El fiscal Fernando Domínguez pidió la indagatoria de 10 empresarios y ex funcionarios de ARSAT

El juez federal Lino Mirabelli levantó el secreto de sumario en la causa que investiga los presuntos incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles en concurso ideal con fraude a la administración pública y coimas, detectados en al menos tres hechos que involucran a ex funcionarios de ARSAT, todos oriundos de la provincia de Mendoza.

Mientras los peritos analizan el material secuestrado en diversos allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fiscal Fernando Domínguez espera una respuesta al requerimiento de indagatoria para los 10 imputados.

Se trata de los ex funcionarios de la empresa estatal ARSAT (Argentina de Soluciones Satelitales) Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez.

El principal imputado, Facundo Leal, se desempeñó como presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con el cambio de gobierno, fue designado como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Gerardo Boschin fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024 y, tras la asunción de Javier Milei, pasó a ser director de Trenes Argentinos Operaciones hasta enero de este año.

Juan Navarro y Pablo Pagani cumplieron funciones como directivos de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La lista se completa con los directivos de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes y Gastón Walter Padilla; Sofia Varela Vizgarra y su socio de hecho Santiago Pando.

Los hechos

De acuerdo a lo que describe el expediente, la sospecha es que la denominada “banda de los mendocinos”, integrada por Boschin, Pagani, Leal, Navarro y Alvarez, junto con otros miembros de ARSAT aún no legitimados, “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”.

En el primero de los hechos, el foco está puesto en los servicios ofrecidos por ALS en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando, por los que Gerardo Boschin extendió al menos 14 órdenes de compra “por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000”.

La sospecha es que en esta maniobra “habrían tomado intervención los miembros de ALS Diego Padilla, Fernando Paredes, Sofia Varela Vizgarra, Gastón Padilla y el socio de hecho Santiago Pando, quienes además de beneficiarse de la contratación, participaron en todo momento mediante reuniones informales, conversaciones e intercambio de información”.

Por otra parte, los expertos detectaron que los ex funcionarios imputados “investidos de la facultad de administrar, regir y gobernar el patrimonio de ARSAT, quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos”.

En este segundo hecho, la fiscalía cree que el contrato que benefició a ALS está “carente de necesidad real, sustentado en invitaciones ficticias, incorporación de ítems inexistentes y prestaciones incumplidas”.

Sostiene que la empresa “no reunía las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y sustracción”.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service S.A. (ALS)”.

Se refieren a la supuesta entrega de “moneda extranjera, pasajes aéreos, colocaciones laborales y otros valores materiales en concepto de contraprestación por el direccionamiento fraudulento de las contrataciones del servicio de la compañía”.

Lo que le llama la atención a los investigadores es que las acciones analizadas corresponden al período comprendido entre diciembre del 2020 y diciembre del 2024, que coincide con el gobierno de Alberto Fernández, aunque “la mayoría de los involucrados continuaron en sus puestos o fueron trasladados a otros cargos dentro de la estructura de la gestión de Javier Milei”.

La sorpresa

La causa se inició con una denuncia por robo de mercadería de un depósito de ARSAT que realizaron las autoridades del organismo. En la medida que avanzaron con los procedimientos de prueba, se detectaron nuevos elementos que derivaron en presuntos delitos de corrupción, drogas y espionaje.

A pedido del fiscal Dominguez, el juez ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

La sorpresa la encontraron en el departamento de Palermo de Facundo Leal, donde la Policía Federal descubrió cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína en su domicilio de CABA. Mientras tanto, en su casa de Mendoza hallaron US$1.700.000.

Por este caso, Leal permanece detenido, acusado por tenencia de drogas, a disposición del juez Mirabelli, con la intervención del fiscal federal Federico Iuspa.

A todo esto, en uno de los operativos localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en objetos cotidianos (anteojos, lapiceras, mouses), inhibidores de señales (GPS, WiFi y celular), localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

<b>Las Valijas</b>

Al mismo tiempo que se allanaba el departamento de Facundo Leal en Buenos Aires, en Mendoza dos mujeres salían del edificio Torres Thays arrastrando dos valijas pesadas.

De acuerdo a los encargados del seguimiento se trataría de la pareja de Leal y de su hija menor.

A los vecinos les dijeron que se iban de viaje, pero no fue así. Ambas se dirigieron a una casa del ex funcionario en un barrio privado de las afueras de la capital provincial.

El juez Mirabelli ordenó un nuevo procedimiento donde secuestraron el teléfono móvil de la joven y una de las valijas, repleta de ropa.

El resto de los operativos se realizaron en el estudio jurídico que Leal comparte con su mujer, Eliana Gudiño, y otros domicilios ubicados en Mendoza, al parecer, sin resultados relevantes.