The Reckoning Project, una iniciativa de periodistas y abogados de Ucrania y otros países que documenta crímenes de guerra, presentó en la justicia federal una denuncia para que se investiguen las torturas que sufrió un ciudadano ucraniano en manos de tropas rusas durante la invasión a su país.
A través de un comunicado, la ONG informó que hizo la denuncia en la justicia federal para que se investiguen las torturas que sufrió M -su identidad se mantiene en reserva- por parte de quienes lo cometieron como por quienes lo ordenaron. Se enmarca en la invasión que Rusia hizo en Ucrania el 24 de febrero de 2022 ordenada por el presidente Vladimir Putin.
Según la denuncia, M. sufrió “tortura por electrocución durante su arresto por parte de individuos rusos en un pueblo que está hoy ocupado por fuerzas de aquel país. La evidencia coincide con los descubrimientos de organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que documentaron instancias similares de tortura en otros casos en el mismo centro”.
“Soy uno de muchos. Tantas otras personas que conozco fueron sometidas a cosas aún peores. Quiero contarle al mundo sobre nuestro dolor. Estas prácticas siguen pasando en territorios ucranianos ocupados por Rusia”, sostuvo la víctima en el comunicado de The Reckoning Project.
Nataliya Gumenyuk, periodista ucraniana y co-fundadora de The Reckoning Project, destacó que no es el único caso de ciudadanos ucranianos que sufrieron torturas. “En los últimos dos años nuestro equipo — que es relativamente chico — registró más de cien testimonios de personas sometidas a tortura, algunas docenas electrocutadas de formas muy similares. Dado que las Naciones Unidas notaron que Ucrania tiene un gran acervo de casos pero recursos limitados, no podemos esperar que sea un solo sistema judicial el que trate tantos delitos. Para nosotros, los ucranianos, la experiencia argentina es tanto una llamada al apoyo internacional para defender el estado de derecho como una esperanza de que la justicia sea posible”, opinó Gumenyuk.
Se trata de la primera denuncia que se presenta en Argentina por delitos cometidos durante la invasión de Rusia a Ucrania. La denuncia se basa en lo que se conoce como justicia universal y a la que el país adhiere. Se trata de un mecanismo que permite investigar en un tercer país los delitos de lesa humanidad que comete un estado que no son investigados en su territorio y que son considerados imprescriptibles.
Recientemente la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que se investiguen en el país los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “Los hechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos”, sostuvo la Cámara Federal para habilitar la investigación.
El tribunal agregó que “la inmediata necesidad de asumir una resolución teniendo en cuenta la particularidad de los hechos, cuyos resultados -por su contemporaneidad y las modalidades de su ejecución- no admiten dilación ni demora alguna en las medidas de tutela que se deben de inmediato adoptar a fin de evitar mayores perjuicios a los posibles derechos inculcados”.
A eso suma que desde hace años la justicia argentina investiga los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco en España. Ese expediente está a cargo de la jueza federal María Servini que le tomó testimonio a víctimas del régimen, libró exhortos internacionales y viajó a España para exhumar tumbas donde había enterradas personas sin identificar. Inclusive la magistrada procesó en octubre de 2021 al exministro español Rodolfo Martín Villa por su responsabilidad en los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz, quienes fueron asesinados en una represión ilegal cometido entre 1976 y 1978, cuando España transitaba los primeros años de un período denominado como “La Transición” a la democracia.
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