A mediados de mayo, un escándalo se desató en la Justicia de La Rioja luego de que se conociera una grave denuncia contra la jueza Norma Abate de Mazzucchelli. Fue acusada de solicitar una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión. Pasaron dos semanas del inicio de la polémica y, pese a las intenciones de la magistrada de retrasar las acciones en su contra, la causa judicial continúa y el Consejo de la Magistratura provincial puso en marcha el juicio político.
En los últimos días, la jueza, que fue suspendida en sus funciones, recusó a dos de las consejeras que integran el tribunal que llevará adelante su jury. Se trata de la magistrada Edith Agüero y la diputada radical de la provincia Gabriela Rodríguez. Sin embargo, no hicieron lugar a su pedido.
Contra la magistrada Agüero, Abate de Mazzucchelli indicó que le habría pedido supuestos favores personales sobre algunos expedientes judiciales, mientras que contra la diputada alegó que su perspectiva de los hechos estaría sesgada por sus consideraciones personales sobre el caso, a la vez que también acusó a la legisladora de haber sido quien le solicitó contactos en la Justicia Federal y provincial por causas de presuntos abusos sexuales que habrían sido cometidos por sus familiares. De igual forma, no especificó una fecha en la que haya existido esta conversación, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rioja Virtual.
Frente a esto, la Unión Cívica Radical riojana (UCR) —fuerza a la que pertenece Rodríguez— emitió un comunicado apoyando a su compañero y rechazando las acusaciones que recayeron en su contra.
“El Comité Central de la Provincia de la Unión Cívica Radical – Distrito La Rioja respalda de manera contundente el accionar de la diputada provincial y consejera de la Magistratura Dra. Gabriela «Kelina» Rodríguez, en ejercicio de sus funciones políticas”, comienza diciendo el escrito de la UCR. De esta manera, apuntaron contra Abate de Mazzucchelli por intentar “dilatar el proceso” y “cambiar el foco del asunto” al “desprestigiar con chicanas a la diputada”.
Así, desde la fuerza, aseguraron que “la Dra. Rodríguez mantiene una conducta intachable y transparente no solo en el ejercicio de su función, sino también en su desempeño profesional y en todos los ámbitos de sus actividades”. “No conoce ni tuvo jamás relación ni contacto, de ningún tipo, con la abogada Norma Abate, siendo la primera vez que la vio a través de las pantallas de la televisión nacional”, agrega el comunicado.
Una vez que estalló el escándalo en su contra, Abate de Mazzucchelli presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja. Sin embargo, la Legislatura rechazó su dimisión y, por el contrario, inició el juicio político para resolver su situación.
En paralelo, la Justicia comenzó a trabajar en una causa contra la jueza, por lo que el fiscal provincial Luis González Aguirre imputó formalmente a la magistrada por considerar que sus acciones encuadran en el artículo 266 del Código Penal.. “La conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones”, planteó el funcionario público en un diálogo con TN hace unas semanas.
La denuncia contra la jueza de La Rioja
Todo salió a la luz gracias al testimonio de la comerciante Manuela Saavedra, quien relató al programa Telenoche (El Trece) cómo fue que la jueza le habría pedido 8 millones de pesos en concepto de “reconocimiento” para agilizar un proceso de sucesión familiar. Además, sus declaraciones estuvieron acompañadas por material audiovisual que complica aún más a quien era vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina.
Según el relato de Saavedra, Abate de Mazzuchelli mantuvo con ella tres encuentros. En la primera reunión, fue la comerciante quien se acercó a la magistrada para conocer por qué el expediente estaba paralizado. Horas después, la jueza se habría hecho presente en el comercio de la mujer, alegando que los oficios podrían estar listos en breve.
Esto habría derivado en una tercera reunión en el que Abate de Mazzucchelli solicitó una suma de dinero para destrabar la causa, algo que incluiría dentro de los honorarios de la abogada que llevaba la sucesión, pero que cobraría ella.
En ese momento, la mujer comerciante grabó un video en el que se la escucha a la magistrada quejarse de los bajos salarios. La jueza fue directa y preguntó: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”.
“Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó Abate de Mazzucchelli. Así, Saavedra completó que la jueza le comentó: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”.
Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente.
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