En un rincón del Impenetrable Chaqueño, un grupo de turistas camina entre quebrachales centenarios buscando avistar algún oso hormiguero o un águila coronada, alguna piara de pecaríes o hasta incluso alguno de los últimos yaguaretés del Chaco. Emprendimientos de ecoturismo, con más de 20 años de trayectoria, en los que la conservación del ambiente es el motor de la actividad económica, ofrecen la posibilidad de encontrarse cara a cara con la naturaleza chaqueña. Sin embargo, esta posibilidad está en peligro de extinguirse, como la fauna, por un decreto del gobernador Capitanich.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, establece que las provincias deben realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y actualizarlo cada 5 años. La provincia de Chaco hizo su primer OTBN en 2009 y recién la semana pasada Capitanich envío a la legislatura un decreto ad referéndum con el OTBN actualizado. De ser aprobado, este nuevo OTBN habilitaría, en los alrededores de emprendimientos ecoturísticos, el desmonte de 200.000 hectáreas de bosque nativo, que en el primer OTBN estaban protegidas.
¿Por qué Capitanich quiere quitar la protección que tenían por ley los bosques del Impenetrable, y dar luz verde a los desmontes sobre un área tan grande como el AMBA? Por la presión de quiénes vienen destruyendo los bosques nativos chaqueños desde hace décadas. ¿Quiénes son? Un grupo de empresas agropecuarias que desmontan para expandir cultivos y pasturas, otras tantas empresas “forestales” que talan para obtener madera, carbón o tanino, y especuladores inmobiliarios, todos ellos aliados entre sí y con funcionarios del poder ejecutivo y legislativo provincial.
Algunas grandes empresas carboneras presionan al Ministerio de Producción provincial para que habilite más tala y desmonte a través de una mesa “forestal” integrada, entre otros, por Ana Hupaluk, Miguel Ángel López, Eduardo Vandehoeven, Noe Kohn, Enzo Nardelli, Fanny Kalbermatter, Gerardo Curti y Víctor Fabián Hernández. Por su parte, la mega-empresa taninera Indunor S.A, del grupo italiano Silvateam, tiene acceso directo al gobernador para garantizar que la extracción de quebracho se siga haciendo como a principios del siglo pasado, cuando la británica La Forestal diezmó los quebrachales.
Las empresas agropecuarias que reclaman el derecho a desmontar en esta zona o pooles de siembra ya manejan grandes superficies de tierra más al sur, en la zona de Pampa del Infierno y Los Frentones. Desde allí, se expandieron hacia el norte acaparando tierras baratas o recibiendo tierras fiscales del Instituto de Colonización provincial a través de testaferros o sociedades fantasmas. El tamaño de estas empresas les permite aventurarse a desmontar, incluso ilegalmente, en las puertas del Impenetrable, donde los suelos son más frágiles, las lluvias más variables y, por lo tanto, la producción más riesgosa e insostenible en el largo plazo.
Afortunadamente, quienes manejan las tierras del Chaco no son todos iguales. A diferencia de estas grandes empresas agropecuarias, algunos propietarios entendieron que pueden hacer agricultura y ganadería donde el suelo, el clima y la ley lo permiten, y que el ecoturismo es una actividad económica con mucho potencial, en la que el bosque está protegido y la fauna aún persiste. Lamentablemente, estos emprendimientos siguen esperando apoyo del gobierno provincial a la actividad ecoturística y el uso sostenible de los bosques nativos. Mientras tanto, corren serio riesgo de convertirse en islas en un mar de desmontes y cortoplacismo, si el gobierno de Chaco insiste en premiar a quiénes violan la ley y castigar a quienes la cumplen.
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