Juicio por YPF: Burford aseguró que Argentina tiene muy pocas chances de revertir el fallo en contra por USD 18.000 millones

La disputa judicial por la expropiación de YPF se intensifica en los tribunales federales de Nueva York, donde Burford Capital, el fondo que es el principal beneficiario del fallo en primera instancia contra el país, acusa a la Argentina de una “resistencia masiva” destinada a evadir el cumplimiento de una sentencia por miles de millones de dólares.

De acuerdo con una reciente presentación del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York –donde está radicada la apelación del fallo de Loretta Preska–, el fondo considera que el Estado argentino recurre a tácticas de retraso persistentes para evitar el pago de USD 16.100 millones derivados de la nacionalización de la petrolera (unos USD 18.000 con los intereses que corren desde 2023).

“Los beneficiarios del fallo YPF afirman que Argentina tiene bajas probabilidades de éxito en la apelación primaria, citando el alto estándar legal y la solidez del fallo de primera instancia. Rechazan las defensas centrales del país (Fórum Non Conveniens e International Comity), destacan que el incumplimiento fue comercial y no derecho soberano. La presentación la realizaron esta madrugada en conexión al pedido de Argentina de suspender el Discovery”, dijo en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Hace 10 días, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el proceso de “Discovery” exigido por los demandantes a quienes acusa de convertir el proceso “en un circo”. Fue la primera medida de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro –su designación había sido confirmada un día antes–, en el mayor juicio que tiene este organismo, el cuerpo de abogados del Estado.

Ahora Burford rechazó ese pedido argumentando, entre otros puntos:

• Que es muy poco probable que el país prevalezca en apelación. “Argentina no ha presentado en absoluto pruebas contundentes que justifiquen que tenga probabilidades de éxito en la apelación”.
• Que Argentina no puede demostrar que las consecuencias de su propio incumplimiento constituyan daño irreparable.
• Que enfrenta “graves perjuicios con cualquier suspensión”.

Además, como viene haciendo, Burford –el fondo comandado por Christopher Bogart y Jonathan Molot– sostiene ante la Justicia estadounidense que la Argentina ha implementado una estrategia sistemática de rechazo a los fallos en su contra. El fondo señala que el Estado ha prolongado el proceso por más de dos años, obstaculizando la ejecución y evitando entregar los datos solicitados sobre sus activos. Según documentos judiciales, también se denuncia el uso de comunicaciones no oficiales por parte de funcionarios argentinos para tratar cuestiones clave y así limitar el acceso a pruebas relevantes por parte de los acreedores y de los jueces.

“La Cámara puede incluir esta cuestión en la agenda de la audiencia ya convocada para el 16 de abril, en la que considerará la apelación argentina contra la orden de Preska de entregar correos y mensajes de cuentas personales de ciertos funcionarios y ex funcionarios (como el ministro Caputo y el canciller Quirno), o resolverla antes sobre la base de los escritos de las parte”, detalló en X el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.

Apoyo de EEUU

Como destacó Infobae días atrás, el Departamento de Justicia de EEUU intervendrá directamente en la audiencia judicial del próximo 16 de abril ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender la postura de Argentina.

Si bien no es el primer apoyo, se trata de la primera vez que el gobierno estadounidense solicita un espacio para exponer oralmente en favor de la Argentina durante este litigio internacional.

El 16 de abril se discutirán en la Corte de Nueva York no solo las apelaciones contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la transferencia del 51% de YPF, sino también la solicitud de entrega de mensajes privados —chats de WhatsApp o correos electrónicos— de funcionarios y exfuncionarios argentinos, así como demandas de organizaciones como la ONG Republic Action for Argentina (RAFA).

La participación de Estados Unidos constituye la segunda señal firme de apoyo en menos de dos meses. A fines de febrero, la administración estadounidense ya había presentado un extenso escrito de 29 páginas ante la magistrada Preska para marcar su rechazo a los intentos de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato e imponer sanciones económicas. El documento de Washington advirtió que sancionar a un Estado soberano en tribunales de otro país puede generar represalias contra el propio gobierno estadounidense en cortes extranjeras, afectando el principio de reciprocidad internacional.