza. Es para cubrir la vacante que dejó Walter Bento en el juzgado federal 1 de la provincia cuando el año pasado fue destituido por mal desempeño de sus funciones y luego detenido en la causa penal en la que está siendo juzgados por cobrar coimas para beneficiar a acusados en las causas a su cargo.

En un principio se anotaron 140 personas pero confirmaron 90 que son los que harán el examen escrito de ese concurso. Eso será el próximo 2 de agosto a las 10 horas en un lugar que deberá definir la Comisión de Selección del Consejo que preside la abogada Fernanda Vázquez. Con los resultados de los exámenes más el puntaje por antecedentes y la entrevista personal se hará el orden de mérito provisorio para continuar con el concurso.

Bento comenzó a ser juzgado en septiembre del año pasado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se lo acusó de cobrarle coimas a acusados en causas a su cargo a través de abogados para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El proceso está en la etapa de declaración de testigos y se espera que para fin de año o comienzos del próximo se inicien los alegatos.

Por esa causa, Bento fue suspendido en mayo del año pasado en el cargo y enviado a juicio político por mal desempeño. Y en noviembre pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó por seis votos a uno. Quienes votaron por la destitución fueron el juez Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau. En tanto, el juez Javier de la Fuente, en minoría, se inclinó por rechazar las acusaciones.