La Corte ordenó avanzar con un juicio a empresarios ligados a Lázaro Báez por apropiación indebida de aportes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de dos empresarios vinculados a Lázaro Báez que habían solicitado la suspensión del juicio a prueba en el marco de una causa en la que se encuentran imputados por apropiación indebida de aportes, según indicaron voceros judiciales.

Se trata del expresidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza, mano derecha del empresario ligado a la familia Kirchner, y de Luciano Donaire, colaborador de Báez en sus negocios. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, a cargo del caso, había resuelto no hacer lugar al pedido de probation presentado por la defensa compartida.

Los empresarios recurrieron esa decisión hasta llegar a la Corte Suprema, y el Máximo Tribunal desestimó el planteo por incumplimiento de los recaudos establecidos en los artículos 5 y 7, inciso c, de la Acordada 4/2007 (no acompañar carátula y copia del escrito de contestación del traslado del recurso extraordinario). De esta manera, los acusados deberán afrontar el juicio oral. Además, la Corte desestimó un planteo de la AFIP contra el sobreseimiento parcial de Julio Enrique Mendoza, representante legal de Austral Construcciones al momento de los hechos investigados.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 había hecho lugar parcialmente a la excepción de falta de acción presentada por Mendoza y lo sobreseyó en orden a una serie de períodos fiscales. El juzgado consideró como espontáneos el pago de una serie de conceptos adeudados por la empresa, resultado de la aplicación del artículo 16 de la ley 24.769, que establece que: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.

La AFIP, que actúa en la causa como querellante, apeló esa decisión hasta llegar a la Corte y el Máximo Tribunal desestimó el planteo.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 en el marco de la andanada de causas contra las empresas de Báez, que en este caso incluyó a Diagonal Sur Comunicaciones. Esta parte del expediente está elevada a juicio “por el delito de apropiación indebida de aportes en el caso de Diagonal Sur Comunicaciones por los períodos fiscales de 12/2014, 6/2015, 8/2015 a 2/2016; respecto de Donaire –por sucesión de Adelmo Biancalani- en orden a los períodos fiscales 12/2010, 12/2011, 5/2012 a 7/2012 y finalmente, en relación a Mendoza, por Austral Construcciones, en orden a las posiciones mensuales 8/2010, 12/2010, 1/2011, 7/2011 a 12/2011, 3/2012 a 5/2012, 6/2012, 1/2013, 4/2013 a 12/2015″. La Sucesión de Adelmo Biancalani es otra de las empresas por las que está investigado Lázaro Báez.

“Aquí no solo se ha dañado a la hacienda pública y a los recursos de la seguridad social en particular, aquí hubo una afectación a los trabajadores que se vieron impedidos del ingreso de sus aportes previsionales que obstó en su momento del goce efectivo de la obra social, como así también del perjuicio que les podría ocasionar en un futuro respecto de su jubilación”, sostuvo la AFIP al oponerse a la probation que en anteriores oportunidades plantearon las defensas.

La firma Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, quedó en el ojo de la tormenta con las denuncias que impulsó la entonces diputada Elisa Carrió y que dieron origen a la llamada investigación por asociación ilícita de los Kirchner, en donde aparecía el empresario amigo de Néstor. En el gobierno de Mauricio Macri, Vialidad presentó denuncias sobre 51 obras no realizadas en Santa Cruz, eje del juicio oral que enfrentó la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y Lázaro Báez.

A fin del 2022, Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados a la pena de seis años de prisión. El tribunal oral federal 2 dio por probada la “estrecha relación de confianza” del empresario con los Kirchner, tanto con Néstor como con Cristina. “El inicio de la actividad empresarial de Lázaro Antonio Báez en la provincia de Santa Cruz, y específicamente en el rubro de la obra pública vial, desde siempre obedeció a una finalidad no revelada hasta ahora: procurar un beneficio ilegítimo para sí y para los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con quienes tenía un vínculo cercano”, dijeron los jueces en los fundamentos de la sentencia. Esa sentencia está siendo revisada ahora por la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, Julio Mendoza recibió seis años de prisión como partícipe de lavado de activos.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años. Para Mendoza, la condena se ubicó en cinco años.

Lázaro Báez enfrenta además el juicio por la llamada causa “El Entrevero”, por la compra de un campo con ese nombre en Uruguay y un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. Julio Mendoza también está sentado en el banquillo.