Greenpeace recurrió a la Corte Suprema para suspender los posibles desmontes en Chaco

Con el pedido de una medida cautelar, la Fundación Greenpeace Argentina recurrió a la Corte Suprema de Justicia para lograr la suspensión de una nueva ley dictada en la provincia de Chaco que autoriza, según la entidad, el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosques nativos, lo que pondría en riesgo “a comunidades campesinas, indígenas, y a grandes mamíferos como el yaguareté”.

Se trata del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), aprobado mediante la Ley 4005-R el 30 de abril y publicado en el Boletín Oficial el pasado 3 de mayo. La norma es una actualización de un OTBN del año 2009 y configura, en rigor, un mapa donde se clasifican tres sectores de bosques y montes nativos en función de su valor de conservación: rojo -alto nivel-; amarillo -nivel mediano-; verde -nivel bajo-. A mayor grado de protección, menores actividades económico-productivas permitidas.

En ese contexto, se presentó ante el Máximo Tribunal Natalia Machaín en su rol de “Directora Ejecutiva y apoderada de la Fundación Greenpeace Argentina, y en representación de la especie Yaguareté (Panthera onca) que habita la ecorregión del Gran Chaco argentino”, con el fin de denunciar un “nuevo acontecimiento de relevancia trascendental” en un expediente donde, en 2023, la Corte Suprema se declaró competente para tratar un amparo ambiental en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estado y el Estado Nacional por autorizar desmontes en contra de la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 y en perjuicio del hábitat del yaguareté.

De acuerdo a la denuncia recientemente interpuesta, la nueva ley reconfigura distintas zonas que anteriormente estaban contempladas bajo un mayor cuidado brindado por la Categoría I o roja. “Al comparar el nuevo mapa con el mapa del OTBN original -del 2009-, se puede estimar que el nuevo OTBN de Chaco permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas, una superficie descomunal agravada por el hecho de la ya alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas”, sostuvo la entidad ecologista.

Y agregó: “Dable es destacar que, según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques -2007- hasta fines de 2022 en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. Por otra parte, el monitoreo satelital que realiza Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas durante 2023 y 16.834 entre enero y marzo de 2024″.

Según la demandante, el proceso que llevó a la actualización del mapa de los bosques nativos “no brindó debida información a la población en general ni a los pueblos originarios”, y tampoco contempló las correspondientes audiencias públicas con “consultas previas, libres e informadas”. “De esta manera -sostuvo Greenpeace Argentina-, el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos recientemente sancionado, lejos de mejorar la situación, la empeorará, ya que permitirá el desmonte legal de nuevas zonas, poniendo en riesgo a comunidades campesinas, indígenas, y a grandes mamíferos como el yaguareté”.

Luego afirmó: “El OTBN recientemente actualizado resulta regresivo e inconstitucional por violar la Ley de Bosques, contrariando el art. 41 de la C.N. -Constitución Nacional- y su único objetivo es el avance del agronegocio, el retroceso de los montes y consecuente incremento de la pobreza estructural que existe en la provincia”.

Y precisó: “El proyecto aprobado afecta la calidad de vida de cientos de personas que habitan en ellos, pero también, de quienes hacemos uso de los beneficios ambientales que los bosques y montes generan. Contraviene compromisos internacionales asumidos en materia de protección de la biodiversidad y de adaptación, minimización y mitigación del cambio climático”.

Bajo esos parámetros, al considerar que el diseño elaborado “es regresivo”, la fundación le requirió a la Corte Suprema que adopte, de manera “urgente”, la suspensión de la ley provincial 4005-R y “el inmediato cese provisional del desmonte, hasta tanto se cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, particularmente respecto al procedimiento previsto para la actualización del OTBN con la debida participación ciudadana y el resguardo constitucional de los principios de progresividad y no regresión ambiental consagrados por las leyes 25.675 y 27566 (...)”.

Por último, la denuncia también solicitó que se suspenda “toda actividad en el territorio de las cuatro provincias demandadas en dichas jurisdicciones, de cualquier tipo de actividad de desmonte de bosque nativo, concepto definido por el artículo 4 de la Ley 26.331 como ‘toda actuación antropogénica que haga perder al bosque nativo su carácter de tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la ganadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas’”.

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