Avanza la investigación contra el juez Maraniello: suman testimonios por acoso y maltrato laboral

El Consejo de la Magistratura avanzó esta semana con la recepción de nuevos testimonios en el expediente que investiga al juez federal Alejandro Patricio Maraniello por presunto mal desempeño, en una causa donde se lo acusa de maltrato laboral y acoso sexual a empleadas de su juzgado. La investigación, radicada en la Comisión de Acusación -órgano que puede impulsar su destitución-, sumó declaraciones que refuerzan las denuncias y profundizan el análisis sobre la conducta del magistrado, incluyendo su presunto manejo con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC).

Las audiencias se desarrollaron con la participación de testigos que prestaron declaración ante los consejeros, mientras que el juez siguió la jornada de manera remota. En esta etapa del proceso administrativo, el instructor y los miembros de la comisión continúan produciendo prueba testimonial antes de definir si corresponde formular una acusación formal que habilite la intervención del Jurado de Enjuiciamiento.

Entre los últimos testimonios, varios coincidieron en describir un esquema de funcionamiento interno en el juzgado que incluía exigencias sobre la vestimenta de las empleadas y la asignación de tareas vinculadas a la AAJC, entidad creada por el propio magistrado. En ese contexto, se reiteraron referencias a que a las trabajadoras se las denominaba “las azafatas de Maraniello”.

Uno de los testigos, escribiente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6, relató que conocía a una de las denunciantes -identificada como “A”-, quien había acudido a la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara del fuero para denunciar abuso sexual. Según su testimonio, la joven realizaba tareas administrativas para la AAJC y recibía mensajes fuera del horario laboral. También afirmó que ella le manifestó que, si lo denunciaba, el magistrado “se iba a encargar de que no pudiera trabajar en otro lado porque su contrato se le renovaba mensualmente”.

El testigo indicó además que la denunciante subía con frecuencia al despacho del juez y que “muchas veces no era por motivos laborales”, y agregó que la joven se encontraba “angustiada”. También señaló que su madre -otra denunciante- temía posibles “agresiones físicas” en ese contexto.

Otra de las testigos, jefa de despacho en el mismo fuero, confirmó que la joven debía realizar tareas para la AAJC luego de su jornada laboral. “Me consta porque ella me lo contó. Me dijo que, luego de su horario laboral, tenía que estar atenta para realizar esas tareas”, declaró. También relató episodios vinculados a indicaciones sobre la vestimenta: “Le habían indicado qué tipo de calzado usar y cómo debía llevar la pollera. Según lo que me dijo, eso se lo exigió el Dr. Maraniello”.

La testigo añadió que, tras conocerse la denuncia, revisó conversaciones con la denunciante y encontró un mensaje en el que calificaba al juez como “viejo verde”. No obstante, al ser consultada por la defensa, precisó que en su caso el magistrado “siempre fue correcto” y que no le exigió tareas fuera del juzgado ni pautas de vestimenta.

Las declaraciones se suman a otras ya incorporadas en el expediente, en las que se había señalado el presunto desvío de recursos públicos y personal del juzgado hacia la AAJC. En una audiencia previa, una secretaria privada lo describió como “un violento, un maltratador” e indicó que “se sacaba y no tenía límites”, al tiempo que aseveró que se utilizaban recursos del Estado para solventar gastos de esa entidad.

El expediente contra Maraniello se inició en 2024 a partir de presentaciones de empleados judiciales, canalizadas a través del sindicato y de la oficina de Bienestar Laboral. Las denuncias incluían acusaciones de abuso sexual, violencia de género y maltrato laboral. A fines del año pasado, el Consejo resolvió trasladar el caso desde la Comisión de Disciplina a la Comisión de Acusación, instancia que prevé sanciones más graves y puede derivar en la apertura de un juicio político.

En paralelo, el magistrado había adquirido notoriedad pública por una medida cautelar dictada en septiembre pasado en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/ medidas cautelares”, en la que ordenó el cese de la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia en medio del escándalo por los supuestos sobornos en el caso ANDIS. Ese fallo también fue cuestionado en una de las denuncias por presunto mal desempeño.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de producción de prueba. La Comisión de Acusación -presidida por el consejero Alberto Maques y con instrucción a cargo del senador Luis Juez- continuará recibiendo testimonios en los próximos días. Una vez concluida esta fase, deberá resolver si existen elementos suficientes para impulsar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de definir la eventual remoción del magistrado.