Consejo de la Magistratura: una funcionaria señalada por el robo de declaraciones juradas acusó a su ex jefe de abuso y acoso

La Justicia comenzó a investigar la denuncia que hizo una funcionaria del Consejo de la Magistratura contra el ex responsable de Recursos Humanos del organismo, desplazado recientemente de ese área. La presunta víctima es María Victoria Pérez Bayonzo, señalada por una auditoría interna como la principal responsable administrativa del robo de declaraciones juradas de jueces, entre ellos varios que después terminaron “hackeados” y espiados. La mujer acusó penalmente y ante el Consejo a su ex jefe de abuso, acoso y amenazas. Pero además, en un descargo ante el sumario que se le sigue, también lo responsabilizó por las irregularidades en las declaraciones juradas. El apuntado es Federico Vincent, quien hasta los últimos días estaba al frente de la dirección general de Recursos Humanos del organismo.

A inicios de marzo, en una decisión que se postergó casi tres meses, e Gobierno designó formalmente al viceministro de Justicia Sebastián Amerio como el representante del Ejecutivo en el organismo. En simultáneo, en un plenario, el Consejo designó por unanimidad a Alexis Vadary como administrador general del organismo, en reemplazo de Claudio Cholakian. Ahí renunció como secretario de la comisión de Administración y Financiera Claudio Martucci y fueron desplazados otra decena de funcionarios del área. En ese escenario, aparece la denuncia y el descargo de Pérez Bayonzo, la funcionaria que fue señalada por las irregularidades del robo a las declaraciones juradas.

Aunque habría sido formulada hace diez días ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, la denuncia fue notificada a las autoridades del Consejo el miércoles previo al fin de semana largo. Según indicaron a Infobae, se dispuso el protocolo con denuncias por abuso, más allá de que el apuntado ya no estaba al frente del área. Trascendió que al ser informado de la situación negó esas acusaciones.

El robo de las declaraciones juradas

En el Consejo de la Magistratura se guardan bajo sobres lacrados las declaraciones juradas de bienes de más 11 mil jueces federales y nacionales de todo el país. El 21 de junio de 2022, tras un fin de semana largo de junio, se descubrió que 33 sobres habían sido abiertos o manipulados: 24 tenían información reservada, 9 información pública. De inmediato el Consejo de la Magistratura resolvió intervenir el área que se ocupa de la guarda de las declaraciones juradas, mudar los documentos a otro edificio y realizar una auditoría.

Entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, o los del tribunal oral que juzgaba en ese momento a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Muchos de esos jueces sufrieron después problemas con sus teléfonos: buscaron entrar a sus comunicaciones. Con una misma mecánica, un mismo lugar (Misiones) y en un mismo período.

Ese espionaje está siendo investigado en una causa que lleva el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli, en donde fueron procesados y detenidos un hacker, Ezequiel Núñez Pinheiro; y un agente inorgánico de la AFI, Ariel Zanchetta. También se imputó al entonces funcionario de la Cámpora en la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez por sus diálogos con Zanchetta. Por una causa conexa, también quedó apuntado el diputado del Frente de Todos y miembro del Consejo de la Magistratura Rodolfo Tailhade.

Pero el robo de las declaraciones juradas quedó bajo la lupa del juez Daniel Rafecas, en una investigación delegada al fiscal Ramiro González. Allí recibieron los resultados de la auditoría: hubo más de 300 sobres abiertos sin justificación y 55 de esos documentos contenían información reservada. Pero además la investigación detectó algo más grave: faltan otros 82 sobres con declaraciones juradas, revelaron en mayo pasado a Infobae fuentes judiciales.

La auditoría. Los resultados de la auditoría le atribuyeron un obrar “negligente o imprudente” a Pérez Bayonzo “como garante y custodio de las DDJJ que se encontraban archivadas en dependencias de la Oficina” del área. Según se asegura, no se extremaron las medidas de seguridad necesarias para su resguardo, lo cual facilitó el robo de esa documentación “en algún momento entre febrero de 2021 y febrero de 2022″. Entre esos indicios, se hizo hincapié en la mudanza, luego de 14 años, de la oficina donde estaban las DDJJ del quinto al octavo piso del edificio de la calle Sarmiento Nro. 877; el no haber adoptado los recaudos de seguridad y custodia en los accesos en aquéllas nuevas dependencias; y no contar con cámaras de monitoreo.

El descargo La funcionaria negó haber sido la responsable del robo de las DDJJ y rechazó haber actuado de manera “negligente o imprudente” por parte de mi persona. Subrayó que desde que llegó quiso mejorar el funcionamiento del área. Y afirmó que ella no fue quien decidió la mudanza de las dependencias de la Oficina de DDJJ al octavo piso del edificio, eje -segun de la investigación- de las irregularidades: aseguró que fue Vincent el responsable de esa mudanza. Era, dijo, quien “ejercía la verdadera jefatura de esa dependencia”.

“El único responsable y competente por jerarquía funcional del área para la cual prestaba servicios y, consecuentemente, el garante en el desarrollo de políticas tendentes a minimizar los riesgos aquí atribuidos a mi persona, conforme su rol de Director General de Recursos Humanos, es el Dr. Federico Arturo VINCENT, no yo”, dijo la funcionaria apuntada, de acuerdo a la documentación a la que accedió Infobae.

La denuncia. Pero además en el descargo y en una denuncia penal paralela, Pérez Bayonzo acusó a su ex jefe de abuso, acoso y amenazas. Según relató, ingresó al Consejo de la Magistratura en 2016 de la mano del entonces consejero Miguel Piedecases, que hoy también ocupa una banca en ese cuerpo. Dos años después pasó a desempeñarse en la Dirección General de Recursos Humanos. Según la funcionaria, el trato con Vicent era “cordial” pero de a poco su jefe fue “mutando” y de los “elogios” por “cada éxito laboral” se pasó a mirarle los gluteos o palabras como “linda”, “hermosa” “princesa”. Aunque se sentía incómoda, tenía “miedo” de perder el trabajo. A nadie dijo le comentó lo que ocurría, dijo. Su jefe le ofreció hacerse cargo de la oficina de DDJJ.

Según ella, todo fue peor a partir de entonces. Hasta que un día de 2019 le escribió por whatsapp haciéndole saber su interés por ella. Afirmó que este tipo de situaciones continuaron por dos años. Durante el covid, “el acoso se intensificó”. Y cuando le detectaron un problema de salud, su jefe se ofreció a donarle esperma por si quería congelar óvulos para cuando eligiera ser madre.

“Me citaba por cuestiones laborales para tenerme cerca y entre conversaciones sobre temas laborales, mezclaba temas personales”, dijo. Afirmó que había momentos en que “la abrazaba y la soltaba”. Y que en una oportunidad de esos abrazos le tocó la cola y ella le respondió con insultos y una cachetada.

A partir de entonces, afirmó, comenzó el acoso laboral. Y detalló que se le bloquearon acceso y se le cambió la cerradura del archivo de DDJJ, a donde -cuando pudo acceder- se encontró con “cajas con documentación tiradas, mojadas, con sobres de DDJJ podridas”.

En su denuncia asegura que en días previos al episodio ocurrido el fin de semana largo de junio de 2022, donde se investiga la intrusión por parte de personas desconocidas en la oficina de DDJJ, su jefe la amenazó y le dijo que se empezara a “callar la boca” y que “tenga mucho cuidado en denunciarlo porque esto se iba a poner peor”. Hizo estas recomendaciones, dijo, en nombre de un ex agente de inteligencia. La mujer afirmó que después de eso sufrió una extraña intrusión en su casa. “Me habían dejado un pájaro negro de plástico (lo que parecía ser un cuervo) en la medianera que daba justo a la altura de mi balcón. Ese mismo día pensé que me irían a matar”, agregó.

En su descargo,criticó las conclusiones de la auditoría tras calificar ese informe de “farragoso, arbitrario y antojadizo” y planteó una serie de interrogantes sobre lo que pasó con las DDJJ. Así, insistió en su inocencia. Dijo que es una “víctima una vez más, pero esta vez del sistema”.